El error de PISA en Cataluña cobra su primera pieza política: Esther Niubó destituye a la secretaria general del Departament d’Educació, Teresa Sambola, y abre expediente a tres personas que organizaron la última edición del Informe PISA.
La investigación, encargada por el Govern en abril de 2026, concluye que la muestra catalana no era representativa al excluir a un 23% de alumnos, muy por encima del tope del 5% que fija la OCDE. Solo cinco de los 51 centros participantes cumplieron la tasa de exclusión recomendada.
La consellera no ha revelado los nombres de los expedientados. Sí ha precisado que son dos funcionarios y un alto cargo, con propuesta de dos infracciones graves y una leve. Justifica el cese de Sambola como una forma de abrir una nueva etapa para el resto de la legislatura.
Qué falló en la prueba PISA de 2025
Los fallos se produjeron en todas las fases. En la cadena de mando del Consell Superior d’Avaluació se acumularon omisiones: instrucciones incompletas, exclusiones sin control, falta de validación, y sin sesiones de recuperación para quienes se ausentaron.
El 11 de marzo de 2025 hubo una sesión informativa con las direcciones de los centros. La consejera reconoce que la información era correcta pero incompleta porque no concretaba el tope del 5%. Después, el 9 de abril, el INEE comunicó al Consell que Cataluña presentaba una tasa de exclusión superior al resto de comunidades.
El error no fue un dato aislado: siete advertencias internas se perdieron antes de llegar a la mesa de la consellera.
Una cadena de alertas que no llegó a Niubó
Esa alerta no llegó a los centros ni se activaron medidas correctoras. El INEE siguió enviando advertencias e informes técnicos antes de cerrarse el período de aplicación. ‘Los organizadores no estuvieron a la altura de la responsabilidad que se les había encargado’, resumió Niubó.
La responsabilidad no se limita al Consell. La empresa evaluadora también alertó a un técnico del Ministerio de Educación, que tampoco trasladó el problema a sus superiores. A finales de febrero de 2026, la directora de la actual Agència d’Avaluació recibió información sobre incidencias y avisó a la secretaria general, que abrió diligencias.
Ninguno de los responsables políticos y ejecutivos implicados sigue trabajando en el departamento. La mayoría de las piezas que debían vigilar la muestra ha dejado su cargo antes de que el estropicio fuera público.
La lectura política: cerrar la crisis antes del inicio de curso
El precedente de 2022 ya anticipaba riesgos. Entonces el Consejo Superior puso en duda la muestra ante la caída de resultados, y su presidente, Carles Vega, culpó a la población inmigrante. Fue destituido en enero de 2024 por la consellera Anna Simó. Pere Aragonès tuvo que desmentir aquella versión en horas.
Ahora el Govern de Salvador Illa evita que la crisis se reproduzca a las puertas de septiembre. La vía disciplinaria abre un compás de espera, pero no borra una evidencia incómoda: el sistema de evaluación heredado no estaba preparado para una prueba internacional de este alcance.
Observamos un patrón que se repite: los responsables directos se van y el departamento corrige a posteriori. El expediente determinará si hay sanción. La credibilidad educativa de Cataluña, mientras tanto, ya ha quedado tocada.
