EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha rechazado la propuesta del PP de devolver ‘directamente’ a todos los menores migrantes que están solos en Ceuta sin valorar su situación personal.
- ¿Quién está detrás? Teresa Gisbert, la Fiscalía de Menores, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que defienden la intervención de la Fiscalía, la escucha del menor y el retorno voluntario con garantías.
- ¿Qué impacto tiene? El debate refuerza el marco de protección del menor y tensa al Gobierno con PP y Vox por la política migratoria.
La fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha rechazado la propuesta del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver ‘directamente’ a todos los menores migrantes que se encuentran solos en Ceuta. La fiscal lo resume sin ambages: ‘No tiene sentido’.
Lo que dice la fiscal: retorno caso por caso con garantías europeas
En una entrevista en la Cadena SER, Gisbert ha negado que sea posible un retorno ‘instantáneo, directo y exclusivo’ de los niños y niñas antes de ‘conocer sus circunstancias’. La obligación legal, ha recordado, es valorar previamente y ‘a título personal’ el ‘interés superior del menor’.
Esa obligación se traduce en ‘una serie de requisitos’ que la fiscal presenta como ‘garantías legales’ de cumplimiento inexcusable. Están recogidas, entre otras normas, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Extranjería y la Ley de Protección Jurídica del Menor.
‘La normativa está clarísima y es europea’, ha afirmado. Y ese marco no admite atajos: la entrevista con los menores es pieza clave. Los chicos y chicas contactados hasta ahora, ha explicado, ‘no quieren volver a Marruecos’, sino ‘ir a la península’.
La entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) el pasado 12 de junio de 2026 añade otro vector a la discusión. Aunque en España todavía no se aplica formalmente, la senda europea está marcada. Gisbert insiste: ‘Por supuesto que cabe la devolución de menores, pero no instantánea’.
La devolución de un menor no puede ser un atajo: la ley obliga a escucharle y a que intervenga la Fiscalía antes de cualquier decisión.
La fiscal también ha contado cómo algunas comunidades autónomas ‘ponen pegas’ para acoger a estos menores. Al final, ha dicho, ‘ceden’ cuando la Fiscalía les recuerda los reales decretos de contingencia migratoria: ‘No tienen más remedio porque es el cumplimiento de la ley’.
El debate, sin embargo, se sitúa en el terreno político, no en el de la ley. Ahí la oposición ha vuelto a marcar perfil.
El pulso político: PP y Vox piden devolución, el Gobierno defiende la ley
PP y Vox mantienen su exigencia de devolver a todos los menores. La respuesta de Moncloa la ha expresado esta semana la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Deportar a niños y niñas, ha dicho, ‘es una barbaridad, venga de donde venga’.
Rego desmonta la idea de Feijóo de que los menores deben estar con sus padres: ‘Es una generalización que pasa por alto que en la mayoría de los casos estos niños o no tienen familias, o vienen de situaciones de violencia o abuso que impiden su retorno. Huyen de eso’. Por eso, ‘devolverlos a eso es una vulneración de sus derechos fundamentales’.
La ley, insiste, es ‘clara’: ‘Escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países. Porque el retorno debe ser voluntario y con garantías’. Su departamento trabaja en el traslado de 500 niñas y adolescentes a la Península para su acogida y atención, priorizando la reunificación familiar solo cuando es viable.
Para la ministra, Feijóo ‘se suma’ a la generalización para ‘encubrir oportunismo político y sumarse a las posiciones racistas de Vox’. El mensaje, en todo caso, ya ha quedado fijado por ambas partes.
El Eje del Poder Socialista
En clave de estrategia, lo que ha ocurrido esta semana en el debate migratorio no es un mero cruce de declaraciones. Es la reafirmación de una línea: la protección del interés superior del menor frente a las propuestas de devolución masiva. Y esa línea, respaldada por la Fiscalía, sitúa al Gobierno en el marco de la legalidad europea.
El precedente importa. En mayo de 2021, la entrada masiva de miles de personas en Ceuta —entre ellas centenares de menores— obligó al Ejecutivo a gestionar una crisis de acogida bajo una enorme presión de la derecha. Entonces, como ahora, PP y Vox hablaron de devoluciones. El final fue el mismo: la ley y los estándares internacionales marcaron el camino, no el ruido político.
El aterrizaje territorial es claro. Ceuta ha sido puerta de llegada, pero el cuidado de estos menores es una obligación de todas las administraciones. Algunas comunidades autónomas, hartas de infrafinanciación, ponen pegas; los reales decretos de contingencia migratoria, sin embargo, existen precisamente para que la ley se cumpla. La disyuntiva para el Gobierno es doble: asegurar la acogida y, al tiempo, desactivar el discurso que identifica inmigración con inseguridad.
En lo social, lo que está en juego son los derechos de menores que han llegado solos, en muchos casos huyendo de la violencia. El tratamiento no puede reducirse a una consigna electoral. Para la socialdemocracia, la migración no es un problema de orden público sino una cuestión de derechos y de gestión. Y ahí la política de Pedro Sánchez busca presentarse como la única alternativa a la ‘deportación’ simplista.
El criterio de esta redacción: el PSOE y sus socios de coalición extraen una lectura institucional sólida; la debilidad de la oposición es evidente cuando propone devoluciones ‘instantáneas’ que ni siquiera la Fiscalía puede avalar sin vulnerar la ley.
La ventana inmediata es el traslado de esas 500 niñas y adolescentes a la Península. Un proceso delicado, que medirá la lealtad territorial de las comunidades autónomas y la capacidad del Gobierno para cumplir con la ley sin ruido. No será la última crisis de este debate, pero el marco, ayer y hoy, es el mismo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La protección del interés superior del menor es innegociable y la normativa europea impide devoluciones masivas sin garantías.
- Protagonista: Sira Rego (ministra de Juventud e Infancia).
- Próximo hito: Culminación del traslado de las 500 niñas y adolescentes migrantes a la Península y debate de las iniciativas de PP y Vox sobre devolución de menores.
