EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El exconcejal de Hacienda Toni Gallego ha declarado en las Corts que la exedil de Urbanismo Rocío Gómez le confesó en julio de 2024 tener una VPO en Les Naus.
- ¿Quién está detrás? El PP de Alicante, con el alcalde Luis Barcala en el foco, y la oposición de Compromís y PSPV exigiendo responsabilidades.
- ¿Qué impacto tiene? La revelación desmonta la versión de Barcala y coloca al primer edil al borde de una moción de censura o una dimisión forzada.
El testimonio, prestado ayer jueves en la comisión de investigación de las Corts Valencianes (el parlamento autonómico), ha hecho saltar por los aires la línea de defensa del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Gallego aseguró que Rocío Gómez —entonces edil de Urbanismo— le pidió instantes antes de un pleno municipal de julio de 2024 que respondiera él a una pregunta sobre la urbanización Les Naus porque ella tenía allí una vivienda de protección pública. “Me dijo que era todo legal, que el piso era de antes de entrar en política”, relató el exconcejal.
La declaración coloca a Barcala en una situación insostenible: hasta ahora el alcalde había mantenido que no supo que Gómez era beneficiaria de una VPO hasta enero de 2025, cuando estalló el escándalo. La nueva versión sugiere que su equipo de gobierno conocía los hechos seis meses antes y, lo que es más grave, que la propia concejal intentó ocultar su implicación durante un acto oficial.
La reclamación de dimisión que ya está sobre la mesa
La oposición no ha esperado ni 24 horas. El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha exigido “la dimisión inmediata” del alcalde y ha anunciado que, si Barcala no la presenta, llevará la petición al próximo pleno. “Las informaciones conocidas en la comisión de investigación corroboran que el equipo de gobierno sabía que Gómez era cooperativista”, ha señalado Mas, recordando que la polémica arrancó precisamente con una pregunta de su formación en aquel pleno de julio de 2024.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, registrará un escrito para convocar una sesión urgente y extraordinaria de la comisión municipal que examina el caso. El PSPV quiere que Barcala dé “todas las explicaciones necesarias” tras la comparecencia de Gallego. La presión se ha disparado porque la exedil Rocío Gómez dimitió al conocerse las irregularidades y ya está imputada por la juez que instruye el caso.
La declaración de Gallego deja a Barcala ante una disyuntiva cruel: o sabía antes de lo que dijo y mintió, o no controlaba a su propio equipo.
Las adjudicaciones de las VPP de Les Naus, construidas sobre una parcela municipal enajenada, han estado bajo sospecha desde hace meses. La comisión de las Corts, que ahora suma el testimonio de Gallego, ha puesto de manifiesto que varios cargos del PP conocían la adjudicación a Gómez mucho antes de lo admitido oficialmente. La pregunta que se hace la oposición es qué más sabía el consistorio y, sobre todo, cuándo lo supo.
El Escenario Valenciano
El caso Les Naus trasciende la política municipal alicantina y sacude al conjunto del PP en la Comunitat Valenciana. Barcala es uno de los alcaldes populares con más peso orgánico, y su debilitamiento llega en un momento delicado para el presidente Carlos Mazón, que sostiene el pacto con Vox en la Generalitat mientras lidia con la lentitud de la reconstrucción de la DANA. La oposición autonómica —PSPV y Compromís— no tardará en trasladar la presión a las Corts: cualquier sombra de corrupción resuena con fuerza en un ejecutivo que se autodefinió como el de la “regeneración”.
En clave nacional, el escándalo añade un nuevo frente al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que observa cómo los casos de presunta corrupción en feudos tradicionales complican su estrategia de oposición al Gobierno de coalición. Con el Congreso de los Diputados ya enfilando el debate presupuestario, cada episodio de este tipo resta capital político y da argumentos a quienes piden más controles sobre la gestión local de los fondos públicos, incluidos los que nutren la reconstrucción post-DANA. La próxima jugada será la comparecencia de Barcala ante la comisión municipal: si no aclara las contradicciones, el pleno extraordinario que exigen Compromís y PSPV podría convertirse en una moción de censura real.
Ficha del Caso
- El caso: Las adjudicaciones de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus de Alicante salpican al PP municipal desde que se supo que la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, era beneficiaria de una de esas VPO. El exconcejal Toni Gallego acaba de declarar que lo supo en julio de 2024, antes de lo que dijo el alcalde Barcala.
- Datos importantes: La parcela de Les Naus era suelo municipal enajenado. Gómez dimitió y está imputada. Gallego afirma que ella le pidió que respondiera a una pregunta sobre el residencial para ocultar su vinculación. Compromís y PSPV exigen la dimisión del alcalde.
- Resumen: La declaración de Gallego desmonta la cronología que defendía Barcala y abre la puerta a una crisis institucional en Alicante que ya tiene eco en la Generalitat y en la política nacional.
