La relación entre ERC y el Govern de Salvador Illa vuelve a tensarse por una exigencia que no desaparece: el relevo del director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Oriol Junqueras ha insistido este fin de semana en que la máxima autoridad policial debe dejar el cargo, aunque ha evitado pedir una remodelación del Consell Executiu.
Una exigencia que se repite desde antes del verano
En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de ERC ha reclamado el cese de Trapero con una frase rotunda: ‘El director general de la policía debe cambiar: un policía no puede hacer de político’. No es una petición nueva. Los republicanos ya exigieron su salida meses antes del paréntesis estival, cuando se conoció que agentes de la policía catalana se habían infiltrado en una asamblea de profesores.
Junqueras ha justificado no pedir una remodelación más amplia para no convertir la cuestión en una ‘subasta’ y un ‘espectáculo’. Sin embargo, al mantener el foco sobre Trapero, ERC señala un mando concreto dentro del Departament d’Interior, que dirige Joan Ignasi Elena. La estrategia es quirúrgica: presionar al Govern sin abrir una crisis total, pero dejando claro que la confianza en el máximo mando policial está rota.
El tablero educativo y la presión de fondo
La exigencia sobre Trapero llega a las puertas del inicio del curso escolar, que arranca estos días con una jornada de huelga ya convocada. En el mismo diálogo, Junqueras ha reclamado un acuerdo ‘de largo alcance’ para un ‘modelo estable’ de educación. ‘El mundo educativo no puede ser un campo de batalla entre consejeros. El sistema no necesita nuevas leyes, necesita paz y realismo’, ha sentenciado con rotundidad.
A principios de agosto, tras el fiasco del Govern con las pruebas PISA, el líder republicano propuso crear un comité de expertos para asesorar a la Conselleria d’Educació. Su apuesta, compartida personalmente con el Ejecutivo, contempla un mandato de 12 años y una elección consensuada por los partidos y validada por el Parlament. Es una forma de blindar la política educativa frente a los vaivenes de cada legislatura.
La mención a Ceuta y Melilla también ha dejado un mensaje incómodo para Moncloa. Junqueras ha defendido que Cataluña ayude ante la crisis migratoria, pero ha advertido de que hay ‘límites’ y de que no puede haber un ‘aumento ilimitado de la población’ porque ni la vivienda, el transporte público, ni la disponibilidad de agua lo permiten. Además, ha calificado las dos ciudades autónomas como una ‘anomalía geográfica e histórica’.
El choque no es solo policial: ERC utiliza la figura de Trapero para marcar territorio en un Govern que comparte con el PSC sin acabar de fiarse.
El precio de la gobernabilidad
Lo que observamos es un equilibrio complejo. ERC necesita que el Govern de Illa funcione para no precipitar un adelanto electoral, pero al mismo tiempo marca perfil ante un electorado que le pide firmeza. Trapero se ha convertido en el símbolo de esa tensión: un mando policial cuestionado por sectores independentistas y que, pese a las críticas, se mantiene en el cargo.
Illa, por su parte, no tiene incentivos para ceder de inmediato. La continuidad de Trapero le garantiza estabilidad en el Departament d’Interior y evita una crisis de mayor calado. Pero cada nueva exigencia pública de Junqueras desgasta la coalición y alimenta la percepción de que el pacto de investidura pende de un hilo.
En esta redacción entendemos que el movimiento de ERC es más táctico que de ruptura. No pide una remodelación del Consell Executiu, pero deja claro que hay nombres que no le sirven. La próxima prueba será el arranque del curso político, con un Parlament que retoma la actividad y un Govern obligado a demostrar que el ‘paz y realismo’ educativo no queda en un eslogan.
