En el marco de la ronda de contactos institucionales y de trabajo que la Unión de Militares de Tropa (UMT) viene desarrollando con las distintas fuerzas parlamentarias, hace unos días tuvo lugar una reunión formal con representantes del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía.
Al encuentro asistieron, por parte del Grupo Parlamentario VOX, la diputada Noelia María Campos Rodríguez y el diputado y secretario de dicho grupo parlamentario, Benito Morillo Alejo. La representación de la UMT estuvo encabezada por su presidente, Francisco José Durán Baños, acompañado por el delegado territorial de la asociación en Sevilla, José Carlos Sánchez Pino.
La reunión se desarrolló en «un clima de extraordinaria sintonía y mutuo entendimiento, mostrándose los parlamentarios de VOX en todo momento sumamente receptivos ante las problemáticas expuestas por la UMT, hasta el punto de asumir como propias las iniciativas presentadas y comprometerse a llevar a cabo las acciones parlamentarias y ejecutivas necesarias para materializar las propuestas de nuestra asociación», informan desde la UMT.
Arraigo Institucional Equivalente: Fin al efecto del «padrón a cero» en Vivienda
El eje central del dossier presentado por la UMT radica en la necesidad de incorporar una cláusula específica de «Arraigo Institucional Equivalente» para el personal de las Fuerzas Armadas en el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía.
Debido a la alta movilidad geográfica obligada por las necesidades de la Defensa Nacional, los militares de tropa y marinería sufren continuos traslados de destino que reinician administrativamente su historial censal. Este efecto -el denominado «padrón a cero»- deja fuera a los servidores de la patria y a sus familias del acceso a la vivienda pública protegida (VPO) y a las líneas de ayudas al alquiler, al exigir períodos mínimos de empadronamiento continuo que su profesión les impide cumplir.
La UMT ha propuesto formalmente una Disposición Adicional que «exima de los plazos mínimos de empadronamiento continuado al personal militar profesional en servicio activo destinado en Andalucía y a la reserva con destino. Reconozca el arraigo acumulado, computando la antigüedad y los distintos destinos oficiales como historial de arraigo continuado. Haga extensible este derecho a su unidad familiar, así como a retirados y Reservistas de Especial Disponibilidad (RED). Desde la UMT se remarcó que facilitar el acceso a la vivienda a la tropa y marinería no solo hace justicia a quienes defienden a la nación, sino que supone fijar familias jóvenes y dinamizar socioeconómicamente los municipios andaluces que albergan bases y acuartelamientos», añaden.
Cómputo del tiempo de servicio militar en la Función Pública Andaluza
Asimismo, durante la sesión de trabajo se abordó el necesario desarrollo reglamentario de la Ley de la Función Pública de Andalucía. La UMT insistió en la obligatoriedad de que se reconozca y compute de manera efectiva, en los baremos de méritos de los procesos selectivos de la Junta de Andalucía, el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas.
«Nuestra asociación defiende que la experiencia, el rigor y la cualificación adquiridos durante los años de servicio al Estado constituyen un activo incuestionable que debe ser debidamente valorado en el acceso al empleo público autonómico, garantizando una salida profesional digna y justa para el personal militar», dice la UMT.
Implementación real y efectiva de la reserva de plazas en la Policía Local
Por último, se analizó el estado actual de aplicación de la Ley de Policías Locales de Andalucía, texto legislativo en cuya tramitación la UMT tuvo un papel destacado para la inclusión de la reserva de plazas para personal militar profesional procedente de la Escala de Tropa y Marinería.
La delegación de la UMT trasladó a los diputados que dicha implementación dista aún de ser plena y homogénea en toda la comunidad, detectándose deficiencias y reticencias en distintas convocatorias municipales que impiden completar verdaderamente dicha reserva de plazas. Se solicitó al grupo parlamentario su fiscalización activa e impulso reglamentario para que ningún ayuntamiento andaluz eluda la ley y la reserva sea una realidad consolidada.
