La Memoria 2026 de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, correspondiente al ejercicio 2025, dibuja un escenario de incremento de la criminalidad en la región, con una especial preocupación por el aumento de los delitos violentos, las agresiones sexuales, la delincuencia patrimonial y la presión creciente sobre un sistema judicial que ya reconoce estar trabajando por encima de su capacidad.
El documento, elaborado por la Fiscalía Superior, advierte además de que el crecimiento de los procedimientos penales supera ampliamente el refuerzo de plantillas y reclama más medios para afrontar una carga de trabajo cada vez mayor.
La radiografía judicial refleja una realidad especialmente significativa en una comunidad de más de 7,1 millones de habitantes, donde la Fiscalía atendió la actividad de 550 órganos judiciales con una plantilla orgánica de 334 fiscales en el conjunto de Madrid, las fiscalías de área y las secciones territoriales. La propia institución reconoce que los recursos disponibles no han crecido al mismo ritmo que la litigiosidad.
Más delitos y una Fiscalía bajo presión
El principal mensaje de la memoria es claro: la criminalidad continúa creciendo en Madrid y ese incremento tiene un impacto directo sobre el funcionamiento de la Justicia. La entrada de nuevos procedimientos penales, unida a la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 y al nuevo modelo de Tribunales de Instancia, provocó retrasos, dificultades organizativas y una mayor presión sobre fiscales y funcionarios.
La Fiscalía explica que durante 2025 fue necesario reorganizar plantillas, adaptar herramientas informáticas y redistribuir competencias prácticamente sin margen temporal. Esa transición coincidió con un volumen creciente de asuntos penales, lo que derivó en demoras en la tramitación y en problemas de coordinación entre oficinas judiciales y fiscales durante buena parte del año.
El documento también pone el foco sobre un problema estructural: la insuficiencia de fiscales especializados. Las distintas jefaturas territoriales coinciden en que los incrementos de plantilla de los últimos años resultan insuficientes para absorber el crecimiento constante de los procedimientos y atender adecuadamente nuevas especialidades como la violencia contra la infancia, los delitos económicos o la criminalidad organizada.
Violencia, agresiones sexuales y patrimonio: los delitos que más preocupan
Aunque la memoria analiza todas las modalidades delictivas, la Fiscalía identifica como especialmente relevantes los delitos contra la vida y la integridad, las agresiones contra la libertad sexual, la violencia doméstica y los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que concentran buena parte de la actividad penal desarrollada durante 2025.
La creciente complejidad de estas investigaciones ha obligado incluso a reforzar unidades especializadas. Durante el ejercicio se consolidó la sección de criminalidad organizada y delincuencia grave, creada para asumir procedimientos relacionados con grupos criminales que no correspondían a otras fiscalías especializadas, mientras que la protección de víctimas y la recuperación de activos adquirieron un peso cada vez mayor dentro de la organización del Ministerio Fiscal.
Otro de los ámbitos que experimentó una importante transformación fue el de la violencia sobre la mujer y la infancia. La entrada en vigor de la nueva organización judicial incorporó nuevas plazas específicas y creó una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en el Tribunal de Instancia de Madrid, ampliando además las competencias de las secciones de violencia sobre la mujer para asumir determinados delitos sexuales cuando la víctima es una mujer.
La delincuencia económica y el crimen organizado ganan protagonismo
El crecimiento de los delitos económicos también ocupa un lugar destacado en la memoria. La Fiscalía Provincial de Madrid reforzó esta sección con fiscales adicionales y destinó recursos específicos para investigar procedimientos cada vez más complejos relacionados con patrimonio, fraude y criminalidad financiera.
Paralelamente, la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Fiscalía registró un incremento del 25,3 % en los requerimientos recibidos, una cifra que refleja el aumento de investigaciones y la mayor demanda de actuaciones especializadas. Además, las reuniones operativas entre fiscales y policías crecieron un 28 %, consolidando un modelo de trabajo basado en la planificación anticipada y la coordinación frente al crimen organizado y la cooperación internacional.
La cooperación jurídica internacional también aumentó durante 2025, con un crecimiento superior al 25 % de los expedientes tramitados, un indicador que evidencia el carácter cada vez más transnacional de numerosas investigaciones desarrolladas desde Madrid.
El desafío de una Justicia con más trabajo que recursos
Más allá de las cifras delictivas, la conclusión de la Fiscalía es que el verdadero reto está en la capacidad de respuesta del sistema judicial. Al cierre de 2025 trabajaban efectivamente 384 fiscales en las distintas fiscalías madrileñas, frente a una plantilla orgánica inferior, gracias a comisiones de servicio, fiscales adscritos y sustituciones. Sin embargo, la institución considera que ese esfuerzo resulta insuficiente para garantizar un servicio ágil y especializado.
La memoria insiste en que el incremento de la carga de trabajo supera con creces la evolución de los recursos humanos y reclama nuevas plazas tanto de fiscales como de personal de la Oficina Fiscal. De hecho, recuerda que estudios internos ya estimaban la necesidad de incorporar decenas de funcionarios adicionales para asegurar un funcionamiento adecuado de las fiscalías madrileñas.
Con una población en constante crecimiento, una criminalidad cada vez más sofisticada y procedimientos penales más complejos, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid concluye que 2025 ha supuesto un punto de inflexión: no solo aumentaron los delitos investigados, sino también la exigencia sobre una Administración de Justicia que deberá adaptarse con más medios y mayor especialización para responder a la nueva realidad criminal.
