El espionaje mediante Pegasus de teléfonos vinculados al Gobierno español se convirtió en uno de los episodios más graves de seguridad nacional de los últimos años. El caso afecta directamente a las comunicaciones del presidente Pedro Sánchez y de varios ministros y, según distintas investigaciones, apunta a Marruecos como posible responsable de los ataques. Sin embargo, conviene distinguir entre los hechos técnicamente acreditados —la infección de determinados terminales— y la atribución del ataque a los servicios marroquíes, que ha sido objeto de investigaciones y controversia.
Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group que permite tomar el control de un teléfono móvil sin que su propietario sea consciente de ello. Una vez instalado, el atacante puede acceder a mensajes, fotografías, correos electrónicos, contactos, documentos, llamadas y otra información almacenada en el dispositivo. En determinadas versiones también puede activar funciones del teléfono, como el micrófono o la cámara, convirtiendo el móvil en una herramienta de vigilancia prácticamente permanente.
En España, el Gobierno confirmó en mayo de 2022 que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles habían sufrido intrusiones con Pegasus. Posteriormente se informó de un ataque contra el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Parlamento Europeo recogió que los ataques contra Sánchez y Robles se produjeron entre mayo y junio de 2021 y que fueron considerados presuntamente procedentes de fuera de la Unión Europea.
Un espionaje capaz de entrar en el móvil sin dejar apenas rastro
La principal característica de Pegasus es precisamente aquello que lo convierte en una herramienta especialmente peligrosa para un Gobierno: no necesita que el objetivo sea consciente de que está siendo vigilado. Las técnicas empleadas por el software han permitido históricamente infectar dispositivos mediante vulnerabilidades de seguridad y, en determinadas versiones, incluso sin que el usuario tenga que abrir un enlace.
El alcance potencial de una infección de este tipo es enorme cuando el teléfono pertenece al presidente del Gobierno o a un ministro. Un móvil institucional no contiene únicamente conversaciones personales. Puede incluir contactos de altos funcionarios, documentos, fotografías de reuniones, agendas, desplazamientos, comunicaciones diplomáticas y referencias a asuntos de seguridad.
En el caso español, el Gobierno informó en 2022 de que Pegasus había extraído 2,6 gigabytes de información del teléfono de Pedro Sánchez y nueve megabytes del dispositivo de Margarita Robles. La Audiencia Nacional abrió entonces diligencias para investigar un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Por tanto, el problema no se limitaba a conocer conversaciones privadas. El verdadero riesgo estaba en que una potencia extranjera pudiera obtener información sensible sobre las decisiones del Ejecutivo español.
¿Por qué Marruecos aparece en el centro de la investigación?
La atribución a Marruecos procede de diferentes investigaciones periodísticas y análisis internacionales. El Parlamento Europeo señaló que un reportaje publicado en 2022 identificó a Marruecos como posible responsable del espionaje de más de doscientos teléfonos españoles. La propia Eurocámara también recogió que Marruecos había rechazado las acusaciones relacionadas con Pegasus.
La cuestión adquirió todavía mayor relevancia porque los objetivos españoles no eran únicamente políticos de segundo nivel. Entre los teléfonos afectados estaban los del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, dos de las figuras con mayor acceso a información estratégica del Estado.
Investigaciones más recientes han vuelto a poner el foco sobre los servicios de inteligencia marroquíes y sobre la forma en la que el país habría obtenido y utilizado Pegasus. No obstante, que existan indicios, investigaciones periodísticas o informes que apunten a Marruecos no equivale automáticamente a una sentencia judicial que haya establecido de forma definitiva la autoría.
La diferencia es importante porque el espionaje estatal es una cuestión especialmente sensible en las relaciones internacionales. Una atribución oficial de estas características podría implicar que un país aliado habría utilizado capacidades de inteligencia contra las máximas autoridades españolas.
El gran riesgo: conocer decisiones estratégicas antes de que se anuncien
Las consecuencias del espionaje pueden ser mucho más profundas que la filtración de una conversación. El principal peligro para España consiste en que un servicio de inteligencia extranjero pueda reconstruir cómo toma decisiones el Gobierno, qué información maneja y cuáles son sus prioridades.
Esto adquiere especial importancia en asuntos como Marruecos, el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla, la inmigración, la cooperación policial y la seguridad del Estrecho de Gibraltar. Si un Gobierno extranjero conoce con antelación las posiciones internas de Madrid, puede obtener una ventaja considerable durante una negociación o una crisis diplomática.
El espionaje también puede permitir identificar interlocutores, fuentes, funcionarios, asesores y canales de comunicación. Incluso información aparentemente irrelevante puede adquirir valor cuando se combina con otros datos obtenidos por servicios de inteligencia.
El caso tiene además una dimensión interna. El Parlamento Europeo consideró que el uso abusivo de programas espía podía poner en riesgo derechos fundamentales y reclamó investigaciones profundas y mayores garantías sobre su utilización.
Para España, el episodio obligó a revisar la protección de las comunicaciones de las máximas autoridades. La seguridad de los teléfonos móviles dejó de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un asunto de seguridad nacional.
Una crisis que también afecta a la relación entre España y Marruecos
El espionaje con Pegasus introdujo un elemento de enorme tensión en una relación bilateral que Madrid considera estratégica. España necesita cooperar con Marruecos en materias como control migratorio, lucha contra el terrorismo, seguridad fronteriza y tráfico de drogas, pero al mismo tiempo debe proteger sus propios intereses frente a cualquier actividad de inteligencia extranjera.
Ese es precisamente el dilema que deja Pegasus. Un país puede ser simultáneamente un socio indispensable y un potencial objetivo de inteligencia. La cooperación policial o migratoria no elimina la competencia entre servicios secretos.
Las consecuencias también alcanzan a la confianza política. Si un Estado sospecha que los teléfonos de sus máximos dirigentes han sido intervenidos por otro país, resulta inevitable introducir mayores cautelas en las conversaciones y en el intercambio de información.
El caso Pegasus demuestra así que el espionaje moderno ya no necesita agentes infiltrados ni documentos robados. Una vulnerabilidad en un teléfono puede proporcionar acceso a una parte extraordinariamente amplia de la actividad de un Gobierno.
Y esa es la principal lección para España: la protección de las comunicaciones de Sánchez, Robles y del resto de altos cargos no es únicamente una cuestión de privacidad. Es una barrera frente a la posibilidad de que una potencia extranjera conozca de antemano las decisiones políticas, militares y diplomáticas que afectan a los intereses estratégicos del Estado.
