EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP y Vox han vinculado la crisis migratoria en Ceuta con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, exigiendo devoluciones inmediatas y un despliegue policial masivo.
- ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) lideran el ataque, junto a portavoces como Miguel Tellado (PP) y Pepa Millán (Vox).
- ¿Qué impacto tiene? La oposición busca desgastar al Gobierno, pero la medida choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con los plazos cerrados de la regularización, lo que debilita su argumentario.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y toda la cúpula de Vox han responsabilizado este jueves al presidente Pedro Sánchez de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, vinculándola directamente con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. En un comunicado conjunto de hecho, exigen devoluciones inmediatas y un despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en un tono que la portavocía socialista califica de ‘irresponsable e inhumano’.
El portavoz nacional del PP, Miguel Tellado, fue el más explícito: ‘A nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro’. Santiago Abascal, por su parte, habló de ‘invasión’ y lanzó una amenaza velada: ‘Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez’.
El bloque de la derecha aprieta con un discurso al límite
Las exigencias de PP y Vox se solapan hasta casi confundirse. Ambos partidos reclaman la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso, la reforma exprés de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera también por vía marítima, y un despliegue ‘masivo’ de policía y Guardia Civil. La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, llegó a acusar al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de ‘confrontar’ con Italia —por sus críticas al Gobierno de Giorgia Meloni— en lugar de ‘explicar qué está haciendo para recuperar el control de nuestras fronteras’.
Desde Génova incluso se alimentó la teoría de una operación orquestada por Marruecos. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo comparó la situación con la Marcha Verde de 1975 y acusó a Sánchez de haber ‘regalado el Sáhara sin autorización del Congreso’. Mientras, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, aprovechaba para hablar de ‘la izquierda de Sánchez y la ultraizquierda para destruir España’.
La realidad jurídica desmonta el argumentario de la oposición
Los hechos son tozudos y rebajan la inflamación verbal. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las ‘devoluciones en caliente’ a migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. Pedir, por tanto, devoluciones masivas inmediatas es chocar de frente con la jurisprudencia.
Además, el procedimiento extraordinario de regularización que PP y Vox señalan como ‘efecto llamada’ cerró su plazo de solicitudes hace un mes y exigía, entre otros requisitos, haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026 y haber residido al menos cinco meses. Las personas que acaban de llegar a Ceuta no pueden acogerse a él. Atribuir la crisis a esa norma es, cuando menos, una simplificación interesada.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ya avanzó ayer que el Gobierno responderá ‘con firmeza y con la ley en la mano’ en la sesión de control de la próxima semana. Quienes piden que se viole la legalidad internacional y se pisoteen derechos humanos están fuera del consenso europeo’, subrayó.
La derecha cabalga la ola de una crisis humanitaria con un discurso que la izquierda entiende como pura agitación electoral.
El Eje del Poder Socialista
La crisis de Ceuta ha reactivado uno de los pulsos más ásperos de la legislatura. Ferraz observa cómo el PP, lejos de distanciarse de Vox en un asunto tan sensible, se pliega a su lenguaje más duro. El Gobierno de coalición, con el PSOE al frente, maneja esta situación con un doble objetivo: mantener el control operativo de la frontera y no ceder ni un milímetro en la defensa de los derechos humanos, que es la marca de la casa socialdemócrata.
En el Ejecutivo son conscientes de que la oposición intenta arrastrar el debate al terreno de las vísceras. Sin embargo, confían en que la imagen de un PP que pide devoluciones imposibles —y que, como recordó ayer la vicepresidenta Montero, ‘se parece cada vez más a las recetas de la ultraderecha’— les pase factura entre el electorado moderado. Mientras, los barones socialistas con frontera exterior, como el presidente de la Ciudad de Ceuta (del PP, pero cuya gestión es supervisada por el Estado), observan el despliegue de medios del Ministerio del Interior con inquietud pero sin ruptura institucional.
La clave a medio plazo está en Bruselas. El comisario europeo de Migración ya ha señalado que cualquier respuesta debe ser coordinada y respetuosa con el acervo comunitario. España, bajo el mandato socialista, defiende una política migratoria basada en la responsabilidad compartida, las vías legales y la cooperación con los países de origen. Frente a quienes solo ofrecen muros y devoluciones, el PSOE reivindica el modelo europeo de solidaridad. Esa es la trinchera ideológica que el partido quiere reforzar en los próximos meses, con la cumbre de líderes prevista para septiembre como primer test de estrés.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La regularización aprobada por el Gobierno no tiene nada que ver con la crisis actual. El PP y Vox utilizan el dolor humano para atacar sin propuestas viables.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE) y el dispositivo de Interior liderado por los ministerios socialistas.
- Próximo hito: Sesión de control en el Congreso la próxima semana, donde el Gobierno responderá a las exigencias de la oposición sobre Ceuta y la política migratoria.
