EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Autoridad Portuaria de Las Palmas ignora desde hace tres meses la solicitud de Puertos del Estado para revisar de oficio el nombramiento de su director, Francisco Trujillo, por un posible vicio en su contratación inicial.
- ¿Quién está detrás? El exfuncionario José Fernández, ingeniero de Caminos y ex director general de Costas, denunció que Trujillo fue contratado en 2008 sin los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y que no hay expediente que lo acredite.
- ¿Qué impacto tiene? La inacción revela una falta de control de Puertos del Estado sobre los organismos portuarios, a pesar de ser el ente público responsable de los puertos de interés general.
El silencio es la única respuesta que ha recibido hasta ahora el organismo estatal Puertos del Estado. La Autoridad Portuaria de Las Palmas, encargada de gestionar uno de los puertos con mayor tráfico de contenedores del Atlántico medio, no ha contestado en tres meses a un requerimiento formal para que revise de oficio el nombramiento de su director, Francisco Trujillo. El origen de la polémica se remonta a 2008, cuando Trujillo –según la denuncia presentada por José Fernández, antiguo alto cargo del propio puerto y ex director general de Costas– accedió a la condición de empleado público sin que exista un expediente que cumpla con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que exige el Estatuto Básico del Empleado Público. La ausencia de ese documento vicia, de raíz, todo el proceso posterior que le llevó a la dirección.
Fernández, ingeniero de Caminos jubilado, elevó su reclamación a Puertos del Estado el pasado 29 de marzo. El ente estatal –responsable de coordinar y controlar la eficiencia de los puertos de interés general– le notificó por correo electrónico que había trasladado el asunto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Pero desde entonces, el silencio ha sido absoluto. Tres meses después, el denunciante no ha recibido notificación alguna sobre la incoación del procedimiento de revisión de oficio que recoge la Ley 39/2015.
En un nuevo escrito remitido el 2 de julio, Fernández urgió de nuevo a Puertos del Estado a que ejerza su función supervisora. «La Autoridad Portuaria no me ha dado respuesta ni ha dictado resolución sobre las actuaciones previas», reza el documento, al que ha tenido acceso esta redacción. El exdirector de Costas acusa al organismo de comportarse como si las normas no le alcanzaran, y recuerda a Puertos del Estado que fue precisamente ese ente el que promovió una auditoría en la Fundación Puertos de Las Palmas, donde se detectaron irregularidades análogas en la contratación de su gerente, Betsabé Morales. «Si se revisó aquello, también debe revisarse lo del director», insiste.
La brecha de control y el paralelismo con la Fundación
La auditoría a la Fundación Puertos de Las Palmas, encargada de la promoción y el desarrollo de actividades culturales y deportivas vinculadas al puerto en el seno mismo del del organismo, reveló que la contratación de Morales también incumplió los principios de publicidad y mérito. En ambos supuestos, el vicio de origen es el mismo: se prescindió de los procedimientos legales para colocar a personas de confianza en puestos que exigen una selección transparente. La diferencia es que en el caso de la Fundación sí hubo un requerimiento y una revisión, mientras que en el del director de la Autoridad Portuaria, el silencio se ha convertido en norma. La situación pone de relieve un problema estructural: Puertos del Estado puede pedir, pero carece de potestad para imponer una revisión de oficio a una autoridad portuaria que goza de personalidad jurídica propia.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas actúa como si las normas no le afectaran, mientras Puertos del Estado carece de mecanismos para obligarla a cumplir la ley.
El Pulso Territorial
El mutismo administrativo sobre el director del puerto de Las Palmas es la última muestra de una tensión recurrente entre la Administración General del Estado y los órganos de gestión portuaria del archipiélago. Canarias cuenta con dos autoridades portuarias –Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife– que mueven conjuntamente más de 30 millones de toneladas de mercancías al año y son la puerta de entrada de millones de turistas, lo que les confiere una notable autonomía de gestión. La Autoridad Portuaria de Las Palmas, en concreto, opera bajo la tutela del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pero su personalidad jurídica propia le permite tomar decisiones con un alto grado de independencia. En el terreno político, el Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) con apoyo del PP, no se ha pronunciado oficialmente, aunque fuentes del ejecutivo autonómico admiten que el caso «es un asunto del Estado que debe resolverse en el ámbito de Puertos del Estado». La ausencia de una respuesta rápida al requerimiento estatal podría forzar al denunciante a acudir a la vía contencioso-administrativa, único cauce que le quedaría si la parálisis se mantiene. Mientras, el director sigue en su puesto, sin que ningún expediente oficial acredite los méritos que le llevaron a él.
Ficha Autonómica
- El caso: La Autoridad Portuaria de Las Palmas ignora desde hace tres meses la petición de Puertos del Estado para revisar el nombramiento de su director, Francisco Trujillo, por una posible ilegalidad en su contratación inicial. La denuncia la presentó el exfuncionario José Fernández, quien ha logrado que la entidad admita que no existe expediente que avale aquella contratación.
- Datos importantes: Trujillo fue contratado como empleado público en 2008 sin los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, según la denuncia. Puertos del Estado pidió la revisión de oficio el 29 de marzo, pero no ha obtenido respuesta. El caso coincide con irregularidades detectadas en la contratación de la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas.
- Resumen: El director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas permanece en el cargo pese a las dudas sobre la legalidad de su acceso a la función pública. La falta de respuesta al requerimiento estatal y la aparente incapacidad de Puertos del Estado para imponer la revisión de oficio evidencian un vacío de control sobre los organismos portuarios, que podría desembocar en una batalla judicial.
