La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de Perú tensa las inversiones de Telefónica, BBVA y Repsol. El viernes 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la victoria de la lideresa de Fuerza Popular, que asumirá el cargo el próximo 28 de julio. Un giro político que, para las empresas españolas con décadas de presencia en el país andino, inaugura una etapa de incertidumbre regulatoria.
La nueva presidenta, hija del controvertido expresidente Alberto Fujimori, ha prometido impulsar la inversión privada, pero su entorno político y las presiones del Congreso podrían redefinir marcos clave. Telefónica, BBVA y Repsol suman activos en Perú por más de 10.000 millones de euros, según estimaciones del ICEX, y su rentabilidad depende de que se mantengan las reglas del juego.
El triunfo de Fujimori: una nueva etapa en Perú
Tras tres intentos fallidos, Keiko Fujimori venció en segunda vuelta a Roberto Sánchez, de la coalición izquierdista Juntos por el Perú. El Jurado Nacional de Elecciones la proclamó oficialmente el 3 de julio y recibirá su credencial el 15 de julio. La ceremonia de investidura será el 28 de julio, en el Palacio de Gobierno de Lima.
El anuncio ha sido recibido con el respaldo de líderes regionales como Javier Milei, Nayib Bukele y José Antonio Kast, y de la administración Trump. “El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de cooperación”, escribió Fujimori en X, en respuesta al mensaje de Milei. En el plano económico, la designación de Elmer Cuba como ministro de Economía apunta a una gestión ortodoxa y favorable a la inversión extranjera.
Telefónica, BBVA y Repsol: los gigantes españoles en el punto de mira
Perú es un mercado estratégico para las grandes multinacionales españolas. Telefónica del Perú es el principal operador de telecomunicaciones del país, con una cuota de mercado superior al 40 % y más de 12 millones de clientes. BBVA controla una de las mayores entidades financieras locales, con una cartera de créditos que supera los 25.000 millones de soles. Repsol, por su parte, opera la refinería de La Pampilla —la más grande del país— y participa en la exploración de hidrocarburos.
Cualquier cambio normativo en sectores regulados como las telecomunicaciones, la banca o la energía puede impactar directamente en los balances de estas compañías. La estabilidad política no esta garantizada en un país donde, en los últimos años, se han sucedido cuatro presidentes. La experiencia de Pedro Castillo (2021-2022), que intentó medidas intervencionistas y fue destituido, todavía está fresca en la memoria de los inversores.
Entre la oportunidad y el riesgo: el pulso de las reformas
Para entender lo que se juega España, basta un dato: las inversiones españolas en Perú representan alrededor del 20 % de toda la inversión extranjera directa acumulada en el país, según ProInversión. Históricamente, los gobiernos de corte populista han intentado renegociar contratos o imponer controles que golpean la rentabilidad de las concesiones. Durante la etapa de Francisco Sagasti y luego con Castillo, Telefónica vio cómo se discutían tarifas y se aplazaban renovaciones de autorizaciones.
Sin embargo, Fujimori ha señalado que su Ejecutivo respetará los contratos vigentes y reforzará la seguridad jurídica. La clave para España estará en que esas promesas se traduzcan en blindaje legislativo real, sobre todo ante un Congreso fragmentado donde las tentaciones de modificar marcos regulatorios para contentar a sectores proteccionistas son constantes. La presencia del tecnócrata Cuba en el gabinete es una señal de calma, pero la gobernabilidad peruana sigue siendo frágil.
Miles de millones de euros de inversión española dependen ahora de cómo se redefina el marco regulatorio peruano.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Keiko Fujimori presidenta de Perú tras la segunda vuelta electoral de 2026. Asumirá el poder el 28 de julio con un equipo económico encabezado por Elmer Cuba.
- Datos importantes: Las empresas españolas Telefónica, BBVA y Repsol mantienen activos por más de 10.000 millones de euros en Perú. Cualquier cambio normativo en telecomunicaciones, banca o energía podría afectar sus ingresos y contratos.
- Resumen: La nueva etapa política en Perú plantea incertidumbre para los grandes grupos españoles. Aunque el discurso oficial es favorable a la inversión, la inestabilidad legislativa y los precedentes intervencionistas obligan a una vigilancia estrecha de los intereses españoles.
