EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Aragón y los promotores de centros de datos preparan alegaciones contra el real decreto estatal antes del final de su consulta pública.
- ¿Quién está detrás? El presidente Jorge Azcón y la directora general de Energía, Yolanda Vallés, encabezan la oposición autonómica.
- ¿Qué impacto tiene? La exigencia de un 80% de renovables de nueva implantación y un plazo de seis meses pueden frenar inversiones ya tramitadas y futuras.
El Gobierno de Aragón prepara alegaciones contra el real decreto estatal que regula los centros de datos y cuya consulta pública concluye el próximo 4 de septiembre. La norma impone obligaciones de soberanía digital, exige que el 80% del consumo proceda de energía renovable de nueva implantación y fija un plazo de seis meses de adaptación para los proyectos en tramitación.
Qué exige el real decreto y por qué lo rechaza Aragón
En declaraciones a COPE, la directora general de Energía, Yolanda Vallés, ha criticado con dureza la regulación estatal: ‘cambia las reglas de juego una vez que se han iniciado ya los trámites de autorización de dichos proyectos’. La responsable autonómica sostiene que afecta tanto a futuras solicitudes como a quienes ya disponen de potencia concedida.
La acumulación de requisitos técnicos y ambientales complica el despliegue de las infraestructuras dada la capacidad actual de las redes. Vallés resumió el efecto: ‘técnicamente, si tú sumas todas las condiciones, lo hacen casi inviable la instalación de cualquier centro de dato’. La causa, según su análisis, es ‘un intento de tapar la falta de inversión estatal en en la red eléctrica.
La respuesta de la Delegación y el choque de criterios
Frente a esta postura, la Delegación del Gobierno en Aragón, con Fernando Beltrán al frente, defiende la norma para garantizar controles sobre los recursos y evitar un encarecimiento en la factura de la luz. El Ejecutivo autonómico responde con un diagnóstico opuesto.
Vallés ha calificado de ‘falsa alarma’ las advertencias sobre el incremento del precio de la electricidad y ha defendido que una mayor demanda favorece la rentabilidad del sistema. ‘Contra más energía se vende, se reducen los costes fijos y, por tanto, el beneficio eléctrico es mayor’, argumentó.
La norma no frena únicamente a los futuros proyectos: convierte en inviables infraestructuras que ya tenían autorización y avance administrativo.
La directora general recuerda que Aragón y España compiten en un mercado internacional frente a países como Francia o Italia y advierte contra el riesgo de autoimponerse trabas. ‘Han llegado tarde con la regulación, tarde con la inversión y tarde con la planificación’, reprochó a la administración central.
También ha incidido en los problemas de exigir un 80% renovable de carácter horario y procedente de nuevas instalaciones: dificultades de suministro nocturno para la fotovoltaica y necesidad de grandes campas de almacenamiento. Poner trabas a estos proyectos, concluye, perjudica la atracción económica, la digitalización de las empresas y la soberanía en inteligencia artificial y datos.
El Eje del Poder Popular
El choque sigue un patrón conocido: cada vez que el Gobierno central regula ex post una actividad que las comunidades ya habían impulsado, los ejecutivos populares lo interpretan como una invasión competencial y un freno a su autonomía. Ocurrió con la fiscalidad energética y con la planificación de las redes. Ahora se repite con los centros de datos.
Para el PP aragonés, la energía no es una cuestión técnica menor: es el factor que permite a Aragón competir por inversiones tecnológicas de alto valor añadido. Las exigencias de renovables de nueva implantación y el plazo de adaptación de seis meses chocan con proyectos que ya tenían autorización y con una red cuya capacidad, admite la propia responsable autonómica, sigue pendiente de inversión estatal.
La posición de Jorge Azcón, por tanto, se juega en dos frentes: ante Moncloa, defendiendo el margen autonómico y la seguridad jurídica de los inversores; y ante los promotores, mostrando que el Ejecutivo aragonés no asume sin más una regulación que pone en riesgo su cartera. Si el real decreto sale adelante sin cambios, el riesgo es doble: los proyectos ya tramitados entran en una incertidumbre regulatoria grave y los futuros podrían emigrar a otras regiones europeas con plazos más previsibles.
La ventana crítica es corta. El plazo de consulta pública concluye el 4 de septiembre; hasta entonces, el Gobierno de Aragón y los promotores preparan sus alegaciones. Ese es el hito inmediato al que mirar antes del próximo Comité de Dirección nacional y de las reuniones sectoriales de energía.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Defensa de la autonomía energética y rechazo a una regulación tardía que frena la inversión en los territorios populares.
- Protagonista: Jorge Azcón (presidente del Gobierno de Aragón).
- Próximo hito: Fin de la consulta pública del real decreto el 4 de septiembre.
