El Partido Popular ha lanzado una advertencia que enciende el debate electoral: teme que la Ley de Memoria Democrática –la conocida como ‘Ley de Nietos’– pueda inflar el censo de residentes en el exterior y mover escaños en las próximas elecciones generales. Fuentes de Génova cifran en 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad española tramitadas al amparo de la disposición adicional octava, y advierten de que ese incremento súbito del voto exterior podría ser decisivo en circunscripciones ajustadas.
La dirección popular, que evita hablar de “pucherazo” –término acuñado por Vox–, sí acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de practicar “ingeniería electoral” para conseguir nuevos votantes. Sin embargo, desde el PSOE se insiste en que la ley no tiene otro fin que reparar una deuda histórica con los descendientes de exiliados, y los datos de procesos recientes desmontan cualquier lectura alarmista.
La ‘Ley de Nietos’ y el censo que desvela a la oposición
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, incluye una disposición adicional que permite obtener la nacionalidad española a los nietos y nietas de quienes tuvieron que abandonar España durante la Guerra Civil y la dictadura. El procedimiento ha disparado las solicitudes y, según los populares, podría engrosar el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) hasta casi tres millones de nuevos electores.
En el PP creen que ese crecimiento puede alterar el equilibrio en provincias donde el margen entre escaños es mínimo. Feijóo ya lo deslizó en declaraciones a esRadio: “Estamos observando la capacidad que se deja el Gobierno para asignar la provincia cuando el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar”. La insinuación apunta a una presunta manipulación desde Moncloa para orientar esos votos hacia plazas favorables al PSOE.
Los datos del voto exterior que esgrime el PP (y los que omite)
Los populares sustentan su temor en los resultados de las últimas elecciones autonómicas. En Extremadura (diciembre de 2025), el PP arrasó en urna (43,18% frente al 25,72% del PSOE), pero en el voto exterior ganaron los socialistas con un 35,9% contra un 27,6%. Lo mismo ocurrió en Aragón (febrero de 2026): el PP obtuvo el 34,26% en urna y el PSOE el 24,29%, mientras que el voto del exterior se decantó a favor de los socialistas por 1.595 votos frente a 1.030.
En Castilla y León (marzo de 2026), la victoria autonómica del PP (35,47% sobre 30,74%) tampoco se reflejó en el extranjero: el PSOE sumó 4.303 sufragios por 3.281 de los populares. Y en Andalucía (mayo de 2026), la distancia se agranda: casi diecinueve puntos en urna a favor del PP, pero en el voto exterior ganó el PSOE por 6.703 votos a 6.307.
Lo que hoy no mueve un escaño, sobre un censo multiplicado y con márgenes tan estrechos como los de 2023, puede hacerlo en las próximas generales de 2027.
Sin embargo, el PP omite en su argumentario un antecedente incómodo. En las elecciones generales de julio de 2023, fue precisamente el partido de Feijóo quien arrebató un escaño al PSOE en Madrid gracias al voto exterior. De los 203.000 emigrantes que votaron aquel día, el PP lideró con 66.422 papeletas frente a las 50.597 del PSOE, según la Junta Electoral Central. Un vuelco que demuestra que el sobre extranjero puede beneficiar a cualquiera de los dos grandes bloques.
El eje del poder socialista en juego
La maniobra del PP tiene un doble objetivo: sembrar dudas sobre la legitimidad del censo electoral y movilizar a su electorado ante la cita de 2027. La dirección federal del PSOE no ha tardado en responder que se trata de un intento de desacreditar una ley de Estado y de agitar el fantasma del ‘pucherazo’ sin pruebas. En Moncloa recuerdan que la asignación de circunscripción se realiza según criterios objetivos (último domicilio en España o, en su defecto, el de los progenitores) y que las alegaciones de Feijóo carecen de sustento jurídico.
Desde las federaciones territoriales socialistas la lectura es más pragmática. Barones como Adrián Barbón (Asturias) o María Chivite (Navarra) ven en la polémica una oportunidad para reforzar el discurso de la memoria democrática y captar el voto de la diáspora en las próximas autonómicas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page –habitual voz crítica dentro del partido–, ha optado por no entrar en el debate, lo que sugiere que el PSOE quiere evitar que el PP fije la agenda en clave electoralista.
Los números que maneja el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso indican que, incluso con un censo exterior ampliado, el voto extraterritorial apenas representó un 1% del total en las últimas generales. Para que ese puñado de papeletas moviera un escaño, haría falta una participación muy superior y una concentración masiva en determinadas circunscripciones, algo que los sistemas de correo y las trabas burocráticas dificultan notablemente.
Lo que sí está en juego es el relato. El PP intenta instalar la idea de que el Gobierno socialista está manipulando las reglas demográficas, mientras el PSOE defiende la norma como un acto de justicia con quienes sufrieron el exilio. El verdadero campo de batalla será 2027, y hasta entonces la táctica de los populares se centrará en desgastar la credibilidad del censo electoral.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La Ley de Memoria Democrática es justicia histórica, no ingeniería electoral.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Respuesta del Gobierno a las acusaciones del PP en el próximo Pleno del Congreso.
