El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha solicitado al juez Santiago Pedraz la nulidad del clonado de su teléfono móvil, intervenido el pasado 27 de mayo por agentes de la UCO de la Guardia Civil, al considerar que se realizó sin autorización judicial y cuando aún no ostentaba la condición de investigado.
La petición de nulidad: argumentos y cronología
Según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Serrano alega que el volcado del terminal se produjo antes de que adquiriera la condición formal de investigado, lo que ocurrió en julio, y sin cumplir el mandato del juez Pedraz de que se hiciera en su presencia y con su abogado. El exdirigente solicita por ello la anulación de todas las pruebas obtenidas y la destrucción de los datos extraídos, al entender que la intervención vulnera el secreto de las comunicaciones y constituye una restricción de derechos fundamentales no amparada judicialmente.
La citación para el próximo 18 de agosto, en la que Serrano deberá verificar el clonado realizado por la UCO, añade un nuevo capítulo a este caso. El abogado del exjefe de gabinete considera «chocante» que el magistrado no ordenara la inmediata devolución del dispositivo tras la incautación de mayo, lo que a su juicio prolonga una injerencia irregular en la esfera privada de su cliente.
Una defensa jurídica que sitúa las garantías procesales en primer plano
El recurso presentado se ampara en la doctrina constitucional sobre la protección del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y la exigencia de una autorización judicial clara y previa. No se trata de una impugnación sorprendente: en procedimientos complejos, la jurisprudencia ha declarado nulas aquellas pruebas obtenidas sin cobertura legal suficiente. Para el entorno de Serrano, la clave está en que el clonado no contó con la preceptiva resolución judicial que lo amparase en el momento de la incautación.
El artículo 18.3 de la Constitución consagra el secreto de las comunicaciones, y cualquier intervención requiere autorización judicial motivada. La ausencia de esa garantía en la fase inicial de las pesquisas es el núcleo del recurso. Mientras, el juez Pedraz mantiene su investigación sobre las presuntas adjudicaciones irregulares y los intentos de influir en procedimientos judiciales que salpican al PSOE. En la resolución que motivó la imputación de Serrano, el magistrado señalaba indicios de contrataciones apartadas de la normativa pública en Correos, en especial la del «fontanero del partido», y un contexto de actuaciones similares en otras entidades de la SEPI.
La invocación de un defecto de forma no diluye la gravedad de los hechos investigados, pero puede modular el rumbo de la instrucción si el tribunal lo estima.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz, la reacción oficial es de prudencia. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com insisten en que se trata de un caso que afecta a una persona que ya no forma parte de la estructura del partido ni del Gobierno, y que el PSOE respeta plenamente la actuación de la justicia. Sin embargo, la sombra del «caso Leire Díez» es alargada, y cualquier paso en falso en la instrucción puede ser utilizado por la oposición para cuestionar la integridad del Gobierno.
Barones autonómicos como Emiliano García-Page, siempre vigilante con los asuntos que rozan al partido, no han hecho declaraciones públicas, pero fuentes de su entorno subrayan la importancia de que el proceso se desarrolle con todas las garantías para evitar un desgaste innecesario. No es la primera vez que un alto cargo del entorno socialista se ve envuelto en una causa judicial que exige un equilibrio entre la presunción de inocencia y la defensa del partido. Ya en 2016, el llamado «caso de los ERE» de Andalucía puso a prueba la capacidad del PSOE para separar la responsabilidad individual de la acción institucional. La diferencia ahora es que la pieza clave de la impugnación de Serrano es un posible defecto procesal, lo que sitúa el debate en el terreno jurídico y no estrictamente político.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, se confía en que la instrucción se centre en los hechos y no se convierta en un espectáculo mediático. La portavocía parlamentaria evita hacer valoraciones sobre un asunto sub iúdice, pero admite que la credibilidad del partido se mide también por su reacción ante los procedimientos que afectan a antiguos cargos. Los socios de coalición, Sumar, no han hecho comentarios, aunque fuentes próximas reconocen que la estabilidad del Gobierno no está en riesgo, pero sí la imagen de limpieza que el Ejecutivo quiere proyectar. El próximo 18 de agosto, Serrano se sentará ante el juez. Si la nulidad es aceptada, la investigación podría sufrir un revés importante; si no, el caso seguirá su curso y la oposición tendrá más munición.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El PSOE defiende el respeto a las garantías procesales y la separación entre responsabilidades individuales y la acción del partido.
- Protagonista: Juan Manuel Serrano (exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos).
- Próximo hito: Comparecencia el 18 de agosto para verificar el clonado del móvil ante el juez Pedraz.
