Salvador Illa ha movido ficha. En su balance del segundo año de legislatura, el president de la Generalitat ha dejado claro que la prioridad de su Govern es la reforma del sistema de financiación autonómica. La cesión del IRPF, que ERC consideraba un pilar del pacto de investidura, queda sin calendario. La cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo 4 de septiembre es, en palabras del propio Illa, el momento en que “se acaban las excusas para todo el mundo”.
El CPFF se convierte en el horizonte ‘sin excusas’
El president ha situado esa reunión como el punto de inflexión de la legislatura. Tras el aplazamiento forzado por las reticencias de las comunidades gobernadas por el PP, Illa necesita que el CPFF del 4 de septiembre alumbre un acuerdo amplio sobre el nuevo modelo pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Sin ese consenso, la frágil mayoría parlamentaria que sostiene al Govern se tambalea, porque los republicanos exigen avances tangibles en la carpeta fiscal.
“El 4 de septiembre se acaban las excusas para todo el mundo”, repitió Illa con tono de ultimátum. El mensaje va dirigido tanto a las autonomías díscolas como a su propio socio de investidura. Para el president, la prioridad no es ya contentar al independentismo con una cesión simbólica del IRPF, sino consolidar un sistema de financiación que garantice más recursos y margen de maniobra a la Generalitat.
La cesión del IRPF queda en vía muerta
El otro gran acuerdo del pacto con ERC ha desaparecido del discurso presidencial. Hace un año, Illa ya aplazó hasta 2028 la transferencia del 100% de la recaudación y gestión del IRPF, en lo que sería el último año de la legislatura. Ahora ni siquiera menciona fechas. La cesión del IRPF queda aparcada sin horizonte temporal, una decisión que erosiona la confianza de los republicanos y que obliga a Illa a hacer equilibrios para que no le pasen factura en el Parlament.
La lectura política es clara: el president prefiere jugar la carta de la financiación general, que puede sumar apoyos de otras formaciones, antes que regalar a ERC un trofeo fiscal que tensa la cuerda con el Gobierno central y con el resto de comunidades. La decisión, sin embargo, no sale gratis. Fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción apuntan a que Esquerra ya ha hecho llegar su malestar al Palau de la Generalitat, aunque por el momento mantiene el apoyo presupuestario.
La cesión del IRPF, primero retrasada a 2028 y ahora omitida, es el precio que Illa paga por no tensar más la cuerda con las comunidades del PP.
Illa reivindicó durante su comparecencia que Cataluña “ha recuperado la estabilidad y normalidad institucional” tras una etapa de “parálisis y división”. Y para dar empaque a ese mensaje, anunció que la licitación en obra pública superará los 1.400 millones de euros al cierre del año y que las ayudas a los ayuntamientos para franjas de protección contra incendios pasarán de 1,5 a 15 millones anuales. La estrategia es consolidar una imagen de gestión eficaz que contrarreste los frentes abiertos en educación, Rodalies y otras áreas.
Una legislatura que premia la gestión y aplaza las cesiones identitarias
El president ha iniciado tambien una ofensiva internacional con viajes a Vietnam, Singapur y próximamente Ucrania, en un intento de proyectar a Cataluña como “locomotora económica europea”. Estos gestos, sumados a los buenos datos macro, buscan construir un relato de normalidad posprocesista que desactive las reclamaciones más identitarias sin necesidad de abordarlas de frente. Illa apuesta por una gobernanza en la que la gestión sustituye a la agenda soberanista.
Pero el equilibrio es precario. Sin avances concretos en financiación autonómica, el sostén de ERC se debilita, y con él, la capacidad del Govern para aprobar los presupuestos de 2027. Si el CPFF de septiembre resulta un fiasco, la presión de los republicanos se intensificará de inmediato. Y sin presupuesto, la legislatura corre el riesgo de acortarse mucho antes de ese 2028 que Illa vislumbra como techo temporal.
La jugada del president, de momento, traslada el balón al campo del Ministerio de Hacienda y deja a ERC esperando. Pero las esperas, en política catalana, suelen tener un límite.
