Sumar ha movido ficha este 1 de julio, coincidiendo con el undécimo aniversario de la Ley de Seguridad Ciudadana. El grupo parlamentario, a través de Compromís, exige al PSOE que reactive la tramitación de la reforma congelada desde hace más de un año por los vetos cruzados de PNV y Podemos. La formación que capitanea Yolanda Díaz busca así arrancar a los socialistas un compromiso firme tras meses de bloqueo discreto.
La ponencia que debía alumbrar el nuevo texto no se ha reunido ni una sola vez en 2026. Fuentes de la negociación reconocen que «está congelada» y que los intercambios de documentos apenas han servido para acercar posiciones. El atasco amenaza con convertir la derogación de la norma más denostada por la izquierda en una promesa incumplida por segunda legislatura consecutiva.
El bloqueo legislativo de la ley mordaza
La reforma arrancó a finales de 2024 con un pacto entre el Gobierno y EH Bildu que retomaba las bases del texto frustrado en 2023. En octubre de ese año, el Congreso tomó en consideración la proposición de ley con los votos del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y el propio PNV, y a pesar del rechazo de PP, Vox y UPN. El calendario se aceleró hasta el cierre de enmiendas en diciembre de 2024, pero ahí se detuvo todo.
El principal escollo es la pugna entre los nacionalistas vascos. El PNV se ha plantado ante la rebaja de sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad. Su propuesta de enmienda mantiene como infracciones graves esas conductas, mientras que el texto inicial las convertía en leves, con multas máximas de 600 euros. Ese forcejeo explica, en parte, que la ponencia no haya echado a andar.
El PNV no está dispuesto a desdibujar el principio de autoridad, y Podemos exige prohibir ya las pelotas de goma. Sumar quiere una ponencia cerrada que no dé excusas al PSOE.
Podemos tampoco facilita la salida. El partido de Ione Belarra considera demasiado tibios los acuerdos alcanzados por el Gobierno con EH Bildu sobre el material antidisturbios y las devoluciones en caliente. Los morados reclaman un plazo concreto para retirar las pelotas de goma y una prohibición expresa de los rechazos en frontera, un punto que el PSOE siempre ha considerado materia de otra ley.
La presión de Compromís y los vetos cruzados
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís integrado en Sumar, aprovechó la reciente agresión policial a una docente jubilada en València para forzar al PSOE. Reclamó «cumplir» la promesa de derogar la ley mordaza y pidió a los socios «evitar vetos cruzados» que bloqueen la reforma. Compromís quiere llevar al PSOE un texto ya cerrado entre todos los grupos de la investidura, para que los socialistas no puedan seguir escondiéndose tras las discrepancias ajenas.
La estrategia de Sumar pasa por incrementar la presión pública mientras el Gobierno languidece en un clima político enrarecido por el caso Leire y la imputación del expresidente Zapatero. En los últimos meses, el PSOE se había puesto de perfil, pero fuentes de la negociación han percibido un cambio: el Ejecutivo necesita buenas noticias legislativas y la reforma de la ley mordaza es de las pocas que, hoy por hoy, podría reunir los apoyos necesarios.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, la iniciativa de Compromís no genera grandes fricciones. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es un mínimo común de todos los confluentes —IU, Más Madrid, los comunes— y no plantea disputas identitarias. Sin embargo, el hecho de que sea Compromís quien tome la voz cantante subraya la necesidad de la coalición de encontrar perfiles con iniciativa propia ante el silencio del PSOE.
En la dimensión de Gobierno, la presión de Sumar es un test para la salud de la coalición. Con 31 escaños, el grupo plurinacional no puede permitirse que la reforma encalle definitivamente. Si el PSOE decide mover ficha, será porque necesita demostrar que la mayoría de la investidura sigue viva. Eso obligaría a un acuerdo a varias bandas que, a día de hoy, exige que PNV y EH Bildu aparquen su pulso y Podemos rebaje sus exigencias. El precedente de 2023, cuando ERC y EH Bildu tumbaron la reforma por considerarla insuficiente, es un aviso de que el diablo está en los detalles.
La próxima ventana de oportunidad se abre tras el verano, si el PSOE consigue desatascar la ponencia antes de que termine el periodo de sesiones. Para Sumar, desencallar la ley mordaza sería un tanto político de primer orden en un momento en que la corrupción amenaza con monopolizar el debate público. Pero para lograrlo necesita que todos sus aliados renuncien a sus vetos particulares. Y eso, como demuestran once años de vigencia de la norma, nunca ha sido sencillo.
Ficha del Caso
- El caso: La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 lleva más de un año bloqueada en el Congreso por los desacuerdos entre los socios de investidura, especialmente entre PNV y EH Bildu, y el veto parcial de Podemos.
- Datos importantes: 31 escaños de Sumar en el Congreso; la ponencia no se ha reunido en 2026; la proposición de ley fue tomada en consideración en octubre de 2024 con 178 votos a favor.
- Resumen: Sumar, a través de Compromís, presiona al PSOE para que reactive una tramitación que podría dar al Gobierno un triunfo legislativo, pero que exige resolver los vetos cruzados de sus propios aliados.
