Malta lidera el rechazo al nuevo impuesto europeo sobre el juego online, una tasa que amenaza su boyante industria del iGaming y que enfrenta a la isla mediterránea con la Eurocámara y con el exfutbolista inglés Peter Shilton. Bruselas busca, con este tributo, recaudar al menos 1.900 millones de euros al año para financiar el próximo presupuesto comunitario, que se estima en dos billones.
Un impuesto que divide a la UE y a sus gobiernos
La propuesta, aún sin forma oficial por parte de la Comisión Europea, ha sido impulsada por el eurodiputado socialista rumano Victor Negrescu y se enmarca en la reforma de los recursos propios que debe aprobarse por unanimidad entre los Veintisiete. El Parlamento Europeo quiere que, durante el próximo ciclo presupuestario, se grave con un 3 % el volumen de negocio neto del juego online, un sector que mueve miles de millones en toda la Unión.
Sin embargo, el plan ha tropezado con la oposición frontal de Malta, el Estado miembro más pequeño y que más depende del juego en línea: la industria representa alrededor del 12 % de su PIB. El primer ministro maltés, Robert Abela, fue tajante en junio ante su Parlamento: “Malta no aceptará la introducción de ningún impuesto a nivel de la UE diseñado para sostener el gasto del bloque”.
Al otro lado del ring, Peter Shilton –el mítico portero inglés que encajó el gol de “la mano de Dios” de Maradona en 1986– se ha convertido en el rostro de la campaña a favor del gravamen. Tras superar una adicción de décadas que le costó más de un millón de libras, hoy dirige una organización contra la ludopatía. “En el fondo, van tras el dinero de todos. Así de simple”, declaró a Politico Europe durante una visita a Bruselas, en referencia a los lobbies del juego.
Malta, la “Alemania del coche” del juego online
La isla ha sabido construir ecosistema atractivo para las operadoras de apuestas, loterías y casinos digitales. Su régimen fiscal favorable y una licencia de juego que sirve como llave de entrada al mercado único europeo han atraído a centenares de empresas. “Malta es tan dependiente del juego online como Alemania lo es de los coches”, resume un diplomático europeo consultado por este medio.
Esa simbiosis tiene ramificaciones políticas. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo y también maltesa, inauguró el año pasado una conferencia internacional del sector en Roma, organizada por la empresa maltesa SiGMA, fundada por un amigo de la universidad. No es extraño que el gobierno de La Valeta haya llegado a desconocer sentencias de tribunales de otros países comunitarios contra sus operadoras de juego.
Las patronales del sector argumentan que un impuesto más alto empeorará las cuotas para los clientes y alimentará el mercado ilegal, “que está a un solo clic”, según el secretario general de la Asociación Europea de Apuestas y Juegos, Maarten Haijer. No obstante, el economista Nicola Matteucci, de la Universidad Politécnica de las Marcas (Italia), rebate que la demanda de juego no es tan elástica como sostienen las empresas: “La mayoría de los jugadores no son consumidores plenamente racionales y seguirán apostando aunque los impuestos reduzcan sus ganancias”.
El impuesto, de aprobarse, no solo vaciaría las arcas estatales del juego en varios países del sur, sino que pondría a prueba la solidaridad fiscal de una Unión que aún no ha digerido el aluvión de deuda de la pandemia.
Los grupos antiadicción, por su parte, celebran un posible gravamen porque confían en que reducirá la publicidad y, con ella, la captación de nuevos apostadores. “Menos publicidad de apuestas sería, para mucha gente, un beneficio público”, sostiene Derek Webb, fundador de la Campaña por un Juego más Justo.
El Eje del Poder Europeo
El impuesto al juego online ha dibujado una nueva fractura en el mapa comunitario: el “Club Med” –Malta, Italia, España y Portugal– se ha unido para bloquearlo, mientras Francia lidera a los países del oeste que lo apoyan. Las cifras de la propia Comisión, a las que ha tenido acceso Politico, revelan por qué: España sería la más perjudicada, con una factura anual de 414 millones de euros, casi una cuarta parte del total estimado. Malta, pese a su tamaño, tendría que aportar 165 millones, una cantidad desproporcionada para un país de medio millón de habitantes. Portugal teme que el gravamen erosione los ingresos de la lotería estatal que financia la centenaria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mientras que la resistencia italiana, con un coste estimado de apenas el 7 % del nuevo tributo, sorprende incluso a los defensores de la tasa; el gobierno de Giorgia Meloni ya dio señales de sintonía con el sector el año pasado al impulsar la vuelta de la publicidad de apuestas en el fútbol profesional.
La unanimidad exigida para los recursos propios convierte este pulso en un espejo de otras batallas fiscales fallidas, como el impuesto a las transacciones financieras de 2014, que naufragó ante las resistencias nacionales. La presidencia irlandesa del Consejo quiere cerrar un acuerdo este año, pero la aritmética es diabólica: basta un solo veto para tumbar todo el paquete del presupuesto plurianual. Mientras, Bruselas contempla una alternativa incómoda: si no llegan nuevos ingresos propios, los Estados miembros deberán elevar sus contribuciones nacionales en plena escalada del gasto en defensa y con los intereses de la deuda pospandemia aún coleando. La próxima ventana de negociación se abrirá en otoño, cuando los ministros de Finanzas retomen el debate sobre los recursos propios. Hasta entonces, la pequeña Malta mantendrá su pulso con la Eurocámara y con el exportero que, paradójicamente, defiende ahora que quien apuesta, pierde.
