La asociación Hatze Oír presentó hace unos días una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya (Países Bajos) para que se investigue al Reino de Marruecos y a Fouad Ali El Himma, principal asesor del rey Mohamed VI por entender que «existe fundamento razonable para creer que autoridades del Reino de Marruecos concibieron, ordenaron, promovieron o consintieron deliberadamente el desplazamiento coactivo y masivo de decenas de miles de civiles -entre ellos numerosos de menores de edad- a través de una frontera internacional y por una vía marítima objetivamente letal, con el resultado de más de ochenta muertos confirmados y de un número indeterminado de desaparecidos, y con la finalidad de desestabilizar y coaccionar al Reino de España. Tal línea de conducta es susceptible de constituir crímenes de lesa humanidad del artículo 7 del Estatuto de Roma, en las modalidades de asesinato, deportación o traslado forzoso de población, persecución y otros actos inhumanos».
Los denunciantes explican que la invasión de Ceuta se produjo «en un contexto de tensión entre el Reino de España y el Reino de Marruecos y coinciden con las celebraciones de la Fiesta del Trono, que conmemora cada 30 de julio la entronización del monarca alauí. Existe además un precedente inmediato y notorio: la crisis de mayo de 2021, en la que entre ocho mil y doce mil personas accedieron a Ceuta en circunstancias análogas, interpretada de modo general como una medida de presión diplomática. Aquel precedente hacía plenamente previsibles tanto el modus operandi como su resultado letal».
Asimismo, consta que «los servicios de análisis del Gobierno español disponían de documentación sobre amenazas híbridas que advertía de la posibilidad de olas migratorias provocadas como instrumento de presión contra España. El Ministro del Interior, por su parte, negó el 4 de agosto que el Centro Nacional de Inteligencia hubiera alertado de la operación. La tensión entre ambos extremos -previsibilidad general declarada y ausencia de alerta concreta- es una de las cuestiones que una investigación imparcial habría de esclarecer», añaden.
En el relato de los hechos la asociación especifica que «la entrada masiva no sobrevino de improviso, sino al término de una escalada sostenida y públicamente conocida: En la semana cerrada el 27 de julio accedieron a Ceuta más de mil personas, y en los quince días anteriores al 29 de julio alrededor de mil quinientas, con picos superiores a doscientas diarias, según las publicaciones oficiales y la prensa de esos días».
Y añaden que «el 29 de julio la Ciudad Autónoma comunicó que tenía bajo su guarda 570 menores extranjeros no acompañados -102 llegados en solo veinticuatro horas-, frente a unos 180 diez días antes, lo que representaba una ocupación del 1.600 % de su capacidad ordinaria de acogida; la situación fue calificada oficialmente de crítica».
Pruebas contra Marruecos
Entre las pruebas de lo que denuncian hay «un informe técnico de la firma de análisis de fuentes abiertas Golden Owl (The Ceuta Mobilisation Network: Recruitment, Amplification and Operational Security, difundido en los primeros días de agosto de 2026)» que «describe una campaña coordinada, desarrollada aproximadamente entre el 24 y el 30 de julio bajo la denominación «Karyaj assault to Ceuta», con al menos veinticinco activos de Facebook, una audiencia declarada superior Página 6 de 23 al millón de seguidores, canales privados de mensajería, cuotas de reclutamiento e instrucciones de seguridad operativa para los participantes».
Alegan los denunciantes que además «se identificaron cuentas específicamente dedicadas a la convocatoria («@haragaa_ceuta1», «@ceu.ta_haraga» o «Haraga El Ghorba», entre otras), al menos cinco grupos de Facebook que sumaban más de 250.000 miembros y grupos de WhatsApp —«Hijma Kiraj Sebta» e «Hijma»— que difundían horarios, puntos de encuentro, mapas, itinerarios y rutas marítimas».
Durante la jornada del 30 de julio y la madrugada del 31, decenas de miles de personas -en su gran mayoría varones jóvenes de nacionalidad marroquí, con presencia significativa de menores, mujeres embarazadas y lactantes- cruzaron simultáneamente la frontera, a nado desde Fnideq (Castillejos), en una travesía de unos cinco kilómetros, o desde Belyounech, bordeando los espigones del Tarajal y de Benzú.
Desde Hazte Oír mantienen que «agentes españoles denunciaron la «dejadez» de las autoridades marroquíes en las primeras horas; la Asociación Unificada de Guardias Civiles se pronunció en el mismo sentido. El diario local El Faro de Ceuta documentó gráficamente a militares marroquíes alentando los cruces y concluyó que, sin la pasividad de las fuerzas marroquíes, los cruces masivos no habrían sido posibles. El diario The New York Times recogió testimonios de nacionales marroquíes según los cuales las autoridades de su propio país les indicaban el camino hacia la frontera. El diario The Daily Telegraph, citando fuentes de inteligencia occidentales, atribuyó a las más altas instancias del Reino de Marruecos la facilitación deliberada de la llegada como represalia diplomática contra España».
Es más, añaden en su denuncia que «según informaciones que citan fuentes del Estado Mayor de la Guardia Civil, el seguimiento en tiempo real de la red de cámaras del perímetro permitió identificar, desde las primeras horas del 30 de julio, a agentes de los servicios de inteligencia marroquíes infiltrados entre quienes cruzaban. Informaciones periodísticas que citan fuentes de la Guardia Civil sitúan la orden última en el entorno del consejero real Fouad Ali El Himma».
Por todo ello, la asociación española solicita que «la investigación se dirija, cuando menos, a determinar la responsabilidad de: (i) las autoridades del Reino de Marruecos con capacidad de decisión sobre el dispositivo fronterizo del sector Fnideq Belyounech entre los días 29 y 31 de julio de 2026; (ii) los mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares con servicio en dicho sector; (iii) los responsables de los servicios de inteligencia cuyos agentes fueron identificados entre quienes cruzaban; (iv) las personas del entorno de la Casa Real de las que, según informaciones que citan fuentes de la Guardia Civil española, habría emanado la orden última, señaladamente el consejero real FOUAD ALI EL HIMMA; y (v) los administradores, promotores, financiadores y coordinadores de la campaña de convocatoria en redes sociales, con sus eventuales vínculos con estructuras estatales. Respecto de las personas mencionadas en la comunicación de Iustitia Europa, su examen solo procederá en la medida en que evidencia legalmente obtenida acredite decisión, orden, contribución o conocimiento».
