EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza del caso Les Naus ha citado a dos altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante para el 16 de julio y ha reclamado documentación completa sobre la licitación de la parcela de VPO.
- ¿Quién está detrás? La instructora del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, a petición de la Fiscalía y la acusación popular del PSPV-PSOE.
- ¿Qué impacto tiene? La investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de vivienda protegida se acerca a la cúpula municipal, con el alcalde Luis Barcala en el punto de mira.
La jueza que instruye el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en el residencial Les Naus ha dado un nuevo impulso a la causa. En una providencia, la magistrada ha citado como testigos al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante y al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, a la vez que ha requerido al consistorio más documentación sobre la licitación de la parcela.
La resolución sitúa la doble comparecencia el próximo 16 de julio. Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas, vicesecretario municipal, y Manuel Ángel Baltar Fitera, jefe de Disciplina Urbanística, declararán ante la instructora. Baltar Fitera, que fue asesor del PP en la etapa de Luis Díaz Alperi antes de ganar la plaza de funcionario, está llamado a arrojar luz sobre los expedientes que revisó el servicio que dirige.
Nuevas citaciones para el 16 de julio
La instructora acepta así la petición de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE, que solicitaban la comparecencia de ambos empleados municipales. Fuentes jurídicas consultadas por este medio indican que la declaración de Ruiz-Valdepeñas se centrará en los informes que la vicesecretaría emitió sobre el procedimiento de enajenación del suelo urbano con destino a VPO.
El escenario es delicado para el equipo de gobierno del popular Luis Barcala. La imputación de cargos técnicos de alto nivel acerca la investigación a los despachos de la planta noble del ayuntamiento, en un momento en que el PP local trata de desmarcarse de las decisiones administrativas que rodearon a la operación Les Naus.
La justicia pide cuentas al Ayuntamiento de Alicante justo cuando el calendario electoral empieza a marcar los tiempos políticos.
Documentación pendiente y los expedientes de averiguación
Junto a las citaciones, la magistrada ha requerido a los servicios jurídicos del consistorio el contenido completo de los expedientes de averiguación de hechos cuya iniciación ya constaba en la causa. Hasta ahora solo se había aportado un documento de la vicesecretaría que acreditaba su apertura, pero la jueza quiere ahora todos los informes de conclusiones del instructor de esos expedientes.
El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por Luis Barcala (PP), dispone de 10 días naturales para remitir la documentación. Fuentes municipales no han querido hacer declaraciones sobre el plazo ni sobre la comparecencia de los dos funcionarios, aunque aseguran que se colaborará con el juzgado.
La investigación sobre Les Naus, que en enero provocó la dimisión de la concejal de Vivienda tras detectarse un incremento patrimonial de casi 170.000 euros, se adentra ahora en el núcleo de la gestión administrativa. Las diligencias tratan de esclarecer si hubo irregularidades en la licitación de una parcela de suelo urbano con destino a viviendas de protección oficial y especial, en una operación que dejó beneficiarios bajo sospecha.
El Escenario Valenciano
El caso Les Naus es la última pieza de una larga secuencia de sumarios que rozan al PP en la Comunitat Valenciana, lo que mantiene a la dirección regional en alerta. Mientras Carlos Mazón apuntala su pacto con Vox en la Generalitat, los focos sobre el consistorio alicantino incomodan a un partido que intenta proyectar una imagen de gestión impecable tras la DANA. El PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, ha encontrado en este caso un altavoz nacional para insistir en la falta de transparencia del PP municipal, un discurso que conecta con la estrategia de Pedro Sánchez de señalar las contradicciones del centro-derecha en el ámbito local.
La proyección del caso depende ahora de lo que ocurra el 16 de julio. Si las declaraciones de los testigos y la nueva documentación desvelan más implicados, el sumario podría acelerarse justo cuando el ciclo electoral de 2027 empieza a dibujarse en el horizonte. Los votantes de Alicante, la segunda ciudad de la Comunitat, observan una investigación que nace de una vivienda protegida pero que puede cambiar la percepción sobre toda una administración.
La justicia, por el momento, sigue recabando información. Y en este caso, cada papel que llega al juzgado dibuja con más nitidez la silueta de las responsabilidades.
Ficha del Caso
- El caso: El escándalo de las VPO de Les Naus investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de una parcela de suelo urbano en Alicante para vivienda protegida. Una exconcejal dimitió tras un aumento patrimonial de 170.000 euros.
- Datos importantes: La jueza cita al vicesecretario y al jefe de Disciplina Urbanística el 16 de julio. Requiere al ayuntamiento los expedientes de averiguación completos en un plazo de 10 días. La acusación popular la ejerce el PSPV-PSOE.
- Resumen: La investigación judicial alcanza a altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y reclama documentación clave sobre la polémica licitación de vivienda protegida. El calendario político y electoral añade presión a la causa.
