La Generalitat ha iniciado este jueves los trámites para prorrogar durante un año más la declaración de zona de mercado tensionado en 118 municipios catalanes, aunque la medida deja fuera a ciudades como Lleida, Reus y Granollers, que en marzo de 2027 perderán el tope a los alquileres. Lo confirmó la consejera de Territori, Sílvia Paneque, en declaraciones a elDiario.es.
Los municipios que mantienen el límite y los que se quedan fuera
El nuevo mapa de la regulación de alquileres en Catalunya suma 302 municipios, pero la población cubierta desciende en casi un millón de personas, al pasar de 7 a 6,1 millones, según los cálculos del Departament de Territori. La primera declaración de zonas tensionadas, que entró en vigor en 2024, vence en marzo de 2027, y la Generalitat opta por mantener la protección solo donde los indicadores de precios y esfuerzo económico de los hogares siguen por encima de los umbrales que fija la Ley de Vivienda estatal.
Entre los municipios que salen de la lista figuran no solo las tres grandes ciudades citadas, sino también Figueres, Mollet del Vallès, Montmeló, les Franqueses del Vallès, Parets del Vallès, Banyoles, Canovelles o Berga. La consejera Paneque defendió que se trata de “una buena noticia”, porque indica que el mercado residencial se ha enfriado en esas localidades.
¿Por qué la Generalitat decide retirar ahora la regulación?
La Ley de Vivienda exige que, para mantener la etiqueta de zona tensionada más allá de los tres años iniciales, se demuestre que los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda o que el precio de alquiler o compra ha acumulado un incremento al menos tres puntos superior al IPC en el último lustro. La conselleria ha revisado los datos de cada municipio y ha concluido que en 22 localidades ya no se cumplen esos requisitos, mientras que otras 55 nuevas sí entran en la regulación por primera vez.
“Si en un futuro, en las revisiones anuales, se vuelven a dar las circunstancias, volverán a entrar en la regulación”, explicó Paneque, que no escondió cierta satisfacción por el ejercicio de “cirugía fina” tarifaria. No obstante, el Sindicato de Inquilinas de Catalunya ha recibido el anuncio con malestar. Enric Aragonès, su portavoz, advirtió de que “si la regulación empieza a dar frutos, esto no puede ser motivo para levantar el pie del acelerador, sino todo lo contrario”.
La retirada del tope en Lleida, Reus y Granollers supone que casi un millón de residentes dejarán de tener la protección automática frente a subidas bruscas del alquiler.
Un millón de catalanes menos protegidos: la lectura en clave política
La decisión del Govern de Salvador Illa tiene una lectura política inevitable. En plena tramitación de la futura ley catalana de vivienda —que busca blindar un millón de pisos públicos durante 99 años—, la prórroga parcial del índice de alquileres envía señales contradictorias. Por un lado, el ejecutivo socialista presume de ampliar de 271 a 302 el número de municipios regulados, pero, al mismo tiempo, la cobertura poblacional se reduce en cerca de un millón de personas. Una buena parte de esos ciudadanos residen en capitales de comarca o ciudades medias donde el alquiler ha sido un termómetro social durante la última legislatura.
En esta redacción hemos consultado con fuentes del Departament de Territori y confirmamos que la revisión no es caprichosa: los datos de IDESCAT y del índice de referencia estatal muestran una desaceleración del precio en el entorno de Lleida y Reus en el último año. Pero el diagnóstico no convence a los colectivos de inquilinos, que temen que la retirada del tope abra la puerta a subidas generalizadas en cuanto se recupere el dinamismo económico. La experiencia del primer trienio de regulación, que arrancó con 140 municipios en 2024, demuestra que cuando un territorio sale de la lista los precios pueden rebotar con rapidez, como ocurrió en algunas localidades del Vallès Oriental tras la pandemia.
El Ejecutivo de Illa, además, se juega parte de su credibilidad con ERC y los Comuns en un tema nuclear. La futura ley autonómica necesita el apoyo parlamentario de ambos, y la gestión del índice de alquileres ya generó fricciones en la negociación de los presupuestos de 2025. Ahora, el Govern intenta cuadrar el círculo: exhibir rigor técnico en la desactivación de zonas tensionadas sin ceder el relato de la vivienda asequible que le reclama su socio de investidura.
Lo previsible es que en los próximos meses el foco se traslade a la segunda tanda de municipios regulados, que vence en octubre de 2027. Si entonces se confirma la misma dinámica —más localidades pero menos población cubierta—, el Govern tendrá que explicar ante el Parlament por qué la herramienta que en teoría protege al inquilino acaba dejando fuera precisamente a quienes más la necesitan. Mientras, los contratos de alquiler en Lleida, Reus y Granollers que se firmen a partir de marzo de 2027 quedarán expuestos a las reglas del mercado, salvo que el Ministerio de Vivienda modifique los umbrales de la ley estatal antes de esa fecha.
