EH Bildu ha saludado la ley turca para el desarme del PKK y se ofrece como aliada en el proceso. La formación soberanista considera la norma un ‘paso adelante’, pero advierte de que no bastará para consolidar la paz.
En una nota de prensa, la coalición recuerda que la ley, aprobada el 10 de agosto en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, contempla ‘la protección jurídica condicionada y los mecanismos de reinserción’. También subraya que su aplicación queda ligada a la verificación del desarme. ‘La experiencia de Euskal Herria tiene mucho que aportar’, añade, sobre todo para abordar conflictos políticos mediante el diálogo. Sin embargo, matiza que la solidaridad internacional ‘no significa imponer modelos desde fuera’ y defiende respetar ‘las características y ritmos de cada proceso.
Qué dice la ley aprobada por la Gran Asamblea Nacional de Turquía
La norma turca ofrece un marco jurídico para suspender entre cinco y diez años las causas, los juicios y la ejecución de condenas contra miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Para ello, el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía debe certificar antes la entrega de armas. La suspensión alcanza a las condenas por pertenencia, propaganda, financiación o apoyo deliberado a la organización. En penas de hasta 15 años, la ejecución quedará suspendida cinco años; en las más largas, hasta diez. También se paralizarán las investigaciones abiertas.
Quedan fuera, no obstante, varios supuestos. La ley no ampara el homicidio doloso cometido en el marco de la actividad de la organización ni los atentados con explosivos con muertes. Tampoco los delitos anteriores al 1 de junio de 2005 penados con cadena perpetua o perpetua agravada. A ello se suma la exclusión expresa de Abdullah Öcalan y de la cúpula del PKK. Según medios turcos, hasta 3.600 presos podrían beneficiarse; alrededor de 300 quedarían fuera en Turquía y entre 300 y 500 en el exilio.
La posición de EH Bildu y su oferta de acompañamiento
La coalición abertzale valora la norma como ‘un paso adelante’ porque sitúa el desarme y la disolución del PKK en un marco jurídico y prevé medidas para las consecuencias sociales de la desmovilización. A su juicio, dejar las armas requiere seguridad jurídica y condiciones de reinserción. Al mismo tiempo, avisa de que la ley ‘no resuelve todas las dimensiones políticas del conflicto’: quedan pendientes los derechos políticos y culturales de los kurdos, el uso de la legislación antiterrorista y la situación de Öcalan.
El fundador del PKK permanece encarcelado en la isla de Imrali desde 1999. En febrero de 2025 pidió la disolución de la organización, y el PKK decidió en su congreso de mayo siguiente el fin de la lucha armada. El proceso se selló en julio de 2025 con una quema simbólica de armas en las montañas de Kandil. Tanto Öcalan como el PKK consideran la ley un primer paso, aunque la organización ha criticado sus ‘errores graves y deficiencias’ por no incluir la solución del problema kurdo y la democratización.
La ley suspende entre cinco y diez años algunas causas y condenas vinculadas al PKK, pero excluye los delitos de sangre y a la cúpula de la organización.
El contexto del desarme y los retos pendientes
En la votación del 10 de agosto participaron a favor el AKP y el MHP, partidos gobernantes, junto al DEM, formación izquierdista que defiende los intereses de la minoría kurda. También apoyó la norma la mayoría del Yeni Parti, principal fuerza opositora tras su escisión del socialdemócrata CHP. El recorrido de la ley depende ahora de que el Gobierno turco certifique el desarme y de lo que decidan los tribunales.
EH Bildu sostiene que el desarme no basta para consolidar un proceso de paz. Por eso defiende que en la fase posterior se desarrollen mecanismos de confianza política, derechos democráticos y tratamiento de las causas políticas del conflicto. La coalición, con representación en el Congreso, refuerza con este posicionamiento su red de diplomacia internacional y vincula su oferta a la experiencia vasca: ‘El fin de la violencia es un importante punto de partida, pero también deben abordarse las consecuencias, la situación de los presos, las víctimas, la memoria y la dimensión política’.
Ese precedente vasco incluye el cese definitivo de la violencia anunciado por ETA en 2011 y el desarme sellado en 2017, seguido de debates abiertos sobre presos, víctimas y memoria. La norma turca no fija un calendario concreto de entrada en vigor; su aplicación queda sometida a la verificación del desarme por el Consejo de Seguridad Nacional y a las decisiones judiciales posteriores.
