La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente han advertido de que la entrada irregular en España no permite denegar en masa las solicitudes de asilo. Ambas asociaciones judiciales defienden el análisis individualizado de cada expediente, incluso cuando la petición se presenta tras una llegada masiva como la registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
La advertencia llega después de que el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, reclamara al Gobierno que desestime las peticiones de asilo de los migrantes que entraron durante aquel episodio, en el que llegaron entre 70.000 y 80.000 personas procedentes de Marruecos y fallecieron 83 personas. Vivas pidió «retorno a Marruecos» y afirmó que «ningún asilo» debía ser concedido, una postura que ha sido respaldada por la dirección nacional del PP.
La entrada irregular no anula el examen individual
Fuentes de la APM explican que el ordenamiento jurídico permite endurecer y acelerar la tramitación de las solicitudes de protección internacional en frontera, pero no autoriza a decidir de antemano que cualquier persona que haya entrado de forma irregular verá rechazada su petición. «Cada solicitud debe poder ser examinada, porque detrás de una entrada irregular puede existir una persona que reúna realmente los requisitos para obtener protección internacional», subrayan.
La asociación mayoritaria de la carrera judicial insiste en separar los dos planos jurídicos. «Una cosa es que entrar irregularmente en España no otorgue ningún derecho a permanecer y otra distinta es que esa entrada irregular elimine el derecho a pedir protección internacional», sostiene. Son dos planos jurídicos diferentes.
En términos similares se pronuncia el presidente del Foro Judicial Independiente, Roberto García Ceniceros, quien recuerda que la resolución de las peticiones de asilo corresponde al Ejecutivo, pero destaca el carácter necesariamente individualizado del procedimiento. El asilo, señala, es «una figura pensada para estudiarla caso a caso».
El episodio de Ceuta dejó entre 70.000 y 80.000 llegadas y 83 fallecidos, pero el marco jurídico mantiene el examen caso a caso.
El debate político y el respaldo del PP
El planteamiento de Juan José Vivas ha recibido el respaldo de la dirección nacional del PP. El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, defendió que la medida no vulneraría la legislación internacional y citó el precedente de Grecia, que suspendió temporalmente el derecho de asilo ante situaciones de presión migratoria. Según De los Santos, existen precedentes dentro de la Unión Europea.
Frente a la posibilidad de una respuesta generalizada, la APM introduce una distinción jurídica fundamental: el ordenamiento permite acelerar la tramitación en frontera, pero no autoriza a decidir de antemano que toda entrada irregular conduce al rechazo. Esta posición no discute la potestad del Gobierno para resolver los expedientes, sino el automatismo de la denegación.
El contexto institucional
La crisis migratoria de Ceuta se produjo en un contexto de presión migratoria excepcional. Los datos citados en el debate sitúan la llegada de entre 70.000 y 80.000 personas en apenas dos días, con un saldo de 83 fallecidos. Se trata de una de las mayores crisis migratorias recientes en territorio español y ha reabierto la discusión sobre los límites del procedimiento de protección internacional.
El ordenamiento jurídico español, recogido en la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, obliga a realizar un exámen individualizado de cada solicitud, incluso cuando la entrada se haya producido de forma irregular. El Ministerio del Interior es el órgano competente para la resolución de los expedientes. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera se centró en restablecer el perímetro y atender a las personas llegadas, conforme a los protocolos de extranjería.
El debate no está cerrado. Ambas asociaciones judiciales advierten de que cualquier reforma legal o cambio de criterio deberá respetar el examen individualizado, y el Ministerio del Interior podría clarificar el procedimiento en frontera mediante instrucciones internas.
