EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Rusia acusa a Letonia y otros países bálticos de proporcionar corredores aéreos a drones ucranianos que atacan infraestructura civil rusa. Estonia admite que acepta las violaciones aéreas si causan daño a Moscú.
- ¿Quién está detrás? El viceministro ruso de Exteriores, Sergey Galuzin, lanza la acusación; el canciller estonio, Margus Tsahkna, confirma la postura. Finlandia y Letonia muestran divisiones internas.
- ¿Qué impacto tiene? La OTAN se enfrenta a una posible escalada: Rusia invoca el derecho a legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU, elevando el riesgo de incidentes armados en el flanco báltico.
Rusia ha elevado este viernes la tensión en el Báltico al acusar formalmente a Letonia y otros países bálticos de proporcionar corredores aéreos a los drones ucranianos que bombardean el noroeste del país, incluida la región de Leningrado. La acusación llega después de que Estonia admitiera que tolera las violaciones de su espacio aéreo siempre que causen daño a Rusia.
La acusación rusa y los datos verificados
El viceministro ruso de Exteriores, Sergey Galuzin, declaró a la agencia RIA Novosti que Moscú dispone de “datos verificados” que demuestran que Letonia y otras repúblicas bálticas han abierto corredores aéreos para los drones ucranianos que atacan infraestructura civil rusa. La denuncia se produce en un contexto de intensificación de los ataques con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo, la segunda ciudad del país.
El pasado sábado, las defensas antiaéreas rusas derribaron al menos 72 drones en un solo ataque sobre el óblast de Leningrado, según confirmó el gobernador local, Aleksandr Drozdenko. Desde la primavera, Kiev ha escalado sus incursiones con drones explosivos contra instalaciones energéticas en el noroeste ruso, y varios de esos aparatos se han estrellado en territorio de países vecinos miembros de la OTAN —Letonia, Lituania y Estonia— mientras se dirigían a sus objetivos.
La respuesta de Estonia y el quebranto en la coalición letona
La admisión más explícita ha llegado desde Tallin. El canciller estonio, Margus Tsahkna, reconoció en una entrevista con el Financial Times que su país acepta las violaciones de su espacio aéreo por parte de drones ucranianos mientras estos causen daño a Rusia. “Por supuesto que no nos gustan [las incursiones], pero no le decimos a Ucrania que las detenga”, declaró. Estonia ya había interceptado varios UAVs en su territorio, pero la declaración oficial eleva el nivel de implicación en el conflicto.
La simple tolerancia de las incursiones aéreas convierte a los países bálticos en parte activa del conflicto, según el Kremlin, y abre la puerta a represalias bajo el derecho internacional.
En Letonia, la tensión interna estalló en mayo con el colapso de la coalición gobernante por la lentitud de la respuesta militar a los drones ucranianos. La vecina Finlandia, que también ha sido objetivo de incursiones dron, adoptó una postura más firme: el primer ministro Petteri Orpo calificó las violaciones de “inaceptables” y afirmó haber encarado personalmente al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, durante una reunión en Armenia el mismo mes.
El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, ya había advertido que si se comprueba que los Estados bálticos y Finlandia “proporcionan deliberadamente su espacio aéreo” a los drones ucranianos, Moscú tendrá derecho a lalegítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU, al considerarlo un “ataque armado”.
Equilibrio de Poder
La crisis de los drones en el Báltico coloca a la OTAN en una posición extremadamente delicada. La línea entre el apoyo pasivo y la participación activa en el conflicto se difumina cuando un Estado miembro reconoce que tolera incursiones aéreas hostiles contra un tercer país. La invocación rusa del artículo 51 —el mismo que Occidente ha usado en intervenciones como la de Afganistán— no es un gesto retórico vacío: es una advertencia jurídica. Si Moscú decide ejecutar represalias contra el territorio de un aliado de la OTAN, la escalada sería inevitable.
Para España, que mantiene una posición periférica en el conflicto, el riesgo es indirecto pero real. Un incidente armado en el flanco oriental activaría de inmediato las consultas del Artículo 5, y Madrid se vería obligada a asumir compromisos militares adicionales cuando su prioridad estratégica sigue siendo la frontera sur —Marruecos, el Sahel— y la contención migratoria. Además, las bases de Rota y Morón, que albergandestructores AEGIS y otros activos clave, podrían pasar a un nivel de alerta superior si la tensión se agrava.
La división que exhiben los miembros de la OTAN —con países que abrazan implícitamente ataques a infraestructura rusa y otros que los condenan— es oro puro para la propaganda del Kremlin. Sin embargo, conviene no perder de vista el precedente: durante la Guerra Fría, los sobrevuelos y las violaciones mutuas del espacio aéreo eran moneda corriente, pero siempre bajo el paraguas de la negación plausible. La admisión pública de Estonia rompe ese principio y deja a la Alianza sin coartada.
En los próximos meses, el Consejo del Atlántico Norte tendrá que abordar una cuestión espinosa: ¿hasta qué punto un Estado miembro puede facilitar ataques contra Rusia sin comprometer la seguridad colectiva? La respuesta no será sencilla, pero la próxima cumbre de Vilna —que se celebrará en noviembre— podría ser el escenario de una de las discusiones más tensas de la historia reciente de la OTAN.
