La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, lanzó este lunes un mensaje de alto voltaje tras la reunión de la Ejecutiva Federal: acusó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de aplicar una ‘doble vara de medir’ y denunció que existe una maniobra orquestada para tumbar al Gobierno. En su rueda de prensa, visiblemente crispada, Mínguez afirmó que «hay quien intenta derribarnos por tierra, mar y aire» y vinculó las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista —desde el caso Begoña Gómez hasta las recientes imputaciones de José Luis Rodríguez Zapatero— con los intereses de una oposición que aún, dijo, «no ha superado» haber perdido las elecciones de 2023.
Un giro estratégico: de la colaboración a la denuncia del lawfare
Hasta hace semanas, la consigna de Ferraz era colaborar con la justicia y preservar la serenidad institucional. Pero el cúmulo de causas, sumado a los autos del juez Pedraz sobre la exmilitante Leire Díez y al registro de la UCO en la sede federal el pasado mes, ha empujado a la dirección a un cambio de rumbo. Ahora, el argumentario oficial combina la cooperación con una denuncia explícita de parcialidad: el partido se abona de lleno a la tesis de una campaña de acoso judicial —el llamado lawfare— mientras apura los tiempos procesales.
Mínguez puso sobre la mesa varios ejemplos que, a juicio de la dirección, ilustran ese doble rasero. «Begoña Gómez tiene ya dos informes de la UCO y llevamos un año esperando el del novio de la señora Ayuso», enumeró. «Al señor Zapatero le dan quince días para declarar y al señor Montoro lo tenemos imputado desde hace un año y todavía no ha declarado». La portavoz añadió una comparativa que carcome al partido: el juicio al hermano de Pedro Sánchez frente a la inacción en un caso similar que afecta a la hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla. «¿Todo esto es casualidad o causalidad?», planteó Mínguez, dejando sobre la mesa una interrogación retórica que Ferraz quiere que cale en su electorado.
La línea discursiva fue empaquetada dentro de una crítica más amplia al PP. «Aquí la UCO no encontró que se estaban destruyendo discos duros», espetó la portavoz, en referencia al caso Kitchen. «Aquí no van a encontrar falsos curas ni familias amordazadas, no vamos a secuestrar familias de nadie, ni habrá chóferes infiltrados». Una alusión directa a los escándalos de la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy con la que el PSOE quiere blindar su relato: no aceptarán «ni media lección» en materia de lucha contra la corrupción.
El caso Leire y las decisiones que Ferraz aplaza
La otra pata de la comparecencia fue el caso Leire Díez, la exmilitante que, según el auto, accedió en 22 ocasiones a la sede de Ferraz para reunirse con el secretario de Organización, Santos Cerdán, y que percibió ingresos del partido mediante facturas. Preguntada por estos extremos, Mínguez se escudó en el secreto de sumario y pidió respeto a los tiempos de la justicia. «La justicia necesita sus tiempos, el PP lo que necesita son titulares», zanjó.
Esa prudencia cautelar esconde un cálculo estratégico. En Ferraz admiten en privado que antes de tomar cualquier medida interna —como pudo ser la expulsión de algún cargo— necesitan conocer el contenido íntegro del sumario. No quieren regalar munición al adversario con decisiones precipitadas. De momento, la consigna es aguantar el chaparrón y proyectar una imagen de partido que colabora y confía en que la instrucción se dilate lo suficiente como para que los daños políticos se atenúen.
El PSOE cambia el paso: la colaboración con la justicia se mezcla con una denuncia abierta de parcialidad que busca movilizar a su electorado.
La dirección también ha querido enviar un mensaje hacia dentro. Pedro Sánchez pidió a los asistentes a la Ejecutiva Federal «serenidad, tranquilidad y colaboración», pero a la vez los exhortó a salir a la calle a difundir la idea de que existe una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos que intenta tumbar al Ejecutivo. La portavoz lo tradujo en una arenga: «No nos van a doblegar. España está mejor que nunca. Tenemos una oposición marrullera y un Gobierno que está respondiendo a los problemas de la gente. Un discurso que busca contrarrestar lo que el partido considera una «batalla psicológica» para desmovilizar a su base.
El Eje del Poder Socialista
Lo que se ha puesto en marcha este lunes no es un simple desahogo. Es un alineamiento deliberado de todo el aparato del partido con un guion defensivo que Ferraz llevaba semanas ensayando con algunos ministros y barones. La tesis de la conspiración no nace en el vacío: se apoya en precedentes como la Operación Kitchen y en la sensación de que los casos que envuelven a la familia política del presidente avanzan a una velocidad distinta a la de los que afectan a la oposición. Pero el salto cualitativo es evidente. Por primera vez, la dirección acusa en público a un órgano de la Guardia Civil de actuar con parcialidad, con la consiguiente erosión de la confianza institucional.
La reacción de las federaciones territoriales ha sido, por ahora, disciplinada. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page —siempre una voz crítica cuando las cosas se tuercen— no ha emitido comentarios, mientras que los líderes de Asturias y Navarra han cerrado filas. En Cataluña, el PSC prefiere mantener un perfil bajo y centrar el foco en la gestión de la Generalitat. Sin embargo, este nuevo discurso de Ferraz genera un reto para los gobiernos autonómicos socialistas, que deberán gestionar en sus territorios el posible deterioro de la imagen de las instituciones, empezando por la Guardia Civil, un cuerpo especialmente sensible en comunidades como Cataluña o el País Vasco donde el PSOE necesita hilar fino con sus socios.
La maniobra encierra a la vez un riesgo y una oportunidad. Riesgo, porque si la instrucción judicial termina acreditando irregularidades, el haber agitado la bandera del lawfare restará credibilidad al partido y lo aislará institucionalmente. Oportunidad, porque la derecha carece de un relato anticorrupción sólido tras los numerosos casos que han salpicado al PP en los últimos años. Moncloa.com ha podido saber que en Ferraz se trabaja ya en la próxima comparecencia de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, con el objetivo de reforzar el mensaje de que el Gobierno sigue funcionando y que la agenda social no se va a detener. El próximo hito será, precisamente, el Consejo de Ministros del martes, donde el Gobierno tiene previsto aprobar medidas de calado en materia de vivienda. Una decisión que, en la práctica, pone a prueba la capacidad del gabinete de Sánchez para seguir produciendo titulares positivos en medio del ruido judicial.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: No hay expediente de corrupción del PSOE comparable al del PP; las investigaciones responden a una campaña orquestada para tumbar al Gobierno.
- Protagonista: Montse Mínguez (portavoz del PSOE)
- Próximo hito: Consejo de Ministros del próximo martes, donde el Ejecutivo prevé aprobar un paquete de medidas de vivienda.
