EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La ponencia del Congreso ha aprobado el dictamen de la proposición de ley que concede la nacionalidad española a los saharauis.
- ¿Quién está detrás? El PSOE y Sumar, con el respaldo de otros grupos de izquierda, han hecho valer su mayoría en la ponencia.
- ¿Qué impacto tiene? La medida podría beneficiar a unas 70.000 personas y salda una deuda histórica de España con el pueblo saharaui.
La ponencia encargada de debatir la proposición de ley presentada hace casi dos años y medio por Sumar ha aprobado este martes su dictamen con los votos del PSOE, Sumar y otros grupos de izquierda. El respaldo socialista a la iniciativa consolida un paso decisivo para saldar una deuda histórica con el pueblo saharaui, al que España abandonó sin cumplir sus obligaciones como potencia colonizadora durante los estertores del franquismo y los albores de la transición. El dictamen sale adelante mientras PP y Vox han votado en contra y Junts se ha abstenido, una posición que la derecha ha justificado con argumentos de control migratorio pero que, según fuentes socialistas consultadas por Moncloa.com, evidencia un alejamiento de los consensos en materia de derechos humanos.
La ley, que ahora pasa al siguiente trámite parlamentario, beneficiará a unas 70.000 personas de origen saharaui residentes en España, muchas de ellas en comunidades autónomas gobernadas o copresididas por el PSOE. La normativa reconoce el vínculo histórico y humano con un territorio que sigue sin ver resuelta su soberanía casi medio siglo después de la Marcha Verde, y coloca a España en sintonía con los principios de protección internacional de apátridas. En la ponencia, la mayoría progresista ha mostrado una unidad que contrasta con la fragmentación del bloque conservador: mientras PP y Vox han cerrado filas en el rechazo, Junts ha optado por la abstención, lo que en la práctica permite que la iniciativa avance sin nuevos bloqueos.
Una votación histórica: mayoría progresista frente al bloque de derecha
El dictamen ha contado con los votos del Grupo Parlamentario Socialista, el de Sumar y otras formaciones de izquierda presentes en el arco parlamentario. La iniciativa original data del año 2024, cuando Sumar registró la proposición de ley, y ha necesitado de varios meses de negociación para lograr el consenso necesario. El espaldarazo final del PSOE ha sido determinante: los nueve representantes del partido en la ponencia han votado a favor, lo que demuestra la voluntad del Ejecutivo de convertir la memoria democrática en una herramienta activa de reparación.
La cifra de potenciales beneficiarios —unas 70.000 personas— incluye a saharauis nacidos durante la administración colonial española y a sus descendientes. La ley sigue la estela de otras medidas de reconocimiento impulsadas en las últimas legislaturas, como la Ley de Memoria Democrática, y refuerza el perfil internacional de España como un país que asume su pasado para construir un futuro basado en derechos. «Es un acto de justicia histórica», ha señalado un portavoz del Grupo Socialista en declaraciones a esta redacción. «No hemos olvidado nuestra responsabilidad con un pueblo que confió en nosotros».
El rechazo de PP y Vox: una oposición sin argumentos frente a la justicia histórica
La derecha ha respondido con un bloqueo que, según fuentes socialistas, se apoyaba en argumentos jurídicos poco sólidos. Tanto PP como Vox han sostenido que la concesión masiva de nacionalidades podría generar un efecto llamada o colisionar con la legislación general de extranjería, pero la mayoría de los informes jurídicos que acompañan el dictamen —incluido el del propio Consejo de Estado— descartan tales riesgos. De hecho, la abstención de Junts, un grupo habitualmente exigente en materia migratoria, indica que las cautelas técnicas del proyecto eran perfectamente salvables.
En Ferraz interpretan el rechazo frontal de PP y Vox como una muestra más de la deriva de ambos partidos hacia posiciones alejadas de los consensos básicos de la democracia española. «Cuando se trata de derechos humanos, el bipartidismo que algunos añoran queda desenmascarado», señalan fuentes de la dirección federal. La sesión de la ponencia ha sido el escenario de un debate que trasciende lo parlamentario y conecta con uno de los últimos flecos pendientes de la descolonización española en África, un capítulo que la derecha prefirió sepultar durante décadas.
La derogación del silencio histórico frente al pueblo saharaui es ya un compromiso político con nombre y apellidos: PSOE.
El Eje del Poder Socialista
La votación en la ponencia del Congreso va mucho más allá de un trámite legislativo. Para el PSOE, apoyar la nacionalidad saharaui supone un movimiento estratégico en tres frentes: consolida su perfil de partido comprometido con los derechos humanos, tensa la cuerda con una oposición cada vez más aislada en el espectro internacional y refuerza los lazos con Sumar y los demás socios de investidura. En la cúpula del partido se lee este dictamen como un paso natural tras la regularización de migrantes y la apuesta por la acogida de refugiados: una línea coherente que distingue al Ejecutivo socialista del modelo restrictivo que aplican países gobernados por la derecha europea.
Desde el punto de vista territorial, la medida tendrá un impacto directo en las comunidades autónomas donde reside la mayor parte de la población saharaui en España. En territorios gobernados por el PSOE —como Canarias, Cataluña o Castilla-La Mancha—, los servicios sociales y de registro civil ya trabajan con un horizonte de miles de nuevas solicitudes que aportarán seguridad jurídica a familias que hoy viven en una situación administrativa precaria. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha sido uno de los primeros barones socialistas en celebrar el avance, al considerar que «las islas conocen mejor que nadie la herida histórica del Sáhara».
La lectura a medio plazo deja un reto para el Gobierno: la ley aún debe superar el debate en la Comisión de Justicia y, posteriormente, el Pleno del Congreso. La mayoría necesaria no está garantizada si Junts decide cambiar su voto de abstención por un no, algo que fuentes del Grupo Socialista confían en reconducir con diálogo. El PSOE sabe que este tipo de iniciativas movilizan tanto a la izquierda como a la derecha, y que en pleno ciclo preelectoral cualquier paso en falso puede ser utilizado por el adversario para intentar agitar el fantasma de la inmigración descontrolada. Sin embargo, en la dirección federal del partido consideran que el coste de no actuar sería mucho mayor: una oportunidad perdida para demostrar que la política de derechos humanos no se sacrifica en el altar del tacticismo parlamentario.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El PSOE reafirma su compromiso con los derechos humanos y la justicia histórica frente a una derecha que antepone cálculos políticos a la deuda con el pueblo saharaui.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: El texto pasará a debate en la Comisión de Justicia del Congreso y, posteriormente, al Pleno para su aprobación definitiva.
