El Ayuntamiento de Móstoles ha impulsado 249 viviendas públicas en alquiler, una de las mayores operaciones del sur de Madrid.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado dos convenios con la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y la Agencia de Vivienda Social. Los acuerdos fijan las condiciones para adjudicar dos promociones: una de 71 viviendas en la parcela FR-81, entre las calles Casiopea e Hydra, y otra de 178 viviendas en la parcela FR-63, ambas en Móstoles Sur.
‘Gracias al compromiso con Móstoles por parte de la Comunidad de Madrid, estas promociones suponen un importante paso para incrementar la oferta de vivienda con algún tipo de protección en nuestra ciudad’, ha destacado el alcalde, Manuel Bautista. El regidor insiste en que el objetivo es que ‘los mostoleños puedan seguir viviendo en su ciudad’.
La actuación está financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. Los fondos europeos del plan postcovid cubren el grueso del proyecto.
El 75% de las viviendas se reservará para vecinos de Móstoles que acrediten un empadronamiento mínimo de diez años. Un requisito duro, si se compara con los baremos habituales de la región. Podrán acceder personas o unidades de convivencia cuyos ingresos anuales se sitúen entre 1,5 y 5 veces el IPREM.
Las viviendas deberán mantenerse en alquiler durante un mínimo de 20 años, lo que blinda su función social. A partir de ahí, el Consistorio vincula esta operación a una estrategia más amplia: el Plan Parcial SUS R1 y el Plan Parcial SUS R4 activarán más de dos millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, que junto con el Plan Parcial SUNC-4 permitirán construir más de 13.000 viviendas, de las cuales el 60% contará con algún tipo de protección.
La vivienda en Móstoles no es solo un problema de obra pública: es la condición para que los mostoleños no tengan que marcharse a otros municipios.
Qué requisitos decidirán quién se queda una vivienda
El criterio de los diez años de empadronamiento marca la diferencia. No basta con residir en Móstoles: hay que demostrar arraigo. El 75% de las unidades irá a ese colectivo; el resto, a solicitantes que cumplan los topes de ingresos aunque no lleven una década censados. El rango de IPREM, entre 1,5 y 5 veces, excluye tanto a rentas muy bajas como a perfiles con capacidad de compra elevada.
Ese colchón intermedio responde a una política deliberada. Ni se limita a emergencia social ni se abre a rentas medias-altas. La vivienda protegida para alquiler busca estabilizar a hogares que trabajan y cotizan, pero que no llegan al mercado libre. Una estrategia parecida a la del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, aunque con un anclaje local mucho más fuerte.
El plan B del Ayuntamiento para ampliar el parque residencial
Las 249 viviendas de Móstoles Sur no son una cifra aislada. El Ayuntamiento ha puesto en marcha este año el Plan Especial para el cambio de uso de locales a vivienda. La medida permitirá incorporar hasta 3.000 nuevas viviendas en distintas zonas del municipio, aprovechando espacios cerrados y sin actividad.
A eso se suman los planes parciales SUS R1 y SUS R4. Más de dos millones de metros cuadrados de suelo urbanizable que, junto al SUNC-4, darán lugar a más de 13.000 viviendas. El 60% con protección. Son cifras que sitúan a Móstoles entre los municipios del sur que más ha girado hacia la vivienda pública en esta legislatura.
La demanda real frente a las 249 viviendas prometidas
Visto con perspectiva, 249 alquileres parecen una cifra modesta. No está mal el número absoluto: en un municipio con la demanda de vivienda tensionada desde hace años, cada promoción cuenta. La clave está en el horizonte temporal. La fuente no fija fecha de entrega ni calendario de adjudicación. Eso sí: los convenios obligan a mantener el alquiler durante veinte años, lo que da estabilidad a los inquilinos.
El Ayuntamiento habla de ‘un paso importante’, y lo es. Pero conviene no perder de vista el desfase. El plan local contempla 13.000 viviendas futuras; las 249 activadas ahora representan menos del 2% de esa bolsa teórica. La presión del alquiler en el sur de Madrid no se resuelve con una promoción, por ambiciosa que sea.
La próxima prueba llegará cuando se publique la convocatoria y los plazos de solicitud. Será el momento de medir si el filtro de los diez años de empadronamiento deja fuera a hogares jóvenes, que a menudo no acumulan esa antigüedad. En esta redacción seguiremos de cerca los próximos pasos del Ayuntamiento y la Agencia de Vivienda Social.
