EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Bruselas presenta el 15 de julio un paquete de reformas para impulsar la competitividad europea: ‘Made in Europe’ (compras públicas), plan de electrificación y una hoja de ruta para la unión bancaria.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, bajo la presidencia irlandesa del Consejo, con la vicepresidenta Teresa Ribera liderando el plan energético.
- ¿Qué impacto tiene? Fija plazos para cerrar todas las leyes económicas antes de final de año; China amenaza con represalias si el ‘Made in Europe’ impone condiciones rígidas a sus empresas.
Irlanda ha estrenado la presidencia semestral de la UE con una obsesión: la competitividad. La Comisión Europea prepara para el 15 de julio un paquete de reformas que aborda desde las compras públicas hasta la unión bancaria, en un intento de cerrar la brecha con Estados Unidos y China antes de que la legislatura expire.
Un calendario comprimido: octubre como línea roja
El semestre irlandés hereda una hoja de ruta detallada, acordada bajo la presidencia chipriota con el nombre de ‘Una Europa, un Mercado. El objetivo: aprobar todas las piezas pendientes de legislación económica antes de que acabe el año. Entre los expedientes figuran la Unión de Ahorro e Inversión, la ley de ciberseguridad, el euro digital y la controvertida ley de aceleración industrial, conocida como ‘Made in Europe’.
Esta última carpeta es espinosa: pretende imponer condiciones más estrictas a las empresas extranjeras que quieran acceder a la contratación pública y a las inversiones en la UE. Según fuentes del Consejo, una de las medidas sobre la mesa es condicionar las inversiones a que se realicen en sectores estratégicos europeos. También se baraja fijar un porcentaje mínimo obligatorio de producción por parte de empresas y pymes comunitarias en proyectos industriales prioritarios. China ya ha amenazado con represalias si la norma le cierra puertas.
Para cumplir el plazo, los Veintisiete deben alcanzar un acuerdo en el Consejo como muy tarde en octubre, lo que dejaría apenas dos meses al Parlamento para negociar enmiendas. La discusión se centra en si los criterios de inversión serán obligatorios o flexibles y en cómo evitar que perjudiquen a otros socios comerciales.
El 15 de julio: descarbonización, energía y banca
Ese día, la Comisión lanzará tres paquetes de calado. El primero revisa el régimen de comercio de emisiones para alinearlo con el objetivo climático de reducir un 90% las emisiones para 2040. La medida expone las divisiones entre estados: España, Portugal y los nórdicos presionan para no relajar la normativa, mientras que Italia y Alemania reclaman una suspensión de los derechos gratuitos de emisión para varias industrias, incluida la eléctrica.
En paralelo, la vicepresidenta Ribera presentará un paquete energético con el plan de electrificación y la revisión de los peajes de red. La iniciativa busca elevar el peso de la electricidad en el consumo energético europeo del 23% actual al 32% en 2030, acelerando la electrificación del transporte, la industria y los edificios mediante más renovables e inversiones en redes.
El tercer bloque es el informe que servirá de base para la gran reforma bancaria, pensada para reducir la dependencia financiera exterior. Incluirá medidas para facilitar las operaciones transfronterizas, la circulación de capital y liquidez entre países y la gestión de quiebras. El informe Draghi ya calculó que la UE necesita 800.000 millones de euros adicionales al año para cerrar la brecha inversora, una cifra que algunos estudios elevan hasta los 1,4 billones.
La competitividad ya no es un debate académico: el 15 de julio Bruselas pone sobre la mesa las fichas con las que Europa aspira a jugar en la nueva geopolítica industrial.
El Eje del Poder Europeo
El paquete del 15 de julio es la traducción legislativa de una pugna soterrada entre bloques. Alemania e Italia, con economías muy industriales, temen que una descarbonización acelerada sin salvaguardias lastre su competitividad; por eso piden flexibilidad en los derechos de emisión. Frente a ellos, España, Portugal y los nórdicos consideran que diluir la ambición climática es un error estratégico que entregaría ventajas a China y EEUU, que ya avanzan en tecnologías limpias.
Para España, las implicaciones son directas. La apuesta por la electrificación encaja como un guante en su modelo energético, donde las renovables representan ya más del 50% de la generación. Empresas como Iberdrola, Endesa o Acciona llevan meses pidiendo a gritos un marco regulatorio que acelere la demanda eléctrica. Además, la presidencia irlandesa, proclive a los intereses del capital digital y financiero, podría facilitar una unión bancaria que elimine barreras transfronterizas, algo que la banca española sigue con atención: Santander y BBVA se beneficiarían de una mayor integración, pero también temen una supervisión más centralizada y la mutualización de riesgos con las entidades del norte.
La sombra de China planea sobre el Made in Europe. Pekín ha dejado claro que responderá si la UE cierra el grifo de la contratación pública. La batalla será en octubre, cuando los ministros deban decidir si los criterios de producción europea son vinculantes o meramente orientativos. Una decisión demasiado rígida podría desatar una guerra comercial con el gigante asiático; demasiado laxa, vaciaría el propósito de la ley.
El riesgo más inmediato es que el calendario descarrile. Con 27 voces, alcanzar un acuerdo en octubre es una quimera si algún estado miembro bloquea por intereses nacionales. Y, aunque se logre, quedan apenas dos meses para la negociación parlamentaria. Así ocurrió con el Reglamento de Inteligencia Artificial, cuyo trílogo tardó el doble de lo previsto. La diferencia es que ahora no hay margen: si el paquete no está cerrado en diciembre, la legislatura terminará sin haber cumplido el mandato. La próxima cumbre del Consejo Europeo de otoño será la prueba de fuego.
