Hace exactamente una semana, mientras casi setenta mil personas entraban a nado o saltando vallas desde Marruecos hasta Ceuta, el Centro Nacional de Inteligencia español llevaba meses operando con una cúpula descrita por algunos sus propios agentes como «al servicio del PSOE, no del Estado», con el acceso a sus principales herramientas tecnológicas israelíes interrumpido o en proceso de desmantelamiento, con la cooperación americana en mínimos históricos, y con fuentes en Marruecos que habían reducido su actividad informativa sobre ese país precisamente cuando más se necesitaba. A todo ello se suma que la Brigada Operativa de Apoyo —el brazo policial del CNI, más de gestiones que operativo, pese a que se diga lo contrario— lleva ya cerca de tres años con una renovación de mando que algunos veteranos del centro describen como politizada, y cuyos efectos sobre las prioridades operativas del organismo se arrastran desde entonces.
No es que el CNI fallara. Es que alguien se ocupó sistemáticamente, durante años, de que tuviera menos capacidad de no fallar.
La crisis de Ceuta no es solo una crisis migratoria. Es el resultado visible de un apagón de inteligencia que lleva años construyéndose en silencio y que nadie en el Gobierno quiere explicar porque explicarlo requeriría reconocer decisiones que se tomaron por motivos que nada tienen que ver con la seguridad nacional.
Según el ministro Marlasca «El CNI no avisó de la entrada masiva de inmigrantes y Marruecos es un país fiable». Para miembros de los servicios de inteligencia dos mentiras en una misma frase.
Trabajamos para Moncloa, no para el Estado
La frase no es mía. Es de fuentes del CNI citadas por The Objective, cuatro días antes de que estallara la crisis de Ceuta. El titular de ese artículo —»Alarma en el CNI por el control de Sánchez»— describía una situación que los agentes del centro llevan meses denunciando internamente sin que nadie los escuche. Fuentes de los servicios de inteligencia militar coinciden en que el CIFAS ha resistido mejor la politización que el CNI.
Agentes del Centro Nacional de Inteligencia están preocupados por el control que ejerce el presidente del Gobierno sobre la cúpula de este organismo que, a su juicio, se está traduciendo en que «el Centro está dejando de trabajar para el Estado y lo está haciendo para el Gobierno.»
Para fuentes del sector el asunto está claro: El Gobierno miente para no asumir responsabilidad. Marruecos no es fiable, les animó y les dejó entrar. El CNI sí alertó. Repetidas veces… Conclusión: Somos una banda y hemos hartado a Europa.
Esperanza Casteleiro Llamazares, nacida en Madrid en 1956, lleva en el CNI desde que ingresó en el CESID en 1983. Los lazos de Casteleiro con el PSOE se remontan al Gobierno de Zapatero, cuando el exministro de Defensa José Bono la nombró el 28 de septiembre de 2004 número dos del CNI. Luego fue directora del Gabinete de la ministra Robles a partir de 2018, después secretaria de Estado de Defensa, y finalmente directora del CNI en 2022 tras el escándalo Pegasus que forzó la salida de Paz Esteban. Es decir: su carrera reciente es indistinguible de la de una alta funcionaria del ala defensiva del PSOE en el Gobierno.
Marlaska dice que los servicios de inteligencia no avisaron. Los servicios de inteligencia hacen saber extraoficialmente que si lo hicieron.
La preocupación es máxima entre agentes que aseguran que «toda la cúpula está formada por personal de perfil político, del gusto del PSOE«, como son, además de la directora general, el secretario general y los tres directores generales. A ello se suma que «estos responsables están ubicando a personas de su confianza política en los puestos intermedios, que son claves a la hora de ejecutar las órdenes de la dirección.» Y dentro de esas órdenes hace tres o cuatro años se rebajó la intensidad de la preocupación con Marruecos por instrucciones políticas y coincidiendo con la decisión de España sobre el Sahara: «Marruecos ya no interesa tanto» llegaron a decir mientras fuentes del sector indican que agentes marroquíes campan a sus anchas por Madrid.
A su lado, Luis García Terán fue nombrado secretario general del Centro Nacional de Inteligencia el 17 de diciembre de 2024, procedente de las Fuerzas Armadas. El resultado operativo de esa estructura es el que describen los agentes de a pie: instrucciones que responden a intereses políticos del Gobierno, no a necesidades de seguridad del Estado. En ese contexto, cuando la política del Gobierno hacia Marruecos era de acercamiento y normalización diplomática, las voces que avisaban de riesgos migratorios en la frontera sur encontraban más resistencia que receptividad.
La consecuencia de ese repliegue informativo sobre Marruecos no se limitó a lo que dejó de saberse sobre el reino alauí. España triangulaba históricamente información del Magreb usando también el canal argelino: Argelia y Marruecos son rivales regionales, y esa rivalidad generaba inteligencia complementaria que permitía contrastar versiones. La crisis diplomática con Argel —que estalló también como consecuencia del giro sobre el Sáhara— cerró ese segundo canal. Nos quedamos sin el primero y sin el segundo al mismo tiempo.
La BOA: cuando el cambio de comisario cambia las prioridades
La Brigada Operativa de Apoyo —BOA— es la pieza menos conocida de la arquitectura de inteligencia española y probablemente una de las que más directamente conecta con el fallo de Ceuta.
La BOA es un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrados en la estructura orgánica del CNI. Sus aproximadamente 130 efectivos —todos de la escala ejecutiva, inspectores e inspectores jefe— proporcionan al centro de inteligencia lo que este no puede tener directamente: una placa que mostrar. Hacen el trabajo de campo que requiere identificación policial oficial, actúan en todo el territorio nacional y pueden operar en el extranjero dentro de los marcos de colaboración policial internacionales. Sus informes van al CNI y también a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y desde allí a la Comisaría General de Información. Son, en la práctica, los ojos en la calle del espionaje español.
Lo que ocurre en la BOA refleja directamente lo que ocurre en la política policial del Gobierno. Y aquí la familia Galván merece atención.
Jaime Galván ocupa desde 2022 el cargo de jefe de la BOA pero por poco tiempo. Próximamente saldrá hacia una embajada. Acaba de realizar el curso para ser destinado a una embajada los próximos años. Su destino más probable es Pakistán, ya que cubre también Afganistán e Irán. En el argot de interior un destino en una embajada es un destino dorado y se considera un premio por los servicios prestados. No se sabe cuando sería su nombramiento pero desde luego «antes de unas elecciones o cambio de Gobierno». Con el anterior comisario Tomás Vicente Riquelme, la BOA funcionaba de una manera muy diferente y tenía un evidente foco en Marruecos y otros países, que Galván relajó. Sus motivos (o instrucciones) tendría.
Su hermano Javier Galván Ruiz es el jefe superior de la Policía Nacional en Madrid —cargo que asumió en noviembre de 2024—, descrito públicamente como «mano derecha policial del delegado del Gobierno Francisco Martín.» Un tercer hermano, Celso Galván, fue designado comisario en Pozuelo de Alarcón, y en pocos días va a ser nombrado comisario del Congreso de los Diputados tras la jubilación de la actual comisaria. Otro premio. La esposa de Javier es la comisaria Gema Sanz, jefa de Asuntos Internos. También se la busca una salida próxima. Se vislumbra el fin del ciclo político y hay que mover fichas.
La concentración familiar en posiciones de mando dentro de la Policía Nacional no es por supuesto ilegal en sí misma, pero si bastante curiosa. Lo que genera inquietud entre fuentes conocedoras del asunto y consultadas para este artículo es el patrón que teje esa constelación de nombramientos: el hermano que dirige la BOA —el brazo operativo del CNI— está en la órbita de un delegado del Gobierno que es una de las figuras más identificadas con la estrategia política de Sánchez en Madrid.
Según esas mismas fuentes, el cambio de mando en la BOA, con la salida de Tomás Vicente Riquelme y parte de su equipo, producido hace aproximadamente tres años trajo consigo una renovación del equipo que algunos veteranos del Centro describen como «más politizada y afín al PSOE». Y con esa renovación llegaron cambios de prioridades. Marruecos, que había sido históricamente uno de los focos de atención preferente de la BOA, pasó a ocupar un lugar secundario en la agenda operativa. Fuentes del sector consultadas por MONCLOA.COM señalan que algunos colaboradores habituales recibieron señales de que su actividad informativa sobre el norte de África ya no era tan requerida como antes.
No hace falta que nadie lo diga con una orden escrita. En los organismos de inteligencia, las prioridades se transmiten de otra manera: a través de qué se atiende, qué se archiva, qué se sigue y qué se deja caer. Y cuando la política del Gobierno hacia Marruecos es de acercamiento desde el giro sobre el Sáhara Occidental en 2022, los profesionales aprenden rápido qué tipo de información es bienvenida y qué tipo genera fricciones.
El caso de la BOA no es el único ejemplo del patrón de ascensos que algunos dentro de la Policía Nacional describen como recompensas por servicios prestados. Jesús María Gómez Martín era el comisario jefe del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez —sancionada y con prohibición expresa de entrar en territorio de la Unión Europea— aterrizó en Madrid para reunirse con el entonces ministro José Luis Ábalos en la zona de tránsito. Gómez Martín estuvo a pie de pista junto a Koldo García mientras Ábalos subía al avión.
En 2022 fue ascendido a jefe superior de la Policía de Canarias, un nombramiento que el PP denunció en su momento como sospechoso dado su papel aquella noche. En mayo de 2026, su nombre emergió en el sumario del caso Plus Ultra, según varios autos judiciales a los que accedió Infobae, en el contexto de una presunta cadena de favores relacionada con el entorno del empresario venezolano Danilo Diazgranados. El mismo Gómez Martín que negó en el Senado haber visto a Víctor de Aldama en Barajas aquella noche, pese a las fotos que lo contradicen. La causa sigue abierta y él no ha sido condenado por ninguno de estos hechos.
Lo de Gómez Martín no tiene relación directa con el CNI. Lo que sí comparte con todo lo anterior es la lógica: en la España de estos años, quienes gestionaron situaciones comprometidas al servicio del Gobierno no pagaron un coste profesional por ello. Al contrario.
El apagón tecnológico: cuando Israel se fue y EEUU se alejó
La segunda capa del problema es tecnológica y tiene una historia que arranca con el escándalo Pegasus de 2022 y ha ido empeorando desde entonces. Las patosas decisiones políticas dejan a España con poca posibilidad de maniobra.
Pegasus, el software de vigilancia de la empresa israelí NSO Group, fue durante años la herramienta más potente del arsenal técnico del CNI español. Permitía interceptar comunicaciones en dispositivos electrónicos sin que el objetivo lo supiera: inteligencia contraterrorista, seguimiento de redes criminales y vigilancia de redes de tráfico de personas en el Magreb.
En pleno plan de desconexión por parte de España de cualquier sistema de origen israelí, hay un terreno tecnológico en el que quienes se dedican a la obtención de inteligencia aseguran que no hay reemplazo posible. Existe un temor arraigado entre quienes utilizan estos sistemas a que Israel y su servicio del Mossad responda revocando la licencia de uso de este tipo de programas y deje ciega a la inteligencia española en materia de antiterrorismo.
El Ministerio de Defensa anunció en julio de 2025 que el CNI había completado su plan de desconexión de tecnología israelí. La Audiencia Nacional cerró en enero de 2026 su investigación sobre el uso del software Pegasus citando la falta de cooperación de las autoridades israelíes. Israel no respondió a los requerimientos judiciales. Y el resultado práctico fue que España cerró el caso sin conclusiones y al mismo tiempo inició la desconexión de las herramientas que ese mismo Israel le había estado proporcionando.
Es la paradoja que los profesionales del CNI describen con un elegante mutismo: se investiga a Israel por espiar a España, se anuncia la desconexión de sus herramientas, y el resultado es que España se queda sin sus mejores ojos tecnológicos en el momento en que más los necesita.
El Mossad no necesita revocar ninguna licencia para dejarnos ciegos. Ya nos hemos dejado ciegos nosotros solos. Hay servicios donde no hay un plan B
A esto hay que añadir el deterioro de la relación con los servicios de inteligencia americanos. La segunda administración Trump ha reconfigurado las prioridades de cooperación con socios europeos. España, que nunca ha formado parte del núcleo duro de los Five Eyes, ha visto reducida la cooperación que le llegaba por los canales bilaterales y multilaterales de la OTAN. Las razones son múltiples: el distanciamiento político de Sánchez con Washington, la controversia sobre el gasto en defensa, y la percepción de que el CNI tiene demasiados flecos de seguridad interna como para compartir inteligencia sensible con él.
El resultado combinado del apagón israelí y el alejamiento americano es que el CNI opera hoy en una segunda división tecnológica. España busca alternativas en alianzas con empresas españolas y europeas, pero es una solución de segunda línea que llevará años alcanzar el nivel operativo anterior.
¿Qué pasó en Ceuta? La respuesta en 6 puntos clave
Así se coordinó la invasión de Ceuta: seis semanas de campaña digital, grupos de WhatsApp con prefijo +213 y una sentencia del Supremo convertida en «la frontera está abierta».
1. La campaña empezó el 15 de junio. Seis semanas antes del cruce masivo del 30-31 de julio. No fue espontáneo. Fue planificado, con tiempo, en abierto, visible para cualquiera con herramientas OSINT básicas.
2. El detonante fue la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre devoluciones de migrantes en el mar. Fue inmediatamente distorsionada en el ecosistema digital para crear la narrativa de que la frontera española estaba «legalmente abierta.» Esa narrativa falsa fue el combustible que encendió la movilización masiva.
3. Los grupos de mensajería con prefijo +213 —Argelia— actuaron como centros de coordinación logística. Mapas, rutas hacia Fnideq (Castillejos), material necesario para el cruce, horarios. Esto está documentado con evidencias. Y conecta directamente con el artículo del CNI: cerramos el canal de inteligencia de Argelia justo antes de que Argelia coordinara la crisis.
4. El ecosistema era resiliente y distribuido. TikTok, Instagram y Facebook para generar y amplificar narrativas. WhatsApp y Telegram para logística. Perfiles de alta visibilidad para amplificación. Una arquitectura diseñada para resistir la eliminación de nodos individuales.
5. Participación transnacional documentada: Marruecos, Argelia, Túnez, Francia y Estados Unidos. No es solo un fenómeno marroquí.
6. Todo esto era visible en fuentes abiertas. Evidentemente el CNI lo tuvo que ver, otra cosa es si le dio valor y lo reportó. O si tras reportarlo políticamente no se consideró por la posición política con Marruecos.
El HUMINT y el problema de las fuentes externas desconcertadas
Sin tecnología puntera, la única baza real que le queda al CNI es el HUMINT —Human Intelligence—: los agentes en la calle, las fuentes cultivadas durante años, la red de contactos que da información antes de que haya imágenes de satélite o escuchas digitales.
España ha sido históricamente muy buena en esto. La capacidad de sus agentes para producir notas informativas —análisis de inteligencia humana, elaborados, contextualizados, con perspectiva— ha sido durante décadas uno de los activos más valorados por los servicios aliados. Los americanos y los europeos sabían que si querían entender el Magreb o el mundo árabe, el CNI español tenía fuentes que ellos no tenían.
El problema es que esas fuentes también leen el periódico. Saben que el Gobierno ha cambiado su posición sobre Marruecos. ¿En que sitio deja esto a fuentes que han pasado información durante años? Saben que la cúpula del CNI podría estar respondiendo a criterios políticos. Saben que una nota informativa que alerte sobre riesgos en la frontera marroquí, si llega a mandos que a su vez dependen de una dirección con agenda política, puede quemar la fuente que la generó. Y en el mundo del espionaje, una fuente quemada no es un problema burocrático. Es una vida en riesgo.
Según fuentes conocedoras del asunto consultadas para este artículo, algunos colaboradores habituales en la zona de influencia marroquí habían comenzado a reducir el flujo informativo sobre ese país antes de la crisis de Ceuta. No porque no tuvieran información. Sino porque habían aprendido que dar esa información les podría generar potencialmente más problemas que atención productiva.
La guerra civil interna en servicios de información: el CIFAS no quiere ser fagocitado
Hay un cuarto factor que complica todavía más el panorama y que tiene que ver con la pugna institucional entre la inteligencia civil —el CNI— y la inteligencia militar, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFAS.
El Gobierno quiere unificar las inteligencias civil y militar antes de que el PSOE pueda ser desalojado del poder. El nerviosismo en el CIFAS está aumentando, al no querer verse fagocitados, a medio plazo, por el CNI. Desde allí advierten de que el CNI quiere que se les reconozca como «la única autoridad nacional de inteligencia» y que si se firma el acuerdo marco de colaboración, «la inteligencia militar española quedaría en una segunda división» porque «la relación con los servicios militares de la OTAN estaría en manos de los civiles, no en manos de los militares.»
Esta pugna tiene consecuencias directas sobre la eficiencia operativa. Cuando dos organismos que deberían coordinarse están en una disputa de poder, la información no fluye bien entre ellos. Los militares del CIFAS miran con desconfianza a los civiles del CNI que responden a una dirección política ajena a su cadena de mando. Y la desconfianza de los sectores militares hacia la nueva BOA —percibida por algunos como politizada— añade otra capa de opacidad. Los militares no confían en pasar información a través de un canal que perciben al servicio de otros intereses. ¡Y no me extraña!
Los 3.700 que hacen lo que pueden
El resultado de todo esto es el que describe, con una sobriedad que hace más elocuente su contenido, la frase que se filtró hace unas semanas: «El 70% de los profesionales del centro son de fiar, y por eso es totalmente decisivo que Feijóo no se equivoque con los nombramientos.»
Tres mil setecientos agentes. La mayoría haciendo su trabajo con la convicción de quien entiende que lo que hace tiene consecuencias reales para personas reales en fronteras reales. Esos agentes trabajan con el presupuesto de siempre, con menos tecnología que hace tres años, con instrucciones políticas sobre qué interesa y qué no, con fuentes que desconfían de la cadena de mando, con la BOA renovada hace tres años bajo criterios que algunos veteranos no reconocen como propios del servicio, y con la certeza de que si algo sale mal nadie de la cúpula que tomó las decisiones políticas rendirá cuentas.
Sus capacidades, inmensas cuando se ponen al servicio del Estado, se convierten en «bombas de relojería» cuando se ponen al servicio de intereses ajenos al Estado. Son palabras de sus propios compañeros, no mías.
Cuando eso ocurre en un servicio de inteligencia, el resultado no se llama fracaso. Se llama Ceuta.
Lo que pasó en la frontera de Ceuta la semana pasada no fue un fallo de los agentes. Fue el coste visible de años de decisiones acumuladas: la colonización política de la cúpula del CNI, la desconexión tecnológica de Israel sin alternativa real, el alejamiento americano, la renovación de mandos en la BOA con criterios que algunos en el sector describen como políticos, la deprioritización de Marruecos como foco informativo, y la guerra institucional con la inteligencia militar que dificulta la coordinación cuando más se necesita.
El aviso llegó tarde, mal, o no llegó con la fuerza suficiente para producir respuesta.
España ganó el Mundial pero puede perder la final de 2030: la docilidad ante Marruecos tiene precio
Hay una pregunta que nadie en el Gobierno quiere responder esta semana y que los próximos meses van a volver urgente: ¿va a pelear España con la misma firmeza con la que defendió su frontera en Ceuta —o la que debería haber defendido— la sede de la final del Mundial 2030? Porque mientras el Gobierno de Sánchez gestionaba con la docilidad habitual la crisis migratoria más grave de los últimos años, Marruecos lleva meses ejecutando en paralelo otra operación de presión: arrebatarle a España la final de un torneo que España y Portugal pusieron en marcha y al que Marruecos se sumó después. El Gran Estadio Hassan II de Casablanca —115.000 espectadores, presupuesto sin límite declarado por Faouzi Lekjaa, respaldo de la familia real— no se está construyendo por amor al fútbol. Es una declaración de intenciones.
La FIFA de Gianni Infantino, que tiene sus propias razones para favorecer a un mercado emergente que vuelve locos a los patrocinadores, observa la disputa con la misma amnesia selectiva que aplica cuando hay dinero y presión política de por medio. España acaba de ganar el Mundial 2026. Tiene el Bernabéu, el estadio más moderno de Europa. Tiene el Camp Nou, que cuando termine su remodelación superará las 100.000 plazas. Tiene el argumento histórico, el argumento deportivo, el argumento logístico y el argumento moral: este Mundial nació aquí. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, lo dijo sin ambigüedad: «No se entendería que España no fuera la sede de la final.» Tiene razón. Lo que no está claro es si el Gobierno que acaba de demostrar en Ceuta que con Marruecos prefiere ceder antes que enfrentarse va a pelear de verdad por el Bernabéu. O si dentro de cuatro años veremos la final del Mundial que España organizó, ganó y lideró en un estadio a las afueras de Casablanca, mientras Pedro Sánchez aplaudirá en el palco junto a Mohamed VI con la misma sonrisa con la que firmó el giro sobre el Sáhara.
Las razones de eso no están en las playas del Tarajal. Están en los despachos donde se decidió qué era prioritario y qué no, en los nombramientos que convirtieron el CNI en algo que algunos de sus propios agentes ya no reconocen como suyo, y en las conversaciones donde se acordó que Marruecos ya no era un tema de atención preferente.
Justo antes de que Marruecos decidiera que España sí era un tema de su atención preferente.
