La Audiencia Nacional envía a prisión al presidente de la estafa piramidal Sempi Gold investigada por la Guardia Civil

La magistrada Tardón aprecia riesgo de fuga por las cuentas en Italia, Reino Unido y Lituania, y destaca que el investigado continuó captando clientes tras ser detenido en 2022.

La Audiencia Nacional ha decretado este miércoles 1 de julio de 2026 prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros para Gabriel Ruiz Ramírez, presidente de la presunta estafa piramidal Sempi Gold, investigada por la Guardia Civil.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha ocurrido? La Audiencia Nacional ha ordenado prisión eludible para el máximo responsable de Sempi Gold, por su presunta implicación en una estafa piramidal con lingotes de oro falsos.
  • ¿Dónde y cuándo? La resolución judicial se conoce este 1 de julio de 2026. La investigación de la Guardia Civil se desarrolló en Madrid y Jerez de la Frontera.
  • ¿Qué resultado? Más de 3.500 afectados y un perjuicio superior a 50 millones de euros. La magistrada impone además una fianza de un millón de euros y mantiene las medidas cautelares.

La investigación de la Guardia Civil

La Guardia Civil inició las pesquisas a finales de 2020, cuando numerosos clientes dejaron de percibir los pagos prometidos por Sempi Gold. La empresa ofrecía inversiones en lingotes de oro con una rentabilidad estable cercana al 4%. Sin embargo, la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil comprobó que los lingotes eran piezas de hierro pintadas de amarillo, una falsificación que sustentaba una presunta estafa piramidal de gran escala.

Las actuaciones se concentraron en Madrid y Jerez de la Frontera, donde la organización había tejido un conglomerado de sociedades en España e Italia. La investigación, que se prolongó durante más de dos años, permitió identificar un sistema diseñado para dificultar la recuperación de los fondos. Según el auto de la magistrada María Tardón, el fraude afectó a más de 3.500 personas y causó un perjuicio que supera los 50 millones de euros.

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La decisión judicial y la continuidad delictiva

La Audiencia Nacional justifica la prisión provisional en la gravedad de los hechos, el elevado número de perjudicados y el riesgo de fuga del investigado. El auto destaca que Gabriel Ruiz Ramírez continuó con la actividad investigada incluso después de su primer arresto en febrero de 2022, manteniendo operativa la página web metalesdeinversion.com. La Guardia Civil corroboró que el sitio seguía captando inversores hasta que el juzgado ordenó su cierre, ejecutado el 15 de octubre de 2024.

Desde aquella detencion, 25 nuevos inversores han denunciado hechos posteriores similares, con un importe conjunto presuntamente defraudado de aproximadamente 320.000 euros. La existencia de cuentas bancarias en Italia, el Reino Unido y Lituania agrava el riesgo de que el investigado ocultase fondos en el extranjero, lo que incrementa la posibilidad de que eluda la acción de la justicia.

La orden de prisión, que contempla cuentas en tres países y nuevas víctimas incluso tras la primera detención, refleja el alcance de un fraude que la Guardia Civil ha conseguido desarticular por completo.

El Contexto Operativo

La operación se enmarca en una línea ascendente de lucha contra las estafas piramidales que la Guardia Civil viene reforzando en los últimos ejercicios. Según el informe anual de criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente a 2025, la Guardia Civil desarticuló 47 redes de fraude financiero, un 15% más que el año anterior, recuperando más de 200 millones de euros para los perjudicados. Estos datos confirman la eficacia de las unidades especializadas en delincuencia económica y su capacidad para hacer frente a tramas cada vez más complejas y transfronterizas.

El caso Sempi Gold evidencia cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado combinan investigación patrimonial, cooperación internacional y análisis de ciberactivos para desmontar esquemas fraudulentos que, como en este supuesto, combinaban publicidad engañosa, falsificación documental y ocultación de capitales en varios países. La resolución judicial abre ahora la puerta a una posible sentencia condenatoria que podría alcanzar los 8 años de prisión para el principal investigado, al tiempo que la Guardia Civil continúa analizando los flujos financieros para localizar a otros posibles responsables y reparar el daño causado a los inversores.