La UCO ultima los informes sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y los entregará al juez Ismael Moreno en septiembre, según Hispanidad. La investigación se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y mantiene una pieza separada secreta sobre pagos en metálico del partido.
El PSOE ha negado rotundamente los hechos, como consta en su página oficial. Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez han rechazado cualquier irregularidad en la financiación del partido. Fuentes de Ferraz consultadas por Moncloa.com reiteran esa negativa y recuerdan que la causa permanece bajo secreto de sumario.
La pieza abierta por el juez Ismael Moreno se centra en los pagos en metálico que habría realizado el partido y en la documentación aportada por el empresario Víctor de Aldama. El pasado 12 de marzo, Aldama entregó en secreto un sobre con supuestas pruebas que incluirían 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA.
El origen de esta pieza se remonta a la declaración de Víctor de Aldama ante el juez instructor. El empresario, imputado en otras causas, puso sobre la mesa una documentación que apuntaría a una supuesta caja de financiación procedente de Venezuela. La Audiencia Nacional decretó el secreto para proteger la investigación.
La investigación de la UCO: qué está en manos del juez Moreno
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, unidad de élite que ha participado en las principales causas anticorrupción de la última década, ultima ya la redacción de sus informes. Fuentes conocedoras del calendario sitúan la entrega al juez Moreno en la segunda quincena de septiembre, aunque la fecha exacta no es firme y podría desplazarse unos días en en función de la carga de trabajo.
El caso incomoda en Ferraz por razones de fondo y de relato. Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 con una moción de censura que vinculó al PP con una supuesta caja B, y ahora es el PSOE quien se enfrenta a una causa por financiación irregular. Ese contraste es el que la oposición intenta explotar en cada comparecencia.
La batalla no se libra solo en los juzgados; se libra también en el relato que cada socio necesita sostener ante su electorado.
La línea roja de Sumar y el temor de Ferraz
A la presión judicial se suma la política. Según la información de Hispanidad, sectores de Sumar han trasladado que la financiación ilegal es una línea roja que no están dispuestos a cruzar. La advertencia, interpretada en sede socialista como un aviso interno más que como una amenaza de ruptura, sitúa al socio minoritario de la coalición en una posición incómoda: mantener el apoyo parlamentario sin avalar judicialmente al PSOE.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista evitan alimentar el choque y remiten a la negativa oficial. ‘No vamos a hacer juicios paralelos’, señalan fuentes del GPS del Congreso, mientras recuerdan que el magistrado mantiene la investigación bajo secreto y que no existe resolución de fondo. En privado, algunos diputados socialistas admiten que la legislatura necesitará blindar la lealtad de Sumar en los momentos de mayor ruido judicial.
El Eje del Poder Socialista
El pulso interno y de coalición se produce en un momento en el que Ferraz trata de blindar su agenda social y territorial. La dirección federal sabe que cualquier avance judicial en esta causa puede convertirse en munición parlamentaria para PP y Vox, y por eso insiste en separar lo jurídico de lo político. La consigna en la cúpula es no entrar al trapo y dejar que los tribunales trabajen.
Territorialmente, el impacto es desigual. En las comunidades gobernadas por el PSOE, los presidentes autonómicos guardan silencio o remiten a la versión oficial, mientras la oposición regional intenta trasladar el ruido a los plenos. En Castilla-La Mancha o Asturias, el argumento de la financiación irregular apenas ha encontrado eco más allá de los medios conservadores, pero el riesgo de contagio está sobre la mesa si la UCO confirma extremos relevantes.
La lectura a medio plazo es clara: el PSOE necesita que la investigación avance sin que Sumar se descuelgue del bloque de investidura. Si la advertencia de línea roja se convierte en exigencia pública, la coalición entraría en una fase de desgaste que Ferraz no puede permitirse en vísperas del próximo ciclo electoral.
El precedente histórico más incómodo para el PSOE es la propia estrategia de Sánchez en 2018, cuando la corrupción del PP sirvió de palanca para alcanzar el Gobierno. Aquella moción de censura, hija del malestar por la Gürtel, convierte ahora cualquier causa por financiación en un arma de doble filo. La dirección federal lo sabe y por eso evita pronunciarse sobre el fondo; espera que sea la justicia quien ponga las cosas en su sitio.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La financiación del PSOE es legal y está fiscalizada; ningún procedimiento en curso acredita irregularidad alguna.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Entrega de los informes de la UCO al juez Ismael Moreno a lo largo de septiembre.
