Las ayudas por el incendio de Valdeorras cumplen un año sin traducirse en una reconstrucción visible. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) ha desembolsado 21,5 millones de euros, pero en San Vicente de Leira los escombros y los cheques conviven con la sensación de abandono.
La factura del fuego: 31.800 hectáreas y un pueblo casi borrado
El incendio declarado el 13 de agosto de 2025 en Seadur, en el municipio ourensano de Larouco, no se dio por extinguido hasta el 31 de agosto. Las llamas cruzaron hacia Lugo y León y calcinaron casi 31.800 hectáreas. En A Rúa alcanzaron zonas industriales y el vertedero municipal. La parroquia de San Vicente de Leira, en Vilamartín, quedó arrasada: alrededor de 120 de sus 150 construcciones resultaron destruidas.
La respuesta de la Xunta movilizó 21,5 millones de euros en ayudas autonómicas. Se repartieron 87 ayudas para reconstruir viviendas, con cobertura del 100 % en primeras residencias destruidas; otros 2,25 millones para reactivar 15 negocios y empresas; y cinco millones para que los ayuntamientos repararan infraestructuras y vías públicas. A eso se suman subvenciones agroganaderas y forestales cuyos últimos pagos deberían completarse antes de diciembre. El cheque público no equivale, por sí solo, a una obra terminada.
No obstante, la sensación predominante en el terreno es de estancamiento. En San Vicente de Leira Rosana Fernández recuerda que su padre perdió su casa. “El pueblo está más desolado que el día después del incendio”, asegura. Reconoce que la Consellería de Vivenda (el departamento autonómico de vivienda) cumplió con la entrega del cheque y que la conselleira acudió personalmente, pero la intervención para retirar elementos peligrosos le pareció insuficiente. Algunas familias quieren reconstruir; otras mantienen sus propiedades entre ruinas y escombros, sin reunir las condiciones de acceso a las ayudas.
La gestión del entorno natural agrava la desconfianza
La alcaldesa de A Rúa, María González Albert, denuncia que los trabajos de reforestación siguen paralizados por parte de la Xunta y de la Confederación Hidrográfica. Habla de una “tala descontrolada” y del tránsito constante de camiones pesados. La falta de respuesta institucional ante zonas catalogadas mantiene la inquietud de los municipios de cara al próximo otoño.
El temor se concreta en captaciones de agua y arroyos muy dañados por las pistas abiertas durante la extinción. Las lluvias torrenciales del otoño podrían agravar los daños. “Ya no tenemos esperanzas de nada, ya no sabes cómo afrontar, la Administración no se implica”, resume Rosana Fernández.
Valdeorras no discute solo el importe de las ayudas: discute si la reconstrucción pública puede llegar a tiempo antes del próximo otoño.
Un año después, las cicatrices del fuego persisten no solo en los esqueletos de viviendas, sino en el ánimo de vecinos y alcaldes que afrontan el otoño con más incertidumbres que certezas.
El Laboratorio Gallego
La gestión de la emergencia y de la reconstrucción en Valdeorras se ha convertido en un expediente más del modelo autonómico que el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) defiende desde la Xunta. Galicia acumula quince años de gobiernos del PPdeG y el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) no ha vivido una alternativa de gobierno en todo ese periodo. La oposición del BNG (Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y del PSdeG (Partido Socialista de Galicia, la federación gallega del PSOE) ha convertido la reconstrucción rural y las infraestructuras dañadas en un terreno de fricción. La pregunta que recorre la comarca es si la ejecución de las ayudas llegará antes de que el desgaste se consolide como relato político de abandono.
La lectura nacional es evidente. El PP utiliza a menudo la gestión gallega de las emergencias y de los fondos autonómicos como referencia comparada, mientras que el PSOE y otras formaciones observan los retrasos de Valdeorras como un contraejemplo. En Madrid, la reconstrucción tras catástrofes naturales y la coordinación entre administraciones son asuntos de alta sensibilidad. Lo que ocurra en San Vicente de Leira y A Rúa durante el otoño servirá para medir la solidez del modelo gallego frente a la gestión de crisis en el conjunto de España.
El calendario inmediato sitúa la próxima verificación en diciembre, cuando la Xunta espera completar los últimos pagos del sector agroganadero y forestal. Hasta entonces, la reconstrucción física de viviendas y la reforestación del entorno serán los dos marcadores que se miren en la comarca, en Santiago y también fuera de Galicia.
Ficha del Caso
- El caso: Un año después del incendio que calcinó casi 31.800 hectáreas en Valdeorras, las ayudas autonómicas conviven con escombros, viviendas sin reconstruir y un entorno natural aún sin recuperar.
- Datos importantes: 21,5 millones de euros movilizados; 87 ayudas a viviendas, 2,25 millones para 15 negocios y cinco millones para ayuntamientos. Los pagos agroganaderos y forestales deberían completarse antes de diciembre.
- Resumen: La reconstrucción avanza más lenta que el relato institucional. El otoño medirá si la Xunta convierte los cheques en obras antes de que el descontento se consolide.
