La UE acelera la retirada de cosméticos con sustancias peligrosas tras acuerdo entre instituciones

La nueva regulación fija plazos de retirada de seis y doce meses para cosméticos con sustancias cancerígenas y rechaza las exenciones que propuso la Comisión. Además, se aplaza a 2030 el etiquetado químico y se mantiene el registro REACH para fertilizantes.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre el paquete Ómnibus VI, que reduce a seis meses el plazo para dejar de vender cosméticos con sustancias CMR y a doce meses para retirarlos.
  • ¿Quién está detrás? Los colegisladores (Parlamento y Consejo) han endurecido las reglas frente a la propuesta inicial de la Comisión, que pedía más flexibilidad para la industria química.
  • ¿Qué impacto tiene? La reforma afecta a 29.000 empresas químicas en Europa y obliga a notificar nanomateriales en cosméticos antes de su comercialización. Se aplaza a 2030 el nuevo etiquetado químico y se mantiene el registro REACH para fertilizantes.

El acuerdo político alcanzado anoche entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el paquete Ómnibus VI endurece los plazos para retirar del mercado los cosméticos que contienen sustancias CMR (cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción). La Comisión Europea había propuesto exenciones más amplias, pero los colegisladores las han rechazado.

Plazos más estrictos para eliminar cosméticos cancerígenos

A partir de la entrada en vigor de la normativa, cuando una empresa decida no solicitar mantener el uso de un ingrediente afectado por una prohibición CMR, dispondrá de seis meses para dejar de comercializarlo y de doce meses para retirarlo completamente del mercado. Estos plazos son más exigentes que los propuestos inicialmente por la Comisión, que buscaba dar más margen a la industria química.

Las sustancias CMR están clasificadas como peligrosas para la salud humana. La regulación actual ya prohibía su uso en cosméticos, pero permitía exenciones limitadas bajo ciertas condiciones. El nuevo acuerdo elimina esas lagunas y acorta los tiempos de adaptación para los productores.

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Rechazo a las exenciones y obligación de notificar nanomateriales

sustancias peligrosas

Uno de los puntos más polémicos fue la propuesta de la Comisión de permitir exenciones basadas en la vía de exposición de las sustancias (por ejemplo, si el producto no se inhala o no se ingiere). El Parlamento y el Consejo la han descartado, alegando que cualquier contacto cutáneo podría ser suficiente para generar un riesgo. Además, se reintroduce la obligación de notificar a la Comisión los productos cosméticos que contengan nanomateriales antes de su comercialización, aunque con plazos más flexibles que en versiones anteriores de la norma, según el comunicado del Parlamento Europeo.

La notificación debe incluir información sobre el tamaño, la composición y las propiedades toxicológicas de los nanomateriales, con el objetivo de que la Comisión pueda evaluar su seguridad antes de que lleguen al mercado. El sector cosmético tendrá que preparar esta documentación adicional con antelación.

La industria química europea, con 29.000 empresas y 1,2 millones de empleos, ve cómo Bruselas cede menos de lo esperado ante sus demandas de flexibilidad.

El Eje del Poder Europeo

El paquete Ómnibus VI es una pieza más de la estrategia de simplificación normativa que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, impulsó en 2025 para aliviar a la industria, pero el Parlamento y el Consejo han demostrado que no darán un cheque en blanco. La decisión de rechazar las exenciones y endurecer los plazos responde a la presión de las organizaciones de consumidores y de salud pública, que consideraban insuficiente la propuesta original.

La postura del Parlamento refleja el peso de la Eurocámara saliente, donde los Verdes y los socialdemócratas presionaron para mantener el listón alto en protección sanitaria. Países como Alemania y Francia, con potentes industrias químicas, intentaron mediar, pero al final se impuso un criterio más restrictivo. «El resultado es un equilibrio pragmático que protege a los ciudadanos y da tiempo a la industria», señaló un negociador cercano al expediente.

En paralelo, los colegisladores han acordado retrasar hasta 2030 la entrada en vigor de las nuevas normas de clasificación, envasado y etiquetado de productos químicos, que el año pasado se había pospuesto a 2028. Las etiquetas deberán seguir siendo claramente legibles para los consumidores con requisitos mínimos de tamaño de letra, y se amplía el uso del etiquetado digital en determinados casos. También se establece un plazo de 15 meses para que las empresas actualicen las etiquetas cuando una nueva evaluación implique una clasificación más severa.

En cuanto a los fertilizantes, el acuerdo mantiene parte del régimen de registro de sustancias peligrosas bajo el sistema REACH, frente a propuestas más flexibles de la Comisión. Esta decisión protege la salud y el medio ambiente sin lastrar la competitividad, según el Parlamento Europeo.

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Para España, el impacto es notable. El sector cosmético español que facturó 8.200 millones de euros en 2025 según Stanpa, se verá obligado a revisar sus líneas de producción. Empresas como Puig, que lanzó recientemente una línea de maquillaje con nuevos pigmentos, podrían verse afectadas si no adelantan los análisis de seguridad. No obstante, la notificación de nanomateriales puede abrir oportunidades para la industria de la belleza limpia, en la que España es líder.

La industria química española, concentrada en Tarragona, Cartagena y Huelva, da empleo a más de 100.000 personas de forma directa. La patronal química europea, Cefic, había pedido un mayor aplazamiento, pero el rechazo a las exenciones en cosméticos era previsible tras el escándalo de los parabenos y ftalatos en 2024.

El acuerdo, que debe ser aprobado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE, entrará en vigor veinte días después. Fuentes diplomáticas confían en que la aprobación se produzca en septiembre. Entonces comenzará la cuenta atrás para una industria que, por primera vez en mucho tiempo, ve cómo las instituciones comunitarias aprietan donde el Ejecutivo quería aflojar.