EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fundación César Manrique ha publicado un estudio que califica de ‘neoextractivista’ el actual modelo de implantación de energías renovables en Lanzarote.
- ¿Quién está detrás? El informe, elaborado por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, recoge las preocupaciones de todos los sectores de la isla.
- ¿Qué impacto tiene? Propone repotenciar los parques existentes, frenar la ocupación de suelo agrícola y avanzar hacia un modelo de propiedad pública y participación ciudadana.
Lanzarote necesita renovables, pero no a cualquier precio. La Fundación César Manrique ha presentado esta semana un estudio que califica de ‘neoextractivista’ el actual despliegue eólico y fotovoltaico en la isla, y urge a una transición energética que respete las singularidades del territorio y no hipoteque el futuro de sus habitantes.
El informe, elaborado a lo largo de año y medio por el Grupo de Bioeconomía de la Universidad de Santiago de Compostela, recoge las voces de pescadores, agricultores, científicos, empresarios y colectivos ecologistas. Todos coinciden en un diagnóstico: la transición ecológica es innegable, pero Lanzarote es un territorio frágil que necesita una planificación adaptada a sus particularidades. La coordinadora del equipo, Rosa María Regueiro Ferreira, lo resume con claridad: «Volvemos a aplicar en el ámbito renovable lo mismo que hemos aplicado en el fósil».
La reciente aprobación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote ha encendido las alarmas. Los mapas reservan un 3,75% del suelo insular para grandes instalaciones, cuando para cumplir los objetivos energéticos bastaría con un 0,23%. El 73,67% del suelo catalogado como ZAR es de protección agraria, lo que para los investigadores supone «hipotecar la capacidad de la isla para producir alimentos».
El problema del agua añade otra capa de complejidad. Lanzarote pierde más de la mitad del agua desalada por las fugas en la red, y el sector turístico consume el 44,5% del total, muy por encima del 4,1% que corresponde a la agricultura. «¿Cómo van a ponerse al frente de una expansión agraria si no tienen garantizado el agua?», traslada Regueiro. Reducir esas pérdidas, insiste el informe, permitiría bajar la demanda energética «sin instalar un solo aerogenerador».
En el mar, dos proyectos de eólica marina avanzan sin estudios suficientes sobre el fondo marino ni sobre la pesca. Ocean Winds y Capital Energy promueven sendos parques con aerogeneradores de 247 metros de altura —apenas 70 metros menos que la Torre Eiffel— situados a menos de dos kilómetros de la costa, la distancia más corta de toda la ordenación marítima española. Los pescadores del norte temen, además, una mayor presión sobre la Reserva Marina de La Graciosa.
La transición ecológica es innegable, pero no puede hacerse de espaldas a la población que habita el territorio. Lanzarote no es un escenario vacío: es una isla con un paisaje mil veces fotografiado y una comunidad que merece decidir su futuro energético.
Frente a este escenario, el estudio propone un orden de prioridades claro. Antes de ocupar nuevo suelo, urge repotenciar los cinco polígonos eólicos existentes —que suman 40,7 MW y pueden cubrir hasta el 35% del consumo eléctrico en momentos puntuales— y fomentar la fotovoltáica sobre techos urbanos e industriales, ya degradados. La directiva europea RED III, recuerda el equipo, obliga a priorizar precisamente esos suelos.
El modelo danés emerge como referencia. En Dinamarca, por ley, la propiedad de las renovables es mayoritariamente local y los beneficios se quedan en el territorio. Damiano Volpi, técnico ambiental del equipo, insiste en que ninguna alternativa tiene «impacto cero», pero que la participación temprana de la ciudadanía «aumenta la aceptación social y fomenta la cohesión territorial».
El Pulso Territorial
El debate energético en Lanzarote refleja una tensión que recorre todo el archipiélago y otras comunidades insulares como Baleares. Canarias, gobernada por Coalición Canaria con apoyo externo, ha apostado por acelerar las renovables, pero lo ha hecho bajo un modelo que concentra la inversión en grandes empresas. El Cabildo de Lanzarote, del mismo color político, ha vivido un cisma interno: aprobó las ZAR y semanas después pidió suspenderlas ante el rechazo vecinal.
Mientras, los proyectos de eólica marina —aún en tramitación— carecen de estudios de impacto sobre los caladeros locales. La Fundación César Manrique pone sobre la mesa una vía alternativa: propiedad pública, repotenciación y comunidades energéticas. La ventana de oportunidad se abre ahora, porque el real decreto-ley 7/2026 exige transparencia y participación temprana en la delimitación de las ZAR. La próxima cita la tendrán el Gobierno de Canarias y el Cabildo cuando deban decidir si mantienen o redibujan el mapa eólico. Los investigadores lo tienen claro: «Lo que está en juego no es solo cuánta energía se produce, sino qué modelo de isla se quiere ser».
Ficha Autonómica
- El caso: Un estudio de la Fundación César Manrique, encargado a la Universidad de Santiago de Compostela, denuncia que el despliegue de renovables en Lanzarote tiene un carácter ‘neoextractivista’ y reclama un giro hacia la participación ciudadana y la propiedad pública.
- Datos importantes: El 73,67% del suelo reservado para las ZAR es de protección agraria; la isla pierde más del 50% del agua desalada por fugas; los dos proyectos de eólica marina situarían aerogeneradores de 247 metros a menos de 2 km de la costa.
- Resumen: El informe insta a repotenciar los parques existentes (40,7 MW), ocupar solo suelo ya degradado e impulsar comunidades energéticas locales, siguiendo el modelo danés de titularidad compartida y beneficios arraigados en el territorio.
