El coste del caos de Rodalies asciende a 46,3 millones por transportes alternativos y abonos gratuitos

La cifra incluye 14,3 millones en transporte alternativo e informadores, y 32 millones en gratuidad de abonos. La factura total de las obras alcanza ya los 90 millones, mientras Pimec cifra en nueve millones diarios el impacto económico de los cortes.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿A quién afecta? Al erario público y a los usuarios del servicio de Rodalies en Cataluña, que han sufrido cortes y retrasos durante meses.
  • ¿Cuándo ocurre? Las medidas de transporte alternativo y gratuidad de abonos se aplicaron entre enero y mayo de 2026, con la gratuidad de abonos vigente hasta el 9 de mayo inclusive.
  • ¿Qué cambia hoy? Se conoce por primera vez el desglose de un gasto público millonario que refleja la magnitud de la crisis ferroviaria y la respuesta paliativa del Govern.

Este miércoles, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha desvelado en una respuesta parlamentaria escrita, recogida por El Nacional.cat, que el coste total de las medidas paliativas por las interrupciones en Rodalies ascendió a 46,3 millones de euros entre enero y mayo de 2026. La cifra, hasta ahora desconocida, da la medida exacta del agujero económico que ha supuesto para las arcas públicas la peor crisis del servicio ferroviario catalán en años.

Los números del desbarajuste: 14,3 millones en alternativas y 32 millones en abonos gratuitos

Paneque ha detallado que el importe se compone de dos grandes partidas. Por un lado, 14,3 millones de euros destinados a garantizar la continuidad del servicio hasta el 15 de marzo, que incluyen el dispositivo de transporte alternativo por carretera, el refuerzo de autobuses de la Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB), el despliegue de informadores y el incremento de servicios en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Por otro, la gratuidad de los abonos de Rodalies, que comenzó a finales de enero -cuando estalló definitivamente la crisis tras el descarrilamiento de Gelida- y se mantuvo hasta el 9 de mayo, ha supuesto un coste aproximado de 32 millones de euros para Renfe. La suma de ambas partidas arroja los 46,3 millones ahora revelados.

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La respuesta de la consellera responde a dos preguntas formuladas por el diputado de la CUP, Dani Cornellà, quien inquirió en febrero por la cuantificación exacta de todos los costes derivados de la crisis, incluido el levantamiento de barreras del peaje de la C-32 Sud como alternativa a la AP-7. Esa medida, sin embargo, no ha sido incluida en la factura oficial, a pesar de que el Diari de Tarragona estimó en su momento que solo en una semana se habrían perdido cerca de cuatro millones de euros en peajes.

La factura del caos de Rodalies es ya de más de 136 millones si sumamos medidas paliativas y obras, y la sangría económica diaria aún no ha sido compensada.

El peaje del colapso: obras por 90 millones y costes diarios de nueve millones para la economía

Más allá de los 46,3 millones, las obras de infraestructura vinculadas a la crisis han consumido otros 90 millones de euros, según ya avanzó Paneque en febrero, y la cifra seguirá creciendo. A ello hay que añadir el impacto sobre el tejido productivo: Pimec calculó que los cortes suponían una pérdida de nueve millones de euros diarios para la economía catalana, un dato que dimensiona el coste de oportunidad de toda la crisis.

La consellera ha puntualizado, además, que ni el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ni la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat han movilizado recursos extraordinarios, lo que acota la responsabilidad directa del Govern a los dispositivos descritos.

Análisis: transparencia para un agujero sin cerrar

La publicación de estas cifras marca un primer paso hacia la rendición de cuentas sobre una crisis que ha puesto en jaque la movilidad de miles de personas y ha tensionado las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central. Sin embargo, quedan preguntas por responder: ¿quién asume qué parte de los costes? La respuesta parlamentaria no deslinda con claridad la factura que debe sufragar el Govern de la que corresponde al Estado o a otras administraciones, tal y como reclamaba explícitamente la CUP.

El caso de la C-32 Sud es ilustrativo. La decisión de levantar el peaje como medida paliativa no aparece contabilizada, lo que sugiere que el Govern prefiere no incluir en el balance oficial lo que otros actores -como el Diari de Tarragona- cifran en varios millones adicionales. La opacidad calculada alimenta la desconfianza en pleno debate sobre la transferencia de Rodalies. Mientras, las obras continúan y el servicio sigue lastrando la puntualidad y la fiabilidad. Conocer el precio del caos es solo el primer paso; el siguiente es garantizar que no vuelva a repetirse.