Vox recurre ante el Tribunal Supremo contra la Junta Electoral Central (JEC) por el censo irregular de la Ley de Nietos. El partido pide al Alto Tribunal que declare la ‘competencia irrenunciable’ del órgano arbitral y le obligue a actuar sobre las altas en el Censo Electoral de Residentes en el Extranjero (CERA).
La formación de Santiago Abascal ya había acudido antes a la Junta Electoral Central, según el recurso al que ha tenido acceso Libertad Digital, para solicitar una auditoría de las inscripciones del CERA vinculadas a la Ley de Nietos. La Junta denegó la petición, pero cuatro de sus trece vocales emitieron un voto particular en el que defendían investigar las altas.
Qué pide Vox al Tribunal Supremo y con qué fundamento
El recurso impugna la resolución de la JEC que se declaró incompetente para auditar las altas del CERA. Vox exige al Supremo que corrija a sus propios vocales: recuerda que la Junta está integrada ‘en su mayoría’ por magistrados del Alto Tribunal y que, por tanto, no puede eludir una competencia que considera irrenunciable.
El partido sostiene que la Ley de Nietos, impulsada en 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática, ha provocado un ‘incremento irregular’ de inscripciones. La norma abrió la puerta a que voten nietos de españoles que no hayan pisado España. El texto del recurso reclama que solo se tramiten altas cuando se pruebe la causa del exilio exigida por la Ley de Memoria Democrática, no cuando se presuma.
También pide garantías sobre la identidad del votante, la trazabilidad del voto y la custodia de los sufragios ‘en iguales términos que se realiza para los españoles que residen dentro del territorio nacional’. La propuesta se apoya en el voto particular de los cuatro vocales, según consta en el escrito.
El recurso no plantea una mera disputa competencial: busca que el Supremo obligue a la Junta Electoral Central a ejercer un control efectivo sobre las altas del voto exterior.
El rechazo previo de la Junta y el papel de los cuatro vocales
La JEC desestimó la denuncia inicial de Vox, pero el voto particular de los cuatro vocales advertía de un incremento irregular en el censo a raíz de la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. Esa instrucción fue firmada por Sofía Puente, hermana de Óscar Puente, y abriría los beneficiarios de la ley a un número indeterminado, según la tesis de los vocales.
La denuncia de Vox pedía a la Junta que ordenase a consulados, ayuntamientos y encargados del Registro Civil toda la documentación necesaria para comprobar las altas. El partido entiende que el órgano arbitral debe asegurar ‘la limpieza, transparencia, legalidad y objetividad del proceso electoral’, ya que su inacción vulnera el derecho de sufragio.
Lectura estratégica: el control del voto exterior como bandera
El movimiento tiene una lectura estratégica clara. Vox convierte la supervisión del CERA en un eje de presión institucional y de discurso ante el Gobierno. La denuncia contra la instrucción firmada por Sofía Puente y la impugnación de la inacción de la JEC sitúan al partido en el terreno de la defensa de la pureza del sufragio, un argumento que ya utilizó en la pasada legislatura.
No es un choque nuevo. Vox ha denunciado en varias ocasiones la gestión que el Ministerio de Inclusión y la Dirección General de Españoles en el Exterior hacen del voto rogado. El recurso ante el Tribunal Supremo eleva ahora esa batalla al ámbito judicial y obliga al Alto Tribunal a pronunciarse sobre los límites de la Junta Electoral Central. Si el Supremo entra a corregir la resolución, la JEC quedaría forzada a desplegar un control documental mucho más exigente en consulados y registros.
El Gobierno mantiene que la Ley de Nietos es una norma de reparación democrática, pero no ha despejado las dudas sobre el control de las altas. La existencia de un voto particular de cuatro vocales, con la firma de magistrados del Supremo, refuerza la posición de Vox y alimenta el debate parlamentario sobre la integridad del voto exterior. Cabe recordar que el censo CERA decide escaños en varias circunscripciones y ha sido objeto de disputa recurrente entre los partidos.
Ahora el Tribunal Supremo deberá decidir si admite el recurso y si la Junta Electoral Central tiene la obligación de actuar. Para Vox, esta vía judicial es la palanca para forzar una auditoría efectiva. La próxima interlocutoria del Alto Tribunal marcará el calendario de la batalla del voto exterior.
