Los sindicatos LAB, ESK y ELA han formalizado recursos ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) contra los pliegos del contrato de ambulancias de Osakidetza, la mayor licitación sanitaria del País Vasco. En paralelo, el Gobierno Vasco se ha personado en el concurso de acreedores de la antigua adjudicataria, Grup La Pau, y le reclama 13,6 millones de euros por impagos acumulados durante su etapa como prestataria del servicio.
El plazo para presentar alegaciones vence este viernes, según han confirmado fuentes sindicales a elDiario.es. UGT y LSB-USO estudian sumarse a la iniciativa, al igual que un grupo de trabajadores que prepara un recurso. Tampoco se descartan impugnaciones de empresas del sector; en Cantabria, la asociación AE Trans Sanit ya paralizó cautelarmente un contrato similar. De prosperar alguno de los recursos, el OARC, órgano dependiente del Gobierno vasco, podría detener el proceso de adjudicación.
Los argumentos de los sindicatos contra la externalización
Desde ESK, su portavoz Patxi Nicolau defendió este jueves que “la gestión directa es mucho más eficiente” y denunció que las adjudicaciones temporales a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa se han prolongado casi dos años, acumulando sanciones. LAB calificó el modelo de “neoliberal” y criticó la “colaboración” del PSE-EE con el PNV para mantener “un derecho fundamental como nicho de negocio”.
“Estos contratos suman más de 1.000 millones de euros. Esa cantidad de recursos publicos no sólo permitiría prestar el servicio de forma directa, sino que aún sobrarían fondos para mejoras estructurales en la Sanidad vasca”, señaló LAB en un comunicado. Por su parte, ELA, que ya retiró un primer recurso para incorporar más argumentos, sostiene que la licitación “vulnera los derechos laborales” y que cada trabajador arrastra una deuda media de 2.000 euros desde la etapa de La Pau.
La reclamación millonaria a La Pau y el concurso de acreedores
Mientras los sindicatos presionan, el Ejecutivo autonómico ha decidido personarse en el juzgado de Barcelona que tramita el concurso de acreedores de Grup La Pau. La deuda reclamada, 13,6 millones, corresponde al período en que la compañía catalana prestó el servicio en Bizkaia y Álava, antes de la rescisión anticipada del contrato en noviembre de 2024.
Aquella ruptura forzó la activación de contratos de emergencia. Ambulancias Gipuzkoa asumió también Álava, mientras que en Bizkaia se creó la UTE Bizkanb, integrada por Sanir (del Grupo Alsa) y Baztan-Bidasoa. Con la nueva licitación, el Gobierno vasco busca regularizar la situación a partir del 1 de enero de 2027, fecha en la que prevé la entrada en vigor de los nuevos contratos.
La nueva licitación busca poner fin a dos años de contratos de emergencia y marca un presupuesto de 650 millones, aunque los sindicatos alertan de que el modelo externalizado sigue sin corregir las deudas y precariedades heredadas de la anterior concesionaria.
El futuro del servicio: cifras y modelo
El servicio externalizado cuenta con 386 ambulancias, de las cuales 76 son urgentes (amarillas) y 310 para traslados programados. Sólo las UVI móviles permanecen bajo gestión pública directa. El presupuesto orientativo del Gobierno se sitúa en 650 millones de euros (sin IVA, para cuatro años), pero los sindicatos elevan esa cifra hasta 1.359 millones al incluir todos los conceptos y tres años de posible prórroga.
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha trasladado al Parlamento Vasco que los pliegos incorporan mejoras propuestas por asociaciones de pacientes y por los propios sindicatos LAB y UGT, con el objetivo de evitar retrasos en los pagos y reforzar las condiciones del personal. Sin embargo, un colectivo de trabajadores sostiene que algunos de esos puntos supondrían la creación de nuevos servicios, lo que a su juicio contradice el acuerdo de legislatura de no ampliar externalizaciones. La lluvia de recursos amenaza con dilatar un proceso que ya acumula meses de debate y que el Gobierno confiaba en cerrar antes de fin de año.
