La crisis migratoria de Ceuta, desencadenada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio, ha convertido las devoluciones en uno de los principales desafíos del Gobierno. Aunque el Ejecutivo ha defendido la necesidad de retornar a quienes accedieron irregularmente, la operación se enfrenta a obstáculos jurídicos, administrativos y diplomáticos que impiden una solución inmediata.
La primera gran dificultad para las devoluciones de inmigrantes en Ceuta es la interpretación de la legislación española después de una sentencia del Tribunal Supremo. El fallo establece que las personas que entran a nado desde Marruecos no pueden ser devueltas automáticamente sin que se tramite el procedimiento legal correspondiente.
La resolución no elimina la posibilidad de retornar a quienes cruzan la frontera de manera irregular, pero obliga a distinguir entre el rechazo en frontera y la devolución de personas que ya han accedido al territorio español. La diferencia es decisiva para una ciudad como Ceuta, donde la entrada por mar ha sido una de las vías utilizadas durante la crisis.
La disposición adicional décima de la Ley de Extranjería permite rechazar a los extranjeros que sean detectados mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos. Sin embargo, ese mecanismo no equivale a una autorización para expulsar de forma automática a quienes ya han conseguido entrar.
La consecuencia práctica es que la Policía debe identificar a cada persona, conocer sus circunstancias y determinar qué procedimiento corresponde. La exigencia de garantías individuales dificulta la respuesta rápida que reclaman las autoridades ceutíes ante una llegada masiva.
El asilo obliga a estudiar cada expediente
La segunda barrera es la protección internacional. Entre las personas que llegaron a Ceuta hay inmigrantes que han solicitado asilo y que, mientras se estudian sus peticiones, no pueden ser retornados sin valorar si existe un riesgo de persecución o de vulneración de sus derechos fundamentales.
El procedimiento comienza con la identificación y una evaluación inicial de las circunstancias de cada solicitante. Después se realiza una entrevista con asistencia letrada y se estudia si concurren los requisitos para reconocer la protección internacional. Las decisiones pueden ser recurridas, lo que añade tiempo a una operación que el Gobierno necesita resolver con rapidez.
La magnitud de la crisis ha llevado a habilitar recursos extraordinarios para tramitar las solicitudes. Más de 5.000 personas habían pedido asilo y alrededor de 90 funcionarios participaban en las tareas de estudio de los expedientes, según la información publicada el 15 de septiembre. El sistema se ha visto obligado a trabajar con una presión muy superior a la habitual.
El problema no se limita a quienes presentan una petición de protección internacional. También afecta a las personas que no solicitan asilo, pero cuyas circunstancias deben comprobarse antes de ejecutar cualquier devolución. La Administración necesita disponer de información suficiente para determinar la identidad, la nacionalidad y la situación jurídica de cada inmigrante.
Los menores de edad son el principal obstáculo jurídico
La situación es todavía más compleja cuando se trata de menores extranjeros no acompañados. Las autoridades no pueden aplicarles el mismo procedimiento que a un adulto que ha entrado irregularmente. La legislación española y la Convención sobre los Derechos del Niño exigen que cualquier decisión tenga en cuenta el interés superior del menor.
La edad, la identidad y la situación familiar deben comprobarse antes de decidir su futuro. En el caso de los menores no acompañados, además, las administraciones tienen que garantizar su protección y determinar si procede una eventual reunificación familiar o un retorno que cumpla las condiciones legales.
Esta exigencia explica por qué la devolución de menores se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la crisis. Los expertos advierten de que las repatriaciones no pueden ejecutarse sin una evaluación individualizada de las condiciones que encontraría cada niño o adolescente al regresar a Marruecos.
El Gobierno ha tenido que reforzar la asistencia jurídica y la capacidad de acogida. El Ejecutivo informó de que había desplegado abogados para gestionar los expedientes de los menores, mientras que Ceuta ha tenido que ampliar sus recursos de protección ante la llegada masiva. La sobrecarga de los servicios de acogida añade una dificultad operativa a un problema que, en esencia, es también jurídico.
Marruecos debe aceptar los retornos
El cuarto obstáculo es la cooperación con Marruecos. La devolución de una persona que ha entrado irregularmente en Ceuta requiere que las autoridades españolas puedan identificarla y que exista un marco de cooperación que permita ejecutar el retorno. La relación con Rabat es, por tanto, determinante para que las decisiones administrativas se conviertan en salidas efectivas.
La crisis ha puesto de manifiesto la importancia de esa colaboración. El Gobierno ha defendido que la respuesta debe combinar la devolución de quienes no tienen derecho a permanecer en España con la atención humanitaria y la cooperación bilateral. Al mismo tiempo, la discusión política ha girado en torno a si Marruecos cumplió sus compromisos durante la entrada masiva.
No obstante, la existencia de dificultades diplomáticas no significa que todas las devoluciones sean imposibles. Las autoridades han conseguido ejecutar retornos voluntarios y expulsiones, pero la diferencia entre ambos procedimientos es relevante: el retorno voluntario depende de la decisión de la persona, mientras que la expulsión requiere el cumplimiento de las garantías y condiciones previstas por la legislación.
Una crisis que desborda a la Administración
El quinto obstáculo es la propia capacidad del Estado para tramitar miles de expedientes en una ciudad con recursos limitados. La entrada masiva del 30 de julio alteró el funcionamiento de los servicios públicos de Ceuta, incluidos los de seguridad, transporte, acogida y protección de menores.
La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional pretende precisamente reforzar la coordinación entre las administraciones y movilizar recursos estatales. Sin embargo, la coordinación no elimina los plazos legales ni permite prescindir de los procedimientos que deben seguirse para cada persona.
El Gobierno ha reconocido que la resolución de la crisis requerirá tiempo. Pedro Sánchez ha situado el objetivo de estabilizar la situación antes de que termine el año, mientras las autoridades continúan trabajando en los retornos, la identificación y la atención de quienes permanecen en Ceuta.
La cuestión es que la presión migratoria no se resuelve únicamente con más policías, más centros de acogida o más recursos económicos. La devolución de los inmigrantes que entraron irregularmente exige una combinación de decisiones administrativas, garantías judiciales y cooperación con Marruecos. Cada uno de esos elementos puede ralentizar el proceso.
La crisis de Ceuta demuestra así que el debate sobre las devoluciones no se reduce a la voluntad política de ejecutarlas. El Estado debe determinar quién puede ser retornado, quién tiene derecho a protección y qué condiciones permiten hacerlo de forma legal. Mientras esa tarea no concluya, la ciudad seguirá soportando las consecuencias de una entrada masiva que ha puesto a prueba sus capacidades ordinarias.
La presión sobre la frontera y la necesidad de recuperar la normalidad conviven con la obligación de respetar los derechos de las personas que han llegado. Ese equilibrio es el principal desafío para el Gobierno y explica por qué las devoluciones avanzan con mayor lentitud de la que reclaman quienes exigen una solución inmediata.
