La Fiscalía Europea ha reclamado ante el juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional los contratos de obra pública ejecutados con fondos europeos, que el juez Ismael Moreno investiga dentro de una pieza separada del Caso Koldo, en concreto la 65/2023 que afecta a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, como principal imputado.
En una providencia dictada el 28 de julio dice el juez Moreno que «recibido el anterior oficio procedente de la Fiscalía Europea de Madrid, por el que interesan información sobre las obras identificadas por la Comisión Europea y descritas en el punto segundo de su oficio son objeto de investigación en esta causa o, en alguna otra que se haya podido incoar por testimonio de esta, así como si en el mismo se investigan otras adjudicaciones distintas de las enumeradas, así como si se han realizados gestiones para determinar la procedencia de los fondos con los que se abonaron las obras públicas adjudicadas para la determinación de la posible competencia, intégrese en la presente pieza de su razón; visto su contenido, y antes de dar cumplimiento a lo interesado, requiérase a la Fiscalía Europea de Madrid que amplíe los datos de las obras enumeradas y cuya información precisa, haciéndole saber que en esta pieza se investigan las obras que correspondientes a la Causa Especial 20775/2020 – II de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, antes de haberse inhibido a favor de este órgano judicial».
Es decir, que sí, pero que cuáles son los contratos a los que se hace referencia la Fiscalía Europea en los que supuestamente se malversaron fondos europeos y sobre los únicos que tendrían potestad los fiscales españoles adscritos a Europa.
Moreno mantiene esta pieza separada del Caso Koldo desde febrero de este año, cuando recibió parte de la investigación que se estaba llevando a cabo en el Tribunal Supremo a causa de la pérdida de la inmunidad del ex ministro José Luis Ábalos, imputado en la causa junto a su ex asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.
En esta pieza, conocida como «contratos obra pública» y surgida a raíz de las conversaciones encontradas en la grabadora de Koldo García, el magistrado investiga la relación entre varias empresas constructoras, principalmente Acciona, con la empresa Servinabar, que habría sido usada como sociedad instrumental para que la trama liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán cobrase las supuestas comisiones ilegales, según las investigaciones de la UCO de Guardia Civil.
Precisamente, el juez Moreno ha llevado a cabo dos ampliaciones de la causa esta semana. En concreto, ha acordado investigar también la obra de los túneles de Belate, los cuales fueron adjudicados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar y la licitación contaba con un valor de 62,8 millones de euros más IVA, generando un total de 76 millones de euros.
También ha pedido información fiscal sobre las cuentas de la mujer, la hermana y el cuñado de Santos Cerdán por considerar que el entorno familiar más próximo del ex número tres de Pedro Sánchez podía ser una «fuente de ingresos no declarada» para esconder el origen de las mordidas.
La variante de Logroño
El primer informe de la UCO sobre los contratos de obra pública recogía tres licitaciones en las que Servinabar, empresa de Antxon Alonso, habría intervenido de una manera u otra que ahora se ha ampliado a cuatro tras introducir el desdoblamiento del túnel de Belate (Navarra) entre las obras sospechosas.
Este último informe de la UCO hacía referencia a «un Acuerdo Marco firmado en septiembre de 2015, (…) consisten en la subcontratación de servicios de Servinabar por parte de Acciona Construcción». Además, los agentes encontraron que «Acciona y Servinabar firmaban un Memorándum de Entendimiento como compromiso de colaboración previo a la adjudicación de determinadas obras (…)». Hay que recordar que un documento en propiedad del dueño de Servibanar destacaba que el 45% de esta empresa es de Santos Cerdán, algo que ha negado el ex secretario de Organización del PSOE.
Por ejemplo , en la «obra de la Autovía A-68 tramo Arrubal-Navarrete (Logroño), se estipuló una cuantía que suponía el 2,19% del importe total adjudicado a Acciona Construcción». En caso de que la adjudicataria fuese Acciona «ambas partes firmaban un contrato específico de prestación de servicios asociado a dicho expediente de obra pública. Como se verá de forma detallada en ulteriores subepígrafes, los conceptos por los que Servinabar terminaba siendo subcontratada eras muy genéricos o de una vaga descripción».
Este modus operandi fue confirmado por la UCO en al menos tres licitaciones públicas, la ya citada de Logroño, la famosa en Sevilla del «Puente de los tirantes» y otro en Sant Feliú de Llobregat.
Respecto a la primera, explicaban los agentes que «el 15 de diciembre de 2018 a las 18.38, previo a la licitación de la obra en la Autovía A-68 -tramo Arrúbal-Navarrete-, Koldo le remitió a Fernando Merino por whatsapp una nota de prensa del propio MITMA que informaba sobre la autorización para licitar las obras de la Ronda Sur (…)» y tan solo «4 días después Acciona Construcción y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento para ‘trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la construcción de la A-68 (…)'». Este contrato fue firmado en representación de Acciona por Tomás Olarte, mientras que por Servinabar lo firmaba Joseba Antxón Alonso.
La Guardia Civil refería que «meses más tarde, el 4 y 9 de abril de 2019 tuvieron lugar las conversaciones Koldo-Santos y Koldo-Ábalos (…) de las que se desprendía la insistencia de Santos (Cerdán) por que la licitación saliera adelante». El 11 de abril de 2019 «ese día fue efectuada la apertura de ofertas económicas a las 10.00, recibiendo Koldo tan solo unos minutos después, por parte de Javier Herrero Lizano la noticia de que habían hecho ‘¡Bingo!!! en Logroño'».
Ese expediente le fue adjudicado a la UTE de Acciona Construcción con Aquaterra por un valor de 92.416.975,61€. El acuerdo reflejaba una comisión del 2,19%, 2.028.267,54€. Sin embargo, la UCO solo encontró un asiento contable en Servinabar de 1.938.979,73€, lo que suponía el 2.09% del total adjudicado que se correspondería con esta comisión.
La obra de Sevilla
La segunda licitación investigada fue en Sevilla, el puente del Centenario popularmente conocido como «Puente de los tirantes». El 6 de agosto de 2018 el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, aprobaba la declaración de Emergencia solicitada por la Dirección General de Carreteras (DGC) del Estado en Andalucía Occidental.
El 15 de noviembre de 2018 «Santos contactó con Koldo via whatsapp (…) éste contestó que ‘se encontraba anunciando un puente nuevo que se va a hacer en Sevilla'». Doce días después «Antxón en nombre de Servinabar y Manuel José García Alconchel (en representación de Acciona Construcción como director de Construcción de Zona Sur y África) firmaron un Memorándum de Entendimiento con el interés de ‘trabajar conjuntamente y desarrollar exitosamente la oportunidad de negocio relativa a la ampliación del Puente del Centenario».
A diferencia de la obra de Logroño Acciona contrataba a Servinabar en materia de Prevención, Seguridad y Salud y sin proceso de licitación por valor del 2% de los cobros netos que Acciona recibiese por parte del cliente. El 2 de abril de 2019 «Santos ordenó a Koldo vía whatsapp que se cerrase «Sevilla», a lo que Koldo respondió que era consciente de ello y que se disponía a darle trámite en ese momento», recoge el informe de la UCO.
Además, «Koldo le trasladó a Ábalos la presión que estaba ejerciendo Santos sobre la licitación, objeto de estudio, llegando a decir que estaba ‘obsesionado con él, con él, con Sevilla, con el Puente'», añaden los agentes.
Finalmente «la adjudicación terminó por materializarse el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71.404.645,30€. No obstante, el 20 de junio de 2023 se produjo una modificación del contrato por la que se amplió dicho importe hasta los 84.983.366,35€». Antes de este contrato, la aprobación provisional de la emergencia había dejado un contrato de 6.471.332,43€ para Acciona de los cuales a Servinabar le habrían correspondido 102.247,05€.
En total, estos dos contratos supusieron para la empresa de Santos Cerdán y Joseba Antxón un total de 1.801.914,38€.
El tren de San Feliú
El último de los contratos por el que el juez preguntará a los investigados es el conocido como la «Construcción de la Integración del Ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat». En este caso Acciona resultó adjudicataria del contrato por 51.760.263,99€ el 4 de noviembre de 2019 y a su vez contrató a Servinabar por «Seguridad y Salud de obra». El importe de este contrato fue de 1.035.199,88€.
El 8 de agosto de 2022, la adjudicación sufrió una modificación «mediante la cual el importe adjudicado ascendió hasta los 62.026.420,15€», escribieron los investigadores en su informe para el Tribunal Supremo.
En total, la comisión de Servinabar en estas tres obras supuso 4.663.846,94€. La Guardia Civil cree que ese dinero se repartió entre Antxón Alonso y Santos Cerdán y luego éste a su vez repartió con Koldo García y el ex ministro José Luis Ábalos.
El túnel de Belate
El juez Moreno ha incorporado la investigación sobre las obras en los túneles que el Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite, adjudicó en 2024 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Acciona-Osés-Servinabar por 62,8 millones de euros más IVA, en total 76.086.980 euros. De momento, la causa ya ha incorporado las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de Karmele Atutxa, esposa de Antxon Alonso, imputado en la causa, de Tomás Olarte, ex directivo de Acciona y de Noran S. Coop. Pequeña, la empresa fundada por Antxon Alonso y Koldo García.
En total por todas las obras, no solo por éstas, los agentes de la UCO calculan que Servinabar recibió más de 6 millones de euros de Acciona y proyectos vinculados, representando el 75,33% de sus ingresos totales. Parte de estos fondos se destinaron a presuntas contraprestaciones para Santos Cerdán y su entorno familiar, incluyendo pagos a su esposa, hermana y cuñado, así como el alquiler y amueblamiento de inmuebles en Madrid. Ahora habrá que esperar a ver si la Fiscalía Europea tiene influencia sobre alguna de estas obras por haber sido financiadas con fondos europeos.
