Una investigación parlamentaria en Ecuador ha vuelto a situar la seguridad jurídica de la energía en el centro del debate. La Asamblea Nacional defendió este 30 de agosto su fiscalización de los contratos que la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) firmó para responder a los apagones de 2024, un expediente que acumula cargos penales, informes de la Contraloría General del Estado y un supuesto perjuicio de más de 104 millones de dólares.
La decisión no resuelve responsabilidades penales —el control político no sustituye a la justicia—, pero sí marca un punto de inflexión. Según el comunicado del Legislativo, el informe se construyó con expedientes certificados, comparecencias e informes técnicos de la Contraloría, y el expediente será trasladado a los organismos competentes para que, si corresponde, se determinen responsabilidades y se repare al Estado. La factura de aquella emergencia eléctrica vuelve a abrirse casi dos años después.
Qué contratos están bajo la lupa y cuánto dinero público se juega
Para entender la dimensión del caso conviene retroceder a 2024. Ecuador sufrió largos cortes de suministro. Celec EP firmó el 2 de agosto de 2024 dos contratos con Progen Industries LLC: 100 megavatios mediante 29 unidades en El Salitral, Guayaquil, por 99,4 millones de dólares, y otros 50 megavatios en Quevedo, Los Ríos, por 49,7 millones. En total, alrededor de 149,1 millones de dólares para aliviar la emergencia.
La Contraloría detectó irregularidades desde la fase previa. Entre los hallazgos figuran solicitudes e informes que no habrían cumplido todos los requisitos, una invitación lanzada únicamente a Progen sin verificar de forma previa la capacidad técnica necesaria y pagos realizados sin comprobar el estado de los equipos. El organismo estableció responsabilidades administrativas y civiles e indicios de responsabilidad penal; la fiscalización legislativa también incluyó el contrato con Austral Technical Management para generación térmica en Esmeraldas.
Por qué la justicia penal ya está encima del caso
La Fiscalía General del Estado abrió el denominado caso Apagón por un supuesto delito de peculado vinculado a los contratos de El Salitral y Quevedo. La tesis fiscal apunta a un perjuicio económico superior a 104 millones de dólares. En mayo de 2026, formuló cargos contra 21 personas y señaló que el expediente contenía más de 150 elementos de convicción.
El caso no se queda en la política ecuatoriana. Las empresas energéticas españolas deben mirar esta historia con atención, porque el desenlace va a calibrar el riesgo regulatorio de un mercado latinoamericano donde España ha mantenido durante décadas una presencia inversora relevante en energía e infraestructuras. Cuando una emergencia deriva en contratos bajo sospecha y en acciones penales contra directivos y funcionarios, la señal para cualquier proveedor extranjero es clara: la discrecionalidad administrativa se convierte en riesgo de primera línea.
La investigación no acusa a ninguna eléctrica española, pero el riesgo regulatorio que asoma en Ecuador puede encarecer y complicar los proyectos privados de energía en toda la región.
El precedente que debe vigilar la inversión española en América Latina
No es la primera vez que una emergencia energética en un país latinoamericano deriva en reclamaciones por contratación acelerada o ejecución defectuosa. La experiencia histórica demuestra que, en momentos de apagones o déficit de generación, los Estados buscan capacidad inmediata y, con la urgencia como excusa, relajan controles previos; años más tarde, los tribunales de cuentas y las fiscalías revisan esas mismas decisiones con otros ojos.
Para las empresas españolas, acostumbradas a no moverse sin un estudio jurídico cerrado y sin un socio local, la moraleja es doble: en América Latina la legalidad formal no basta si no está respaldada por una ejecución técnica comprobable y la seguridad jurídica se gana también en la postventa del contrato.
El caso recuerda además a otros episodios en los que la defensa del interés público se convirtió en una relectura de acuerdos firmados bajo presión. En España, la experiencia con renovables en revisión de tarifas dejó lecciones sobre estabilidad reglamentaria; en Ecuador, la Asamblea y la Fiscalía están ahora escribiendo un capítulo semejante, con las miradas puestas en el dinero público y en la reparación al Estado.
De aquí en adelante conviene seguir tres hitos: la remisión del expediente por parte de la Asamblea a los organismos de control, el avance de la instrucción del caso Apagón y las conclusiones que la Contraloría convierta en sanciones definitivas. Para las empresas españolas con intereses en el sector eléctrico latinoamericano, el caso será un termómetro real de hasta dónde puede complicarse un contrato público cuando la emergencia da paso al escrutinio.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La Asamblea Nacional de Ecuador fiscaliza los contratos de emergencia firmados por Celec con Progen y Austral Technical Management tras los apagones de 2024.
- Datos importantes: Dos contratos de Progen sumaron 149,1 millones de dólares; la Fiscalía investiga un perjuicio superior a 104 millones y cargó contra 21 personas en mayo de 2026.
- Resumen: El caso dibuja un riesgo regulatorio para la inversión energética privada en Ecuador, con posible contagio a la percepción de seguridad jurídica para las empresas españolas en la región.
