PP y Vox aprueban el cierre de la comisión de la dana en las Corts obviando WhatsApp y víctimas

El dictamen aprobado por la mayoría parlamentaria deriva toda la responsabilidad al Gobierno central e ignora los mensajes del chat del Consell del 29 de octubre. Las asociaciones de víctimas califican el cierre de 'fake' y denuncian que Mazón se rió de ellas desde su escaño.

Las Corts Valencianes han cerrado la comisión de investigación de la DANA con los únicos votos de PP y Vox, pese a la indignación de las víctimas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El pleno de las Corts Valencianes aprobó el dictamen de conclusiones de la comisión parlamentaria sobre la DANA con los votos de PP y Vox, dando por finalizada la investigación.
  • ¿Quién está detrás? La mayoría del Consell, con Carlos Mazón presente y votando a favor, mientras PSPV y Compromís rechazaron el cierre.
  • ¿Qué impacto tiene? Las asociaciones de víctimas consideran el dictamen una «investigación fake» que ignora deliberadamente los chats del Consell del 29 de octubre de 2024.

Un carpetazo pactado para blindar al Consell de Mazón

La sesión del martes 17 de junio en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños, fue tensa desde el arranque. La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, pidió retirar el punto del orden del día al considerar que el chat de WhatsApp del Consell —el gobierno de la Generalitat Valenciana— conocido semanas después del cierre de la comisión, invalidaba por completo el dictamen. PP y Vox se opusieron y la votación siguió adelante.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, recordó en la cámara el mensaje que el expresidente Carlos Mazón envió a las 8:00 de aquel 29 de octubre: «vamos a inundar a los medios de datos, desprende sensación de estar alerta que te cagas». Luego, desapareció. «Mientras morían 230 personas», añadió Baldoví. La respuesta de Mazón desde su escaño fue una carcajada.

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Ese gesto, captado por las víctimas presentes en la tribuna de invitados, resume la fractura entre el diagnóstico de la mayoría parlamentaria y el sentir de quienes perdieron familiares. Las tres asociaciones mayoritarias de afectados habían acudido al pleno invitadas por PSPV y Compromís para presenciar lo que califican de «vergüenza».

Indignación en el hemiciclo y fuera de él: «Es una vergüenza»

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA del 29 de Octubre, definió el cierre como «una vergüenza» y criticó que Mazón siga en su escaño «riéndose de las víctimas». Exigió al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que deje las «joyas de la abuela» y se centre en las 230 familias que esperan justicia. Álvarez insistió en que la comisión nunca quiso llamar a la exconsellera Salomé Pradas ni al secretario autonómico Emilio Argüeso, ambos investigados en la vía judicial.

Desde la oposición, la socialista Alicia Andújar calificó la comisión de «ilegal» y «de exculpación». Isaura Navarro, de Compromís, prometió que si su formación gana las próximas elecciones reabrirá la investigación parlamentaria «para que se sepa toda la verdad». Mientras, el síndic del PP, Fernando Pastor, defendió el dictamen por ser fruto de «comparecencias y documentación» sin vetos. El portavoz de Vox, José María Llanos, celebró el fin de los trabajos aunque lamentó la «falta de comparecientes del Gobierno».

El documento de conclusiones, de 126 páginas, atribuye a una supuesta «falta de información» y a un «apagón informativo» la mayor parte de los errores. Según el dictamen, «la toma de decisiones se desarrolló en un contexto de elevada incertidumbre» debido a deficiencias en los datos hidrológicos y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo la misma información sirvió a la Universitat de València para suspender clases y a la embajada de Japón para alertar a sus ciudadanos un día antes.

La Confederación Hidrográfica del Júcar envió hasta 42 avisos durante la jornada, y AEMET había emitido el aviso rojo con horas de antelación. La jueza instructora del caso ha repetido que «las víctimas no necesitaban la emergencia nacional, sino la acción de la Administración autonómica». El bulo del apagón choca también con el hecho de que numerosos ayuntamientos, como el de Utiel, cancelaron actividades basándose exactamente en las mismas previsiones.

Concluir la investigación sin leer los mensajes del chat del Consell es admitir que la verdad no interesa.

El Escenario Valenciano

El cierre de la comisión en las Corts responde a una dinámica política que PP y Vox han sostenido desde el inicio de la legislatura: proteger a Carlos Mazón de cualquier responsabilidad institucional. La alianza ha funcionado con mayoría ajustada, pero las fracturas con las víctimas y la oposición se agrandan. PSPV y Compromís han denunciado una «investigación fake» que no interrogó a los cargos imputados y que derivó toda la culpa al Gobierno central sin sustento legal.

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En el plano nacional, el dictamen choca con los autos judiciales que han señalado a la administración autonómica como la responsable de gestionar la emergencia. La jueza de Catarroja afirmó que «las víctimas no necesitaban la emergencia nacional, sino la acción de la Administración autonómica». Además, Alberto Núñez Feijóo se enfrenta a crecientes cuestionamientos por el apoyo de su partido a un expresidente que no pidió la declaración de emergencia nacional pese a que él mismo se lo había recomendado.

La proyección inmediata es la consolidación del desgaste político. Mientras las ayudas a los afectados avanzan lentamente, la sensación de impunidad que denuncian las víctimas marcará el próximo ciclo electoral. Compromís ya ha hecho bandera de la reapertura de la comisión si alcanza la presidencia, y el PSPV insiste en que la justicia ordinaria es ahora la única vía para depurar responsabilidades. La DANA, dos años después, sigue pesando sobre las Corts.

Ficha del Caso

  • El caso: El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado, con los votos de PP y Vox, el cierre definitivo de la comisión de investigación de la DANA, en medio de fuertes protestas de las víctimas y la oposición.
  • Datos importantes: Las conclusiones de 126 páginas exculpan al Consell y derivan la responsabilidad al Gobierno central, ignorando el chat del Consell del 29 de octubre y las declaraciones judiciales que contradicen la tesis del «apagón informativo».
  • Resumen: La comisión se cierra sin haber investigado los fallos del ejecutivo autonómico, lo que las víctimas califican de «fake», y deja a la vía judicial como única esperanza de esclarecimiento.