El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que se condena a varias investigadoras del grupo CREA (Centro de Investigación en Educación y Aprendizaje) por conductas de coerción sexual y psicológica en el ámbito académico, según la información publicada por La Vanguardia y recogida por El Diario de la Educación. La resolución judicial, que describe una larga lista de abusos, ha sido celebrada por el propio grupo, mientras que su líder, Ramón Flecha, niega las acusaciones.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme que condena a varias integrantes del grupo CREA por coerción sexual, psicológica y explotación profesional en la Universidad de Barcelona.
- ¿Quién lo ha decidido? La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con fecha del 22 de julio de 2026, según los extractos de la sentencia difundidos por la prensa.
- ¿A quién afecta? Al entorno académico del grupo CREA, a las investigadoras condenadas —como Lidia Puigvert y Garazi López de Aguileta— y a la reputación de las estructuras de poder en los equipos de investigación universitarios.
La sentencia del Supremo: coerción, humillaciones y dominación emocional
La sentencia, de la que se hicieron eco varios medios, incluye una enumeración de conductas: “coerción sexual, coerción psicológica, maltrato habitual y psicológico, manipulación del pensamiento y de la conducta, explotación profesional o de servitud e intelectual en beneficio de su líder o del grupo, presiones, humillaciones, castigos, dominación emocional, etc.”, tal y como cita El Diario de la Educación a partir del texto judicial. El fallo condena, entre otras, a Lidia Puigvert Gallart y a Garazi López de Aguileta Jaussi, dos colaboradoras cercanas a Flecha, así como a Rosa Valls, Cristina Pulido y Beatriz Villarejo, todas ellas integrantes del grupo CREA, vinculado a la Universidad de Barcelona.
Ramón Flecha no aparece como condenado en esta resolución concreta, aunque la sentencia describe un entramado de dominio centrado en “su líder o del grupo”. El propio CREA, lejos de mostrar preocupación, reaccionó con euforia a la resolución, una actitud que sorprendió a observadores y que fue calificada de “extraña” por el artículo de opinión que origina esta información.
Reacciones: Flecha se reivindica y sus críticos denuncian impunidad
En sus redes sociales, Ramón Flecha ha mantenido un discurso de inocencia y valentía. En un tuit de 2021 afirmó: “Llevar una vida limpia de la más mínima corrupción o sexismo me ha permitido ser valiente frente al muy poderoso lobby de acosadores sexuales de las universidades. No han logrado encontrar nada criticable para destruirme; no se puede encontrar lo que no existe”. Más recientemente, con motivo del Día Mundial de la Ley, escribió sobre la separación de poderes y condenó los “juicios mediáticos”.
Mientras, algunas de las víctimas que él dice apoyar le agradecen públicamente su respaldo. En la otra cara, los denunciantes que señalan a Flecha como victimario activo durante décadas denuncian una aparente impunidad. El artículo de opinión recogido por El Diario de la Educación subraya que, pese a la dureza del fallo, el catedrático emérito sigue erigiéndose como defensor de las víctimas y mostrando una actitud autocomplaciente, como cuando se le compara con un superhéroe o se difunde una infografía en la que su mano gigante “protege” a una de las condenadas.
La sentencia describe un patrón de “explotación profesional e intelectual en beneficio de su líder o del grupo”, un hallazgo que sacude la estructura de algunos equipos de investigación universitarios.
El contexto universitario
El caso CREA se enmarca en un debate más amplio sobre las relaciones de poder en la academia española. La Ley de Convivencia Universitaria, aprobada en 2022, establece la obligación de las universidades de contar con protocolos frente al acoso sexual y laboral, pero la sentencia del Supremo evidencia que los mecanismos internos de control en los grupos de investigación pueden fallar durante años. Según los datos del Ministerio de Universidades, en el curso 2024‑2025 se registraron más de 150 denuncias por acoso en el ámbito universitario, una cifra que refleja la magnitud del problema.
La resolución judicial también reabre el debate sobre la necesidad de revisar los sistemas de acreditación y evaluación del profesorado, a cargo de la ANECA, para incorporar criterios éticos que impidan que conductas como las descritas queden sin consecuencias laborales. Varias voces del ámbito académico han pedido que se refuercen los canales de denuncia y que se garantice la protección de las víctimas, evitando que los denunciantes sufran represalias.
Claves de la Noticia
- Qué importa: El Tribunal Supremo ha condenado a varias investigadoras del grupo CREA por conductas de coerción sexual, psicológica y explotación profesional en el entorno universitario.
- Por qué importa: La sentencia expone una trama de dominio y manipulación dentro de un grupo de investigación, lo que pone en entredicho los protocolos de convivencia en la universidad y la responsabilidad de las instituciones académicas.
- A quién le importa: A la comunidad universitaria —docentes, investigadores y estudiantes— y a todas las personas que trabajan en el sistema público de educación superior, donde este caso puede sentar un precedente judicial y ético.
