La directora del centro de día de Picanya salvó a 35 usuarios al cerrar las instalaciones por la alerta roja, a pesar de que la Policía Local no dio la orden.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La directora del centro de día de Picanya para personas con demencia ha testificado ante la jueza de la DANA que decidió cerrar el centro el 29 de octubre de 2024 al ver la crecida del barranco del Poyo.
- ¿Quién está detrás? La responsable del centro, que depende de un concierto de la Generalitat Valenciana, actuó por iniciativa propia sin orden de la Policía Local ni aviso de la Conselleria.
- ¿Qué impacto tiene? Su decisión evitó que 35 usuarios, ancianos con demencia, quedaran atrapados. En el mismo recinto, ocho residentes de viviendas públicas de la Generalitat murieron arrastrados por la riada.
Una decisión que salvó 35 vidas
“Si nos hubiéramos quedado estaríamos muertos”. Así de contundente se ha mostrado este mismo viernes la directora del centro de día de Picanya ante la jueza instructora del caso DANA en Catarroja. La mujer, que gestiona un recurso para personas con demencia situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, explicó que el 29 de octubre de 2024 tomó la decisión de cerrar sin que nadie se lo ordenara.
No fue la Policía Local ni ninguna conselleria quien le urgió a evacuar. Fue su propia intuición y la observación directa del barranco lo que la llevó a actuar. “Vi mucha agua en el barranco del Poyo, aunque allí no había llovido”, declaró, según fuentes conocedoras de la testifical. A eso se sumó la alerta roja por lluvia que ya había llevado al cierre de los colegios.
La directora adelantó el cierre “por la crecida del barranco y por la alerta roja”. No lo hizo porque pensase que una riada catastrófica era inminente. “No podía pensar que eso iba a pasar”, aseguró. Fue una cuestión “logística” para que los familiares pudieran recoger a los usuarios antes de que fuera tarde. El reloj corría más rápido que los avisos oficiales.
Cuando las alertas fallan: el correo que llegó tarde
La testigo reconoció que recibió un correo electrónico de la Generalitat con el aviso de alerta, pero que lo vio “a los días”. Para entonces, el agua ya había arrasado el recinto. El centro de día se encuentra en un conjunto de viviendas públicas para mayores gestionadas por la Administración autonómica. Ocho ancianos murieron en esas viviendas cuando el barranco del Poyo se desbordó.
El contraste entre las dos realidades –35 vidas salvadas frente a ocho pérdidas irreparables– dibuja una fractura en el sistema de protección civil. Mientras la directora confió en sus ojos y en la meteorología, los canales institucionales se mostraron insuficientes. La tarde del 29 de octubre, en muchos municipios valencianos, la única alerta efectiva fue la que corrió de boca en boca.
La directora del centro de día no esperó a un aviso; fue su propia mirada la que puso a salvo a 35 ancianos.
La investigación judicial, que dirige el juzgado de Catarroja, acumula testimonios que contradicen la versión de un operativo coordinado. El relato de esta testigo añade un nuevo elemento: la desconexión entre los protocolos sobre el papel y la urgencia real en el terreno. Las alertas llegaron cuando ya era demasiado tarde.
El Escenario Valenciano
La declaración ante la jueza de la DANA se produce en un clima político tenso. El Consell de Carlos Mazón (PP) y sus socios de Vox han defendido que las alertas se emitieron en tiempo y forma, pero los testimonios acumulados dibujan otra realidad. La oposición –PSPV y Compromís– exige depurar responsabilidades más allá de los cargos técnicos. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene un perfil bajo sobre la gestión autonómica, pero en el Congreso de los Diputados ya se han presentado preguntas sobre el funcionamiento del sistema de emergencias ante catástrofes naturales.
Desde una perspectiva nacional, la DANA de 2024 ha abierto un debate sobre la necesidad de un protocolo de alertas homogéneo para toda España. Hasta ahora, cada comunidad autónoma decide cuándo y cómo avisa a la población, algo que expertos en protección civil consideran un riesgo. El testimonio de la directora de Picanya, que actúo por instinto y no por indicación oficial, es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando esa cadena falla. El plan de reconstrucción, con fondos estatales y europeos aún pendientes de ejecutar en su totalidad, se convierte así en una promesa entre escombros.
La investigación judicial avanza con la previsión de que en los próximos meses se amplíen las imputaciones. La jueza de Catarroja sigue recabando pruebas que aclaren por qué, en un día con aviso rojo de AEMET, la comunicación institucional no salvó más vidas. Las respuestas llegarán, previsiblemente, antes de que finalice el año.
Ficha del Caso
- El caso: La directora de un centro de día para personas con demencia en Picanya cerró las instalaciones el 29 de octubre de 2024 por la crecida del barranco del Poyo, salvando a 35 usuarios. Su testifical ante la jueza de la DANA evidencia fallos en las alertas institucionales.
- Datos importantes: 230 fallecidos en total por la DANA, 8 de ellos en viviendas públicas cercanas al mismo centro. La Generalitat envió un correo de alerta, pero la testigo lo vio días después. El centro depende de un concierto autonómico.
- Resumen: La falta de una orden de evacuación a tiempo contrasta con la iniciativa personal de una trabajadora que, guiada por su observación, evitó una tragedia mayor. El sistema de alertas sigue bajo investigación judicial.
