El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha defendido organizar la política migratoria en Euskadi para que sea ‘asumible y aceptada socialmente’.
La entrada masiva de migrantes en Ceuta ha situado este asunto en plena agenda política y ha reactivado el debate sobre la acogida de menores. El consejero admitió que la situación es ‘complicada y difícil de atender’ y evitó valorar si el Gobierno central actuó ‘tarde y mal’, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press.
Qué plantea el Gobierno Vasco
El responsable de Seguridad enumeró cuatro cuestiones. La primera es la propia organización de la migración. ‘Nadie va a rechazar la inmigración, ¿pero de qué manera se tiene que producir?’, planteó. El Gobierno Vasco sitúa el foco en cómo hacerla ‘asumible y aceptada socialmente porque la necesitamos.
La segunda cuestión se refiere a si los servicios de información de cada Estado ‘han actuado debidamente’ y si contaban con información previa. La tercera es el aspecto humanitario, ‘muy gordo y difícil de atender’; y la cuarta, la reivindicación política de Marruecos sobre un territorio bajo soberanía española, según detalló el consejero.
Sobre los menores llegados a Ceuta, Zupiria citó los datos que maneja su departamento: puede haber 2.000 personas menores de edad, ‘muchos y muchas de ellas niños y niñas’. Defendió identificar su origen, sus antecedentes familiares y su situación antes de cualquier posible acogida.
La organización de la migración y la cobertura humanitaria de los menores centran el planteamiento expuesto por el consejero vasco de Seguridad.
La relación con el Gobierno central y la Ertzaintza
Preguntado por si la actuación del Ejecutivo en Ceuta se produjo ‘tarde y mal’, Zupiria respondió que no se atreve a cuestionar la reacción ‘ni si ha habido una información previa’. Sobre las quejas por las detenciones practicadas por la Policía Nacional a personas que llevaban la camiseta de la selección española, aseguró que no ha recibido ‘ninguna respuesta’ del Ministerio de Interior, aunque atribuyó el silencio a unas agendas ‘muy ocupadas’.
El consejero recordó que el reparto de funciones entre la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado está fijado en el Estatuto de Autonomía y en los acuerdos entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España. Subrayó que, si cada parte asume lo que le corresponde y hay coordinación, la actuación será ‘mucho más eficaz’.
Sobre la intervención estatal ante delitos de odio, el consejero respondió que ‘todo cabe dentro de un delito de odio’. Defendió que los principios competenciales estén ‘bien claros’ y recordó que el debate ya se produjo con el medio ambiente, la protección del menor o la violencia contra la mujer. En los incidentes del Mundial hay más de una veintena de atestados abiertos.
Qué marca el plan estratégico 2026-2030
En la misma entrevista, Zupiria defendió el Plan estratégico de Seguridad Integral 2026-2030 como marco para acordar prioridades. Mencionó la pérdida de valores, la falta de respeto a la autoridad y los nuevos riesgos, incluidas las olas de calor y las tormentas de este verano.
Según el consejero, un agente de la Ertzaintza dedica casi el 80% de su actividad a labores preventivas o de auxilio a la ciudadanía. La formación para escenarios con uso de la fuerza sigue en la agenda del Departamento y de la Academia Vasca de la Policía en Arkaute.
El debate migratorio, según avanzó, ‘va a dar mucho que hablar en los próximos meses’. El plan estratégico incorpora también la coordinación con las policías locales y guardias municipales, una relación de ‘absoluta normalidad y colaboración’, aunque el consejero citó grupos con actitudes antisistema y de rechazo a las instituciones democráticas.
En el plano competencial, la seguridad ciudadana en Euskadi está asignada a la Ertzaintza como policía integral, según el Estatuto de Autonomía y los acuerdos bilaterales. Ese reparto explica que cualquier actuación de la Policía Nacional o de la Guardia Civil requiera, a juicio del Gobierno Vasco, una coordinación expresa con el cuerpo autonómico.
