El Govern de la Generalitat contiene la respiración. La fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez amenaza con convertir en papel mojado la reforma del sistema de financiación singular para Cataluña, el principal activo de los pactos de investidura de Salvador Illa. Este 1 de julio, la consellera de Economía, Alícia Romero, se ha reunido con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, para intentar desbloquear los trabajos. Pero la sombra de un adelanto electoral planea sobre cada gesto.
El tiempo corre en contra de un presidente que, a pesar de sus llamamientos a la estabilidad, encadena derrotas en las urnas y presiones judiciales que minan su capacidad de maniobra. Los compromisos con Cataluña avanzan con cuentagotas, y aunque el Govern se resiste a hablar de urgencia, los dedos cruzados son cada vez más visibles.
El temor a que la legislatura no llegue a 2027
Desde el palacio de la Generalitat se insiste en que el horizonte sigue siendo completar la legislatura. La portavoz del Govern Sílvia Paneque ha afirmado este martes que «el horizonte del Govern, compartido con Sánchez, es el de completar la legislatura y seguimos trabajando con el mismo marco temporal». Paneque ha defendido que hay que continuar con las distintas tramitaciones según lo previsto, «antes de que termine la legislatura». Sin embargo, fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com admiten un ruido de fondo cada vez más intenso. El temor no es tanto a una ruptura inmediata como a una parálisis progresiva que deje los grandes acuerdos —financiación, Rodalies, vivienda— sin tiempo material para ser aprobados.
La fecha límite autoimpuesta es clara: la reforma de la financiación debe votarse en el Congreso antes de que finalice 2026 para que pueda entrar en vigor en 2027. Pero si el presidente no logra recomponer la mayoría de la investidura, el calendario se desmorona. Paneque insiste en que «hay tiempo hasta el verano del año que viene», pero en los pasillos del Parlament se respira otra cosa.
La reunión clave de este 1 de julio
La cita de esta tarde en Madrid entre Alícia Romero y Jesús Gascón se enmarca en la ronda bilateral que Hacienda mantiene con las comunidades para perfilar la propuesta. El acuerdo técnico entre Generalitat y Gobierno central está cerrado desde hace meses, pero la consellera ha reiterado el compromiso del Ejecutivo catalán con una reforma que, si sale adelante, supondrá un cambio histórico en la relación fiscal de Cataluña con el Estado.
Antes del verano se celebrará el Consell de Política Fiscal i Financera para concretar las reformas legales necesarias. El ministro Arcadi España ha asegurado este martes en el Senado que la propuesta «no está cerrada» y que hay margen para el diálogo con los grupos parlamentarios. Un gesto dirigido a Junts, cuyo voto en contra —por considerarla insuficiente— hace tambalear las cuentas del Gobierno. Todo dependerá de que Sánchez logre, de nuevo, una mayoría que hoy por hoy no tiene.
La reforma de la financiación singular es la joya de los pactos con Cataluña, pero su suerte está ligada a la supervivencia política de un presidente que no tiene los votos.
Los otros asuntos pendientes que dependen de Sánchez
Más allá de la financiación, la agenda catalana acumula promesas que llevan meses atascadas. El traspaso de Rodalies, especialmente de la línea R1, se despliega con lentitud. La creación de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, pactada con PSC y ERC, aún no ha concretado los espacios bilaterales con Aena para decidir sobre infraestructuras. El plan de vivienda —prioridad compartida de la legislatura— sigue a la espera de que el Gobierno central tenga capacidad de desplegarlo antes de que expire el tiempo.
La oficialidad del catalán en la Unión Europea, acordada con Junts, ha quedado enterrada cuando se acerca a los tres años de trabajo infructuoso. La paradoja es evidente: cuantos más frentes abre Sánchez, más depende de los grupos catalanes para sobrevivir, pero al mismo tiempo su debilidad le impide cumplir los plazos que ellos mismos exigen.
La confianza intacta y los dedos cruzados
A pesar de las dificultades, la confianza entre la Generalitat y Moncloa permanece formalmente intacta. El president Illa se reafirma en que «honrará los acuerdos suscritos», y la portavoz Paneque insiste en que no se contempla ninguna aceleración de calendarios. Pero fuentes del Govern reconocen que la dependencia de Sánchez de los votos de ERC y Junts introduce un factor de incertidumbre que ningún plan puede controlar.
El escenario más probable es que los presupuestos generales del Estado no salgan adelante, lo que dispararía las tensiones y podría precipitar elecciones anticipadas en la primavera de 2027. Si eso ocurre, la reforma de la financiación —y buena parte de los compromisos— quedarían en el aire. La mayoría de los acuerdos depende de una legislatura que hoy parece más frágil que nunca. En Palau cruzan los dedos para que la debilidad de Sánchez no termine por descarrilar uno de los pocos pactos que justifican la anomalía de un Govern presidido por un socialista en Cataluña.
