El plan del Govern para impulsar el catalán en las prisiones arrancó ayer, 3 de julio, con la visita del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, al Centro Penitenciario de Jóvenes de La Roca del Vallès. Vila defendió que la lengua se convierta en ‘herramienta de integración’ y que su uso se extienda a patios, bibliotecas y actividades deportivas. La iniciativa, bautizada ‘El català obre portes’, aspira a incrementar un 20% el empleo del idioma en los centros penitenciarios de cara a 2030.
Un plan con meta numérica y una figura nueva: el referente lingüístico
La Generalitat ha puesto en marcha un dispositivo que descansa sobre los llamados ‘referentes lingüístics’. Varios funcionarios de la prisión de jóvenes ya asumen ese rol, con la misión de crear ‘relaciones interpersonales’ en catalán, según detalló Vila. Entre los internos también se buscan referentes. Uriel, un preso de origen brasileño, explicó durante la visita que hablar catalán con los trabajadores del centro permite ‘expandir la lengua y ayudar a los compañeros que no la hablan’. Su testimonio, junto con el de Kevin, ecuatoriano que ve en la lengua una puerta al empleo, es la imagen que el Govern quiere proyectar del plan.
Los jóvenes internos ya utilizan el catalán en la biblioteca, en clases de música o en las conversaciones con los educadores sociales. Ahora el Ejecutivo autonómico pretende que ese uso informal salte al recreo y al deporte, dos espacios donde hasta ahora predomina el castellano o las lenguas de origen de los presos, mayoritariamente extranjeros. ‘Queremos reforzar el aprendizaje informal de la lengua’, señaló el conseller.
Una controversia política que mezcla integración y obligación
La propuesta levanta ampollas en el arco político catalán. La idea de que el catalán sea lengua de uso en el patio ha sido interpretada por sectores críticos como un intento de imposición. El propio conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, del PSC-Units, presente en la visita, se esforzó en rebajar el tono: ‘El catalán ayuda en la buena integración’, afirmó, evitando referirse a obligaciones.
Sin embargo, la lectura dentro del Govern es otra. Fuentes de la Conselleria de Política Lingüística confirman a Moncloa.com que la meta del 20% es ‘irrenunciable’ y que los indicadores medirán no solo los cursos formales sino las interacciones reales entre reclusos y personal. El hecho de que el titular de esta cartera, Francesc Xavier Vila, proceda de la órbita de ERC, mientras Justicia está en manos del PSC, dibuja una coreografía de equilibrios habitual en el ejecutivo de Illa: compartir un objetivo común sin ahondar en los métodos.
La medida busca trasladar a las cárceles el modelo de inmersión lingüística que ya funciona en la escuela, pero con una población extranjera muy superior y sin la misma obligatoriedad legal.
El espejo de la escuela y el desafío de la inmigración en prisión
El paralelismo con la política de inmersión escolar es inevitable. Cataluña cuenta desde hace décadas con un modelo que ha normalizado el catalán como lengua vehicular en las aulas, entre críticas y aplausos. Ahora se pretende replicar parte de esa filosofía en un entorno mucho más complejo: en el Centro de Jóvenes de La Roca del Vallès, la mayoría de los internos son extranjeros con escaso o nulo conocimiento previo del idioma. Aprender catalán, defiende el Govern, les facilitará la reinserción laboral y social. Pero el debate sobre el derecho a usar la lengua materna en espacios de descanso y las posibles fricciones con los funcionarios que no hablen catalán emerge sin que el plan ofrezca respuestas detalladas.
La Generalitat evaluará la ejecución del plan ‘a posteriori’, sin precisar los indicadores que utilizará. Tampoco aclara qué ocurre con los internos que no quieran participar, más allá de insistir en el carácter ‘voluntario’ de las actividades formales. La ambigüedad es deliberada, admiten fuentes del Ejecutivo catalán, para dejar margen al desarrollo práctico. El conseller Espadaler confía en que los datos de seguimiento demuestren la eficacia de la medida antes de 2030, pero la oposición ya anuncia que fiscalizará cualquier signo de coerción.
Mientras, en los patios de las prisiones catalanas se habla ya, aunque sea en dosis reducidas, en catalán. El Govern celebra los testimonios de Uriel y Kevin como prueba de que la ‘oportunidad’ existe. La pregunta que sobrevuela el Parlament es si el plan será suficiente para convencer al resto de internos —y a la opinión pública— de que la imposición no se disfraza de integración.
