El Sindicat d’Estudiants de València ha presentado una querella contra Juanma Badenas, concejal de Vox expulsado del partido, por forzar la cerradura de su sede el pasado 3 de julio. La organización le atribuye un registro sin orden judicial y exige su cese inmediato como edil.
La denuncia llega después de que las imágenes del acceso se hicieran virales. El sindicato sostiene que el exedil no actuaba en ningún expediente administrativo y que la entrada respondió, según su versión, a una persecución por motivos políticos.
Qué denuncia el Sindicat d’Estudiants y qué delitos atribuye a Badenas
Los hechos se remontan al viernes 3 de julio. Según el relato de la organización, Badenas acudió al local acompañado de otras dos personas, rompió la cerradura y accedió al interior. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia: el grupo se movió por las instalaciones, grabó en vídeo y permaneció en el espacio el tiempo que consideró oportuno.
Para el coordinador del sindicato en València, Mario Tercero, no se trata de una inspección administrativa. ‘No estamos hablando de ninguna función administrativa, ni de ningún tipo de inspección, estamos hablando de una persecución únicamente por motivos políticos’, ha afirmado. La entidad define los hechos como un ‘atropello a los derechos democráticos’.
El responsable jurídico, Víctor Taibo, ha concretado la calificación penal de la querella: allanamiento de un local de uso privativo, asimilable al domicilio social y fiscal de la organización. También ha señalado una posible sustracción o captación de datos personales de afiliados y actas internas.
Sobre la actuación previa, Taibo ha asegurado que los funcionarios municipales advirtieron a Badenas de que iba a cometer una ilegalidad. ‘Todo esto se ha hecho de manera premeditada’, ha añadido, y ha apuntado al abuso de autoridad derivado de su condición de concejal.
La querella convierte un incidente viral en un expediente judicial y político contra un edil expulsado de Vox.
La presidenta de la Federación de Padres y Madres de Alumnos, Elisabet García, ha recordado un episodio similar durante una huelga educativa. Según ha explicado, el edil se presentó en la puerta de su local y comenzó a grabar un vídeo, aunque se retiró al ver que había trabajadoras dentro.
La reacción del Ayuntamiento, del PP y de la oposición
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha evitado condenar por ahora los hechos. Ha encargado un informe jurídico al gabinete municipal para esclarecer los antecedentes y las responsabilidades. Eso sí, ha admitido que ella, ‘a priori no lo hubiera hecho’.
El PSPV y Compromís han elevado el tono. El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha anunciado una moción en el próximo pleno para exigir el cese del edil, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, civiles y políticos.
En la misma línea, Mónica Oltra, candidata de Compromís a la alcaldía en 2027, ha reclamado que el caso se depure también en el ámbito administrativo. Compromís ha pedido el expediente municipal para llegar ‘hasta las últimas consecuencias’.
Juanma Badenas ha respondido con un vídeo difundido en redes sociales. Defiende que, como titular de Patrimonio, revisa los locales municipales cedidos. Sostiene que el espacio ‘no está alquilado a nadie’ y que su entrada corresponde a la comprobación del estado y del uso de los inmuebles. No se refiere, sin embargo, a la grabación de documentos ni a los avisos de los funcionarios.
La posición de Vox y la gobernabilidad de València
El contexto político es decisivo. Vox expulsó a Badenas en su día tras conocerse las investigaciones vinculadas a la fundación municipal València Activa. Desde entonces, el edil actúa como no adscrito junto a Cecilia Herrero, su pareja, y su voto resulta esencial para que el PP conserve la mayoría en el Ayuntamiento de València.
Esa dependencia explica la prudencia de la alcaldesa y el ruido político que acompaña a la querella. Para Vox, el episodio no es imputable a la formación: el partido rompió con Badenas y no comparte ni representa su conducta. Cualquier tentación de extender el caso al conjunto de Vox choca con los hechos.
La moción de cese anunciada por el PSPV añade presión al pleno municipal y obliga al PP a decidir si arriesga un socio incómodo o asume el desgaste de sostenerlo. El proceso judicial apenas comienza, y la respuesta institucional puede marcar el arranque del curso político en València.
