EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una PNL que reclama un plan integral de seguridad contra el narcotráfico en las costas de Andalucía y Murcia, el refuerzo urgente de medios para la Guardia Civil y la creación de una unidad coordinada similar al extinto OCON-Sur.
- ¿Quién está detrás? El GPP, con el impulso directo de los diputados de las circunscripciones más afectadas y el respaldo expreso de la cúpula de Génova.
- ¿Qué impacto tiene? La iniciativa presiona al Gobierno para que reactive una estructura de lucha contra el crimen organizado que fue desmantelada sin alternativa clara, y sitúa al PP como alternativa de orden frente a la creciente impunidad de las mafias en el litoral sur.
El Grupo Parlamentario Popular ha formalizado este viernes en el Congreso una proposición no de ley que aspira a convertirse en el principal altavoz de la creciente inquietud de las provincias andaluzas y murcianas ante el narcotráfico. La PNL, registrada con la rúbrica de los principales portavoces de interior del partido, exige al Gobierno un Plan Integral de Seguridad que blinde las costas del sur, dote de más medios personales, materiales y tecnológicos a la Guardia Civil y resucite una unidad especializada de coordinación como la que representó OCON-Sur.
El texto, al que ha tenido acceso esta redacción, es exhaustivo en su enumeración de carencias. Se piden radares costeros, escáneres de contenedores de alta capacidad, sensores acústicos e inteligentes, vehículos terrestres, embarcaciones de alta velocidad y patrulleros oceánicos con sistemas de parada de motores. La lista incluye helicópteros y aviones de patrulla marítima, drones marítimos y aéreos de gran autonomía, satélites (propios y europeos) y herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial. No es un brindis al sol: cada medio apuntado corresponde a una debilidad que los agentes llevan meses denunciando en privado.
Además del refuerzo en el plano nacional, la proposición insta al Ejecutivo a revisar la cooperación internacional. Se reclama una estrategia reforzada en la UE, más medios para FRONTEX en España, un papel operativo más potente de Europol y la mejora del intercambio de información a través del sistema SIENA. El PP quiere que la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas (EMPACT) tenga una estructura operativa real en nuestro país. Es, en esencia, la receta que los mandos de la Guardia Civil han ido deslizando en sus comparecencias: sin una arquitectura transnacional, el narcotráfico seguirá jugando con ventaja.
El agujero que dejó OCON-Sur
La exposición de motivos de la PNL es contundente al recordar que OCON-Sur fue un instrumento «eficaz, coordinado y especializado», reconocido por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando el Gobierno decidió suprimir esta estructura, no se establecieron alternativas claras ni se atendió a las advertencias de quienes afrontan diariamente la amenaza sobre el terreno. El resultado, según denuncian fuentes parlamentarias populares, es un repunte de la actividad de las mafias que operan desde el norte de África, dedicadas al «triple negocio» del narcotráfico, el petaqueo y la inmigración ilegal.
Las narcolanchas se mueven con un grado de impunidad que los agentes definen como “llamativo”. Lo hacen incluso a plena luz del día, en algunos casos con armamento de guerra. Y la proliferación del petaqueo está convirtiendo puntos del litoral en auténticas ‘narco-gasolineras’ que abastecen a estas embarcaciones. «No es un problema de futuro; es la realidad de cada madrugada en el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y el litoral murciano», insisten desde el PP.
Una PNL que aterriza en los territorios (y en el Congreso)
La iniciativa fija otra reclamación de calado: declarar Zonas de Especial Singularidad aquellos territorios de Andalucía especialmente afectados por la presión del narcotráfico y la delincuencia organizada. Es una fórmula que permitiría inyectar recursos adicionales y facilitar la permanencia de agentes en destinos duros. Al mismo tiempo, la PNL aboga por reformas legislativas que endurezcan la respuesta penal y agilicen los procedimientos judiciales contra las redes de apoyo a las organizaciones criminales.
En el plano laboral, el PP conmina al Gobierno a reconocer la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, a culminar la equiparación salarial con las policías autonómicas y a garantizar unas condiciones de jubilación acordes con la exigencia de su trabajo. Es una ofensiva parlamentaria que va mucho más allá de un simple gesto simbólico: toca la fibra de un colectivo que, en las provincias del sur, siente que el Estado les ha ido abandonando.
Así las cosas, la PNL se perfila como un movimiento calculado del GPP. No se trata solo de denunciar, sino de poner sobre la mesa un catálogo detallado de soluciones. Y hacerlo en un momento en el que la opinión pública de las comunidades más afectadas —Andalucía, Murcia— empieza a trasladar su hartazgo a las urnas. De hecho, en las últimas semanas tanto Juanma Moreno como Fernando López Miras habían pedido públicamente un refuerzo de medios. La PNL les da ahora cobertura parlamentaria.
La PNL no es solo un gesto parlamentario: es la prueba pública de que Génova ha logrado alinear a sus barones del sur en una misma posición de exigencia frente al Gobierno.
El Eje del Poder Popular
Desde el punto de vista interno, la iniciativa refuerza el eje Génova-Andalucía-Murcia en un asunto que no admite medias tintas. Para Juanma Moreno, que gobierna la comunidad más afectada, la sensación de inseguridad creciente podía convertirse en una brecha si no se actuaba. La PNL le permite mostrar una respuesta concreta desde Madrid, con el sello del partido. En Murcia, López Miras gana un argumento sólido frente a una oposición que le acusa de inacción. Y en Génova, Feijóo suma un nuevo flanco de desgaste al Gobierno central, justo cuando la legislatura atraviesa una fase de debilidad parlamentaria.
El aterrizaje territorial de la propuesta es claro: las once comunidades gobernadas por el PP respaldan sin fisuras la iniciativa, pero son las del litoral sur las que ponen el acento en la urgencia. Los ayuntamientos populares de la zona, desde Algeciras hasta Cartagena, llevan meses reclamando más presencia de la Guardia Civil. Con la PNL, el partido convierte esa demanda municipal en doctrina nacional. Y de paso, coloca al Gobierno en una posición incómoda: si rechaza la proposición, tendrá que explicar por qué no quiere devolver los medios que ya funcionaron con OCON-Sur.
El riesgo inmediato para el PP es que la votación en el Pleno, prevista para antes de que acabe el mes, se convierta en un intercambio de reproches sin avances concretos. El Gobierno puede intentar desviar el debate hacia la financiación autonómica o hacia la colaboración con Marruecos, diluyendo la demanda popular. Pero en Génova confían en que la PNL logre un respaldo amplio, quizá incluso de Junts y el PNV, que también padecen la presión migratoria y el narcotráfico en sus respectivos litorales. Si se aprueba, el Ejecutivo quedará compelido a mover ficha. Si no, el PP habrá conseguido, al menos, retratar la inacción gubernamental ante un problema de Estado.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La lucha contra el narcotráfico no puede esperar. El PP ofrece un plan integral mientras el Gobierno mira hacia otro lado y deja desprotegidas a las costas del sur.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP), con el respaldo directo de los presidentes Juanma Moreno (Andalucía) y Fernando López Miras (Murcia).
- Próximo hito: Votación en el Pleno del Congreso, probablemente antes de que finalice este mes de julio, en la que se medirá el apoyo real de la Cámara a la propuesta popular.
