La Guardia Civil ha quedado expuesta a una grave controversia interna después de que el jefe de su Estado Mayor, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, admitiera en sede judicial que carecía de respaldo jurídico para proponer una amonestación verbal contra un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaba los correos electrónicos de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La confesión, realizada ante el juez Santiago Pedraz en el marco del denominado caso Leire, desmontó la versión oficial que pretendía justificar la medida como un procedimiento garantista.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil ha reconocido ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 5 que propuso amonestar sin base legal al analista de la UCO que examinó los correos de la esposa del presidente.
- ¿Cuándo y dónde? La declaración se produjo en las diligencias testificales del caso Leire; los hechos investigados se remontan a diciembre de 2024 y la amonestación nunca se ejecutó.
- ¿Qué resultado? La admisión del general Sánchez Peláez evidencia que la propuesta de castigo fue una decisión personal, sin dictamen jurídico, y que las investigaciones de la UCO sobre el entorno del Gobierno estuvieron sometidas a una presión «no habitual».
La admisión que dinamita la cobertura legal
Durante su comparecencia como testigo, el general Sánchez Peláez fue interrogado directamente por la acusación sobre si disponía de un informe o dictamen que amparase la amonestación verbal que él mismo había incorporado en las conclusiones de la información reservada número 1/24 de Estado Mayor. La respuesta, según las fuentes consultadas, fue contundente: «No, lo propuse yo». Con estas cuatro palabras, el mando que ocupa la cúpula administrativa del instituto armado dejó sin efecto cualquier relato previo sobre garantías y procedimientos reglados.
La propuesta de amonestación surgió el 20 de diciembre de 2024, cuando el instructor del expediente —el propio general Sánchez Peláez— cerró la investigación sin hallar responsabilidad disciplinaria alguna en los miembros de la UCO. Pese a ello, en sus conclusiones añadió que se reprendiese verbalmente al analista de la Unidad Central Operativa por no haber tenido «más cuidado» al exponer los datos personales de Begoña Gómez. La medida fue rubricada por el Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, el 13 de enero de 2025.
Un expediente que nunca desembocó en sanción firme
El procedimiento disciplinario había nacido a raíz de la filtración —que la propia jefatura de Policía Judicial calificó de «error involuntario de la Autoridad Judicial»— de una captura de pantalla con tres correos electrónicos de enero de 2019 en los que Begoña Gómez empleaba una cuenta oficial de Presidencia del Gobierno para dirigirse a su cuñado. A pesar de que el entonces jefe de la UCO acreditó que la imagen procedía de un documento técnico generado automáticamente para una reunión con la magistrada de Badajoz, la cúpula de la Guardia Civil siguió adelante con la información reservada.
Sin embargo, la presión no se limitó a este expediente. Los mandos de la UCO que han declarado en la misma causa denunciaron que entre julio de 2024 y el inicio de 2025 se abrieron al menos tres informaciones reservadas contra el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN), un hecho que describieron como «excepcional» y orientado a «asustar» a los investigadores. En una de esas fechas, el 16 de julio de 2024, el propio DAO Manuel Llamas se desplazó a la sede de la UCO para ordenar a los agentes que se pusieran «de perfil» y no fueran «proactivos» en las causas con trasfondo político.
La amonestación verbal, no tipificada como sanción y nunca ejecutada en la práctica, dejó al descubierto la ausencia de cualquier cobertura normativa para una propuesta que el jefe del Estado Mayor asumió como iniciativa estrictamente personal.
Al ser preguntado si la medida estaba regulada, el general Sánchez Peláez reconoció que «no está tipificada como sanción». Cuando la acusación le recordó que él mismo había alardeado de las múltiples garantías del expediente —con un secretario instructor de perfil jurídico-militar— y le inquirió si bajo ese paraguas existía un dictamen jurídico que sostuviera la amonestación, el mando tuvo que admitir que carecía de soporte legal y que se trató de una decisión personal.
El contexto institucional
La Guardia Civil dispone de uno de los regímenes disciplinarios más rigurosos de las fuerzas de seguridad europeas. Según datos del Ministerio del Interior correspondientes al último ejercicio, los expedientes que concluyen sin fallo disciplinario representan una proporción elevada, y los casos en los que se propone una amonestación sin base normativa son absolutamente excepcionales. De hecho, la figura de la amonestación verbal no aparece recogida en el catálogo de sanciones de la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, lo que convierte la iniciativa del general Sánchez Peláez en un anomalía procedimental.
Las comparecencias judiciales han confirmado, además, que la amonestación nunca se hizo efectiva. El general Alfonso López Malo, jefe de la Jefatura de Policía Judicial, declaró que «nadie nos ha dicho que amonestemos a ningún guardia civil», lo que subraya que la propuesta quedó en papel mojado. En el balance global de actividad del instituto armado, las actuaciones de la UCO —con investigaciones de gran complejidad económica y anticorrupción— arrojan una media anual de más de 1.200 informes periciales que son validados sistemáticamente por los tribunales, lo que refleja la solidez habitual del trabajo de la unidad.
La Guardia Civil mantiene abiertos los cauces internos para la revisión de procedimientos y, desde el inicio de esta controversia, ha reforzado los protocolos de actuación de la Inspección General con el fin de que ninguna propuesta de sanción pueda tramitarse sin un dictamen jurídico previo. Las diligencias del caso Leire continúan y no se descarta que nuevas comparecencias aporten más luz sobre la cadena de presiones que, según los testigos, afectó a las pesquisas que rozaban al entorno del presidente del Gobierno.
