Vox y el PP intensifican su ofensiva conjunta contra el Gobierno por el censo electoral, una maniobra que sitúa la reforma de la ley electoral y el voto exterior en el centro del debate político.
La última andanada la ha lanzado este mismo lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al acusar a Pedro Sánchez de practicar “ingeniería electoral” con la llamada ley de nietos, una norma que otorga la nacionalidad española a casi 2,5 millones de personas residentes en el extranjero con posibilidad de votar en las próximas generales. La acusación del líder popular refuerza abiertamente las tesis que Vox viene defendiendo desde hace meses, en particular la necesidad de blindar el censo y los mecanismos de control del voto exterior.
La ofensiva de Vox: blindar el censo frente a la ‘ingeniería electoral’ de Sánchez
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, fue contundente ayer: Sánchez está impulsando una “transformación demográfica, social, laboral y electoral de España”, una operación que, según el partido, incluye tanto la regularización masiva de inmigrantes —aunque estos no adquieran directamente el derecho al voto— como la propia ley de nietos. El argumento del partido de Santiago Abascal es que el presidente, al ver las encuestas desfavorables, busca ‘fabricar votantes’ para mantenerse en el poder.
La semana pasada, Vox llevó al Congreso una proposición de ley de reforma electoral destinada a reforzar la identificación del votante, la cadena de custodia del voto por correo y los mecanismos de control del proceso electoral. La iniciativa, registrada por el Grupo Parlamentario VOX, persigue poner coto a posibles irregularidades y garantizar la pureza del censo, un asunto que el partido considera estratégico ante la inminente cita con las urnas.
Abascal ya advirtió el miércoles de que Sánchez pretende “adulterar el resultado de las elecciones y mantenerse fraudulentamente en el poder”, una acusación que ahora encuentra eco en el PP tras las palabras de Feijóo. De hecho, el portavoz popular Borja Sémper reconoció sin tapujos la desconfianza de los suyos: ‘Cuando están Sánchez y su Gobierno por medio, todo es posible. Y no nos fiamos’.
La desconfianza mutua sobre el censo y la adquisición de nacionalidad está empujando al PP a asumir postulados que hasta ahora eran patrimonio exclusivo de Vox.
El PP se alinea y propone un plus de diputados para la lista más votada
Feijóo no se limitó a denunciar la ley de nietos. El líder del PP fue un paso más allá y planteó abiertamente una reforma del sistema electoral que otorgue un plus de diputados al partido más votado, siguiendo modelos como el italiano o el griego. La propuesta, que pretende facilitar la formación de gobiernos estables, se suma además a la promesa de modificar la ley electoral en el ámbito municipal para que ‘el alcalde sea el candidato de la lista más votada’.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se sumó a la ofensiva con un mensaje dirigido directamente al cuerpo diplomático: ‘Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal’. Toda una declaración de intenciones que traslada a la calle Génova el mismo discurso que Vox lleva meses defendiendo desde Bambú.
Las cifras refuerzan la alarma. Según los datos del INE citados por Feijóo, el censo electoral ha sumado 1,2 millones de votantes en España y otros 700.000 en el exterior desde julio de 2018, coincidiendo con la llegada de Sánchez a la Moncloa. La posibilidad de que Buenos Aires se convierta en la tercera circunscripción española por número de electores —con hasta 640.000 nuevos nacionalizados— ilustra, para ambas formaciones, el peligro de una alteración demográfica con consecuencias electorales directas.
Lectura estratégica: un frente común que fortalece a Vox y tensa al PP
La estrategia de Vox es clara: aprovechar cada movimiento de presión al Gobierno para arrastrar al PP hacia posiciones más nítidamente conservadoras en materia electoral y migratoria. El hecho de que Feijóo adopte un discurso casi mimético al de Abascal en este punto —ingeniería electoral, censo bajo sospecha, necesidad de reformas— demuestra que la dirección de Vox gana la batalla del marco discursivo, incluso sin estar en el Gobierno.
Sin embargo, el reto para Vox es transformar esa influencia en rédito electoral. El PP ya está incorporando a su programa la reforma de la ley electoral y el endurecimiento del acceso a la nacionalidad, lo que podría diluir en parte el perfil propio que Vox necesita conservar de cara a unas generales cada vez más cercanas. La maniobra de Feijóo ofrece a Vox la oportunidad de aparecer como el socio exigente que marca la agenda, pero también le obliga a mantener un equilibrio complejo: la denuncia de la ingeniería electoral no puede quedar solo en palabras.
Lo que viene a partir de ahora es un pulso en el Parlamento. Con 33 diputados, Vox está en condiciones de forzar votaciones sobre reforma electoral, de impulsar comisiones de investigación o de endurecer la presión sobre el voto CERA. El PP, si quiere mantener la sintonía con Bambú, tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a acompañar una ofensiva que, hasta hace poco, consideraba demasiado radical. Y esa decisión, más que ninguna otra, definirá el mapa de alianzas futuras.
