El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha aprobado un manifiesto institucional en el que proclama que Ceuta y Melilla son España y reclama un control de fronteras eficaz compatible con el derecho de defensa y la asistencia letrada.
La fundamentación constitucional y europea
El texto, aprobado por la Junta de Gobierno del ICAM y fechado el 1 de septiembre de 2026, sostiene que la vinculación de ambas ciudades con España no admite dudas ni ambigüedades. Su punto de partida es la plena integración constitucional, recogida de forma expresa en la disposición transitoria quinta de la Constitución de 1978 y consolidada por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, que en su día configuraron el régimen de ciudades autónomas.
El manifiesto incorpora también el artículo 25 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que extendió la aplicación de los Tratados y de los actos de las instituciones europeas a Ceuta y Melilla. Con esa base, el ICAM rechaza cualquier aproximación que presente ambas ciudades como una realidad distante de los intereses generales de España y exige a los poderes públicos asegurar a sus residentes la misma protección, seguridad jurídica, derechos y oportunidades que en el resto del territorio nacional.
Fronteras, garantías y reconocimiento a los profesionales
En materia de control migratorio, el manifiesto respalda que España ejerza el control de sus fronteras, pero condiciona esa actuación al cumplimiento de la ley y al respeto de las garantías constitucionales. El texto advierte de que no hay contradicción entre eficacia y legalidad, y subraya que un Estado que no logra hacer cumplir sus normas se debilita, pero también aquel que, para hacerlas cumplir, prescinde de las garantías.
El ICAM insiste en que la singularidad fronteriza de Ceuta y Melilla no puede traducirse en una disminución de las garantías jurídicas. Reclama de forma expresa el derecho de defensa y la asistencia letrada, así como la protección de menores, personas especialmente vulnerables y quienes puedan solicitar protección internacional. El manifiesto traslada además su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los sanitarios, los funcionarios, los integrantes de la Administración de Justicia y los profesionales de la Abogacía que trabajan en ambas ciudades.
El ICAM sitúa la defensa de Ceuta y Melilla como una defensa del Estado de Derecho, con seguridad, garantías y medios suficientes para los profesionales desplegados en ambas ciudades autónomas.
El contexto institucional
El manifiesto se produce en un contexto de presión migratoria sostenida sobre las dos ciudades autónomas. Ceuta y Melilla suman menos del 0,4% de la población española, pero concentran una parte muy significativa de los incidentes fronterizos que recogen los balances del Ministerio del Interior. Los episodios de tensión en los perímetros y la actividad de las redes de tráfico de personas han obligado a mantener dispositivos de seguridad permanentes en la zona. Ese desequilibrio explica el tono de exigencia institucional que recorre el documento.
El ICAM recuerda que los desafíos fronterizos no pueden recaer exclusivamente sobre los ciudadanos de las dos ciudades ni sobre sus instituciones locales, y que conciernen al conjunto del Estado. La reivindicación coincide con la línea de trabajo del Ministerio del Interior, que mantiene en la zona dispositivos conjuntos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para la gestión de la presión migratoria y la seguridad en la frontera sur. Para el colegio, el desempeño de esas responsabilidades exige medios suficientes y reglas claras.
El colegio madrileño se compromete a fortalecer la cooperación con los Colegios de la Abogacía de Ceuta y Melilla, promover formación y reflexión jurídica conjunta y aportar apoyo institucional para reforzar la seguridad jurídica y el derecho de defensa.
La declaración final es contundente: Ceuta y Melilla no son una periferia constitucional, y defenderlas es defender el Estado de Derecho. Para el ICAM, la seguridad y la protección de las fronteras son plenamente compatibles con el respeto a la dignidad de las personas y con la aplicación efectiva de las garantías.
