Las tres capitales vascas, Bilbao, Donostia, y Vitoria-Gasteiz, ultiman sus ordenanzas fiscales para aplicar el nuevo impuesto turístico en Euskadi a partir del 1 de enero de 2027, con tarifas que oscilan entre los 0,50 euros y los 6,50 euros por noche y un recargo generalizado a las viviendas de uso turístico.
La norma, aprobada por las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba en el marco de su potestad foral, grava las pernoctaciones durante los seis primeros días de estancia. Cada municipio debe aprobar su propia ordenanza en otoño para que el tributo entre en vigor sin contratiempos. De no hacerlo, se aplicarían las tarifas máximas por defecto.
Las tarifas en las tres capitales: del mínimo en Vitoria al máximo en Donostia
Donostia-San Sebastián es la capital más afectada por el turismo y ha optado desde el primer momento por las tarifas más elevadas. El alcalde, Jon Insausti (PNV), defendió incluso que el impuesto se aplicara este mismo verano. Los visitantes pagarán 6,50 euros por noche en pisos turísticos y hoteles de cinco estrellas, 5,50 euros en los de cuatro estrellas, 3,50 euros en los de tres, y tarifas decrecientes hasta 1,25 euros en agroturismos. Los cruceristas abonarán siete euros. La previsión de recaudación ronda los ocho millones de euros.
Bilbao, por su parte, ha adoptado un enfoque intermedio, “utilizando el margen que ofrece la norma foral con criterios de moderación y equilibrio”, según fuentes del consistorio. Así, los hoteles de cinco estrellas pagarán 5 euros, los de cuatro 4 euros, y los apartamentos turísticos 3,5 euros. La excepción son las viviendas turísticas, a las que se aplica el máximo de 6,50 euros. La capital vizcaína prevé ingresar alrededor de 12 millones de euros, la cifra más alta entre las capitales.
Vitoria-Gasteiz se sitúa en el extremo opuesto: ha fijado los tipos mínimos de la horquilla en todas las categorías. Las viviendas turísticas tributarán 4,5 euros, los hoteles de cinco estrellas 4,5 euros, y las pensiones y campings 0,75 euros. El Ayuntamiento de Vitoria justifica esta decisión en la voluntad de no perjudicar un destino con menor presión turística.
El foco en las viviendas turísticas y la recaudación prevista
El denominador común en la mayoría de los municipios es la penalización de los pisos y viviendas turísticas. Tanto Donostia como Bilbao aplican el tipo máximo de 6,50 euros a estas modalidades, igual que los hoteles de cinco estrellas, mientras que otras localidades como Laguardia (Rioja Alavesa) o Oñati (Gipuzkoa) también reservan el máximo para frenar la proliferación de estos alojamientos. En Laguardia, el objetivo es “proteger el uso residencial del casco histórico”, según el borrador de la ordenanza.
Las tres capitales vascas han optado por modelos tarifarios muy distintos, aunque coinciden en penalizar con el máximo las viviendas de uso turístico.
La recaudación prevista es un aspecto clave para los ayuntamientos. Donostia espera 8 millones, Bilbao 12 millones, y Vitoria no ha facilitado cifras concretas, aunque serán inferiores debido a las tarifas reducidas. La ley foral establece que los ingresos se destinarán a financiar los servicios públicos afectados por la actividad turística, como la limpieza, el transporte o la seguridad.
El contexto foral y los próximos pasos para 2027
El impuesto turístico es una figura habilitada por las normas forales aprobadas en las tres Juntas Generales, en ejercicio de la autonomía fiscal que otorga el Concierto Económico vasco. Esta capacidad permite a cada territorio histórico diseñar la horquilla tarifaria y delegar en los municipios la decisión última. La entrada en vigor del tributo está prevista para el 1 de enero de 2027, pero antes los respectivos plenos municipales deberán aprobar las ordenanzas definitivas, previsiblemente entre octubre y noviembre de 2026.
Según ha podido confirmar esta redacción, los ayuntamientos que no aprueben una ordenanza verán aplicadas las tarifas máximas por defecto, un mecanismo que busca incentivar la regulación local. Fuentes del Gobierno Vasco indican que el proceso avanza sin grandes discrepancias y que el calendario permitirá que todos los establecimientos turísticos estén preparados para la nueva fiscalidad en 2027.
